El conflicto de los regadíos en Albatana (Albacete) suma un nuevo capítulo en los tribunales. Los primeros agricultores de la Sociedad Agraria de Transformación (SAT) Riegos de Albatana ya han comenzado a declarar ante el juez después de que se admitiera a trámite la denuncia penal presentada por la entidad. En total, los 350 socios están llamados a testificar para explicar lo ocurrido con un proyecto que comenzó a tramitarse en 2004, contó con millones de euros de financiación y cuyas obras terminaron en 2010. Sin embargo, los regantes aseguran que no han podido utilizar las instalaciones en las condiciones previstas inicialmente debido a los problemas relacionados con la superficie de riego reconocida por la Confederación Hidrográfica del Segura.
Una fase de instrucción que busca esclarecer las circunstancias que han rodeado durante años un proyecto de regadío que debía impulsar la agricultura de esta localidad de la provincia de Albacete, y que permanece en un limbo tras la negativa de utilizar al completo la infraestructura del proyecto. Ahora, la investigación judicial deberá esclarecer los hechos denunciados y determinar si existen responsabilidades, mientras los agricultores mantienen su reclamación para poder aprovechar las infraestructuras construidas.
Los primeros afectados ya han declarado
El origen de esta problemática se remonta a 2004, cuando comenzaron los trámites para desarrollar un proyecto que pretendía ampliar considerablemente la superficie de regadío de Albatana. La iniciativa aspiraba a aprovechar los recursos hídricos de la zona para dar un impulso a la agricultura y favorecer el desarrollo económico del municipio.
Así lo ha explicado a El Digital de Albacete Francisco Javier Sánchez, presidente de la SAT Riegos de Albatana, quien confirma que los primeros socios ya han comparecido esta semana y que las declaraciones continuarán de forma escalonada, con grupos de alrededor de 30 agricultores convocados en cada sesión.
En total, según Sánchez, los 350 socios de la sociedad están llamados a testificar para exponer lo ocurrido desde que comenzaron los trámites del proyecto hace años. Además, el presidente de la SAT señala que la Confederación Hidrográfica del Segura tiene prevista su comparecencia ante el juzgado “el próximo mes de febrero de 2027”.
Casi dos décadas de conflicto por los regadíos de Albatana: el origen
El proyecto, que buscaba aprovechar los recursos hídricos del municipio, contó con financiación pública y contemplaba un perímetro de unas 1.470 hectáreas. Según la SAT, recibió una subvención de 2,1 millones de euros, correspondiente al 50% del proyecto de Mejora de Regadíos en Zona Desfavorecida. El otro 50% debía ser aportado por los propietarios de las parcelas designadas por la propia Administración. A esta cantidad se sumó, según la sociedad, otro millón de euros destinado a la construcción de dos embalses.
Sin embargo, las obras finalizaron en 2010 sin que los agricultores consiguieran utilizar la infraestructura en las condiciones previstas inicialmente, como indica Sánchez. Según sostiene la SAT, la Confederación Hidrográfica del Segura no reconoció la totalidad del perímetro de riego contemplado en el proyecto. Los regantes aseguran que intentaron buscar alternativas, incluso aceptando reducir la superficie prevista, primero a unas 1.200 hectáreas y después a alrededor de 800. No obstante, afirman que no consiguieron una solución que permitiera aprovechar plenamente las instalaciones.
La sociedad acudió a los tribunales en 2015 y, en 2017, una sentencia reconoció 817 hectáreas brutas, equivalentes a unas 650 hectáreas aproximadamente, según sostiene la SAT.
La vía penal, un nuevo paso para los afectados
Tras años de reclamaciones y gestiones administrativas, los socios de Riegos de Albatana acordaron impulsar una denuncia penal. La decisión fue respaldada en una asamblea general extraordinaria, en la que los agricultores dieron luz verde a esta iniciativa.
La denuncia pretende que se examinen las actuaciones que, a juicio de la sociedad, han impedido desarrollar el proyecto en las condiciones inicialmente previstas y se determinen las posibles responsabilidades. “El juez nos lo admitió a trámite y tenemos que ir a testificar los 350 socios al juzgado”, explica Francisco Javier Sánchez.
La preocupación por el futuro agrícola de Albatana
Más allá del procedimiento judicial, los agricultores advierten de las consecuencias económicas y sociales que esta situación puede tener para el municipio. Albatana “cuenta con unos 700 habitantes” y, según el presidente de la SAT, depende en gran medida de la actividad agrícola, tal y como comparte con El Digital de Albacete.
La sociedad reúne a 350 socios y, según Sánchez, el número de usuarios afectados aumenta considerablemente. A ellos se suman otras personas y entidades de la localidad que, de acuerdo con el presidente, también se sienten perjudicadas por las consecuencias del conflicto. “El pueblo depende exclusivamente y prácticamente de la agricultura”, advierte Sánchez, ya que la esta actividad es el motor económico de la localidad.
El presidente de la SAT considera que la situación puede comprometer el futuro de la localidad si no se encuentra una solución. “Si no tenemos riego, probablemente el pueblo en muy pocos años se quede totalmente deshabitado”, afirma. Además, desde la SAT indican que este 5 de noviembre se desplazarán a Toledo, a las Cortes de Castilla-La Mancha, con motivo de la presentación de una Proposición No de Ley (PNL) por parte del Grupo Popular, para su debate y aprobación. A la cita acudirán socios, afectados y vecinos de la localidad con el objetivo de «mostrar su respaldo a esta iniciativa y hacer visible la unidad del pueblo en defensa de sus intereses, bienestar, economía y futuro».
Con el inicio de las declaraciones judiciales, los afectados esperan que la investigación permita esclarecer lo ocurrido durante estos años y determinar las posibles responsabilidades. Mientras tanto, la SAT Riegos de Albatana mantiene su objetivo de conseguir que las infraestructuras construidas puedan utilizarse y que el proyecto de regadío contribuya al futuro agrícola y económico del municipio.
