Más de 300 agricultores de Albacete dicen basta y llevan a la vía penal a la Confederación Hidrográfica del Segura

Más de 300 agricultores de Albacete, al límite: la batalla por el agua que ha terminado en los tribunales

Durante años, cientos de agricultores de la provincia de Albacete han visto cómo un proyecto que debía abrir una nueva etapa para el campo de esta zona se transformaba poco a poco en una lucha interminable. Lo que comenzó con ilusión, inversiones millonarias, el respaldo de las administraciones y la esperanza de dar futuro a una zona eminentemente agrícola ha terminado provocando frustración, desgaste y una profunda preocupación entre quienes pusieron sus recursos y su futuro en juego. Hoy, más de 300 agricultores aseguran estar al límite y han decidido dar un paso que evidencia hasta dónde ha llegado su desesperación: llevar el conflicto a la vía penal.

De la ilusión por revitalizar Albatana a años de incertidumbre 

La Sociedad Agraria de Transformación (SAT) Riegos de Albatana comenzó con una premisa que, para sus promotores, era fundamental: aprovechar los recursos hídricos con los que tradicionalmente contaba el municipio para impulsar la actividad agrícola y generar nuevas oportunidades en una localidad de apenas 700 habitantes.

Según explica su presidente, Francisco Javier Sánchez, los agricultores disponían de recursos propios procedentes de un nacimiento tradicional de Albatana y vinculado al acueducto de la localidad. Hasta entonces, esa agua permitía regar mediante el sistema tradicional unas 205 hectáreas de campo. 

El proyecto pretendía dar un nuevo impulso a este recurso hídrico y ampliar considerablemente las posibilidades agrícolas de la zona. Al respecto, incidía Sánchez en que “nosotros teníamos recursos propios de 841.000 metros cúbicos, que proceden de un nacimiento que hay en nuestro pueblo, llegando el agua del acueducto de Albatana”.

Una iniciativa que contó con el respaldo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y con financiación pública vinculada al Plan Nacional de Regadíos (PNR. Real Decreto 329/2002) y a fondos europeos. 

Para estos agricultores, esta iniciativa representaba mucho más que una infraestructura. Era una apuesta por el futuro de un pueblo y por la posibilidad de que la agricultura continuara siendo uno de sus principales motores económicos.

Más de dos millones de euros de ayuda

La magnitud del proyecto queda reflejada en las cantidades económicas que aparecen en la documentación aportada por la propia SAT Riegos de Albatana. Según la nota de prensa remitida por esta entidad, el proyecto contemplaba un perímetro de 1.470 hectáreas y recibió una subvención a fondo de 2,1 millones de euros, correspondiente el 50% del denominado Proyecto de Mejora de Regadíos en Zona Desfavorecida. 

El otro 50% debía ser aportado por los propietarios de las parcelas designadas por la propia Administración, según sostiene la SAT Riegos de Albatana. A estas cantidades se sumaron, de acuerdo con la explicación de Francisco Javier Sánchez, otros fondos destinados a la construcción de embalses. En concreto, detallaba que “otro millón de euros de subvención se destinó para hacer dos embalses, subvencionados al 100%”.

Los agricultores de esta zona de la provincia de Albacete asumieron así una importante inversión convencidos de que el proyecto acabaría convirtiéndose en una herramienta para impulsar la actividad agrícola en este punto. Pero cuando las obras terminaron, comenzó el problema que ha terminado marcando la historia de la SAT Riegos de Albatana.

Las obras terminaron, pero comenzó la pesadilla de estos agricultores

Según Sánchez, las obras quedaron finalizadas en 2010. La actuación había sido supervisada por las administraciones y debía contar con la intervención de la Confederación Hidrográfica del Segura. 

Los agricultores entendían que, una vez ejecutado el proyecto, podrían comenzar a utilizar las infraestructuras dentro del perímetro previsto. Sin embargo, aseguran que se encontraron con una negativa de la Confederación a reconocer el perímetro de riego que había servido de base para desarrollar la actuación.

“Se termina la obra, tras lo que decimos a la Confederación que nos pasen los planos en el perímetro y empezar a regar”, recuerda Francisco Javier Sánchez. Pero manifiesta que “nos encontramos con la contestación de la Confederación diciendo que no, que no podía reconocer el perímetro de riego”.

Desde entonces, la historia de la SAT Riegos de Albatana ha estado marcada por numerosos intentos de negociación, recursos y procedimientos judiciales.

Los agricultores aceptaron reducir el proyecto para intentar salvarlo

Los regantes aseguran que intentaron encontrar una salida para evitar que toda la inversión quedara en el aire. Primero aceptaron, según el presidente de la SAT Riegos de Albatana, “reducir la superficie a 1.200 hectáreas”, y posteriormente también estuvieron dispuestos a una reducción todavía mayor, “hasta unas 800 hectáreas”.

Tampoco esta propuesta permitió cerrar el conflicto con la Confederación. “Nos reunimos otra vez, vimos que íbamos a perder casi el 50% de lo habíamos cometido aquí, pero aceptamos”, traslada, pero “nos contestaron que no, que lo único que nos reconocían eran las 205 hectáreas de riego tradicional que teníamos al principio de acometer toda la obra”.

Para los agricultores, ese momento supuso un golpe especialmente duro: después de haber realizado las inversiones y de haber ejecutado las obras, la superficie reconocida quedaba muy lejos de la que había servido como referencia para el proyecto.

Una sentencia judicial abrió una nueva etapa

En 2015, después de años intentando encontrar una solución por la vía administrativa, la SAT decidió acudir a los tribunales y presentó una demanda contra la Confederación Hidrográfica del Segura. Dos años después, en 2017, llegó una sentencia que, según explica Sánchez, “reconoció 817 hectáreas brutas, que quedaron en unas 650 hectáreas aproximadamente”.

Aunque la resolución supuso un avance respecto a las 205 hectáreas de riego tradicional, el problema no quedó resuelto para los agricultores. Y es que subrayaba el presidente de la SAT Riegos de Albatana que “seguimos teniendo numerosas hectáreas sin reconocer sobre el perímetro”.

Francisco Javier Sánchez señala además que la sentencia abordaba la situación del acuífero y que, según su interpretación, “en aquel momento no estaba sobreexplotado”. Para los regantes, aquello abrió una ventana de oportunidad que, según denuncian, no llegó a aprovecharse para completar el proyecto.

Según la versión de la SAT Riegos de Albatana, durante ese periodo existió la posibilidad de buscar recursos que permitieran completar las hectáreas que habían quedado fuera, exponiendo que “la Junta de Comunidades nos podía haber dado derechos de agua o reconocernos los derechos de agua para completar con riegos sociales las 600 hectáreas que faltaban”. Sin embargo, sostiene que “no nos propusieron a la Confederación para regularizar los riegos, sino que los reparten a otras sociedades de nueva creación”.

La situación cambió nuevamente en 2023, cuando, según explica, el acuífero volvió a ser declarado sobreexplotado. Para los agricultores, esa circunstancia terminó complicando todavía más cualquier posibilidad de completar el proyecto. 

El resultado, según denuncia la SAT Riegos de Albatana, es que las infraestructuras construidas siguen sin poder desplegar plenamente la capacidad para la que fueron concebidas.

La situación se vuelve todavía más difícil para estos agricultores de la provincia de Albacete

El conflicto no se ha quedado en la falta de reconocimiento de una parte del perímetro para el que fue aprobada esta importante inversión y ejecutada la obra. Según la SAT Riegos de Albatana, algunos propietarios han comenzado a recibir procedimientos sancionadores relacionados con el riego de parcelas que los agricultores consideran que formaban parte del proyecto original.

La sociedad denuncia que se trata precisamente de parcelas que, según su versión, habían sido incluidas por la propia Administración en el perímetro inicialmente contemplado. “Es decir, ahora por algo que nos dio y reconoció la Administración, dándonos además una subvención y permiso para ejecutar la obra y regar, ahora encima nos denuncian”, lamenta Sánchez.

Para los agricultores, la situación resulta especialmente difícil de asumir después de tantos años de inversiones y trámites. El presidente de la SAT Riegos de Albatana reconoce que el cansancio y el hartazgo entre los socios es ya evidente: “llevamos una lucha de tantos años que entre nosotros mismos estamos desgastados. Ya no sabemos por dónde tirar y hay un gran malestar”.

Albatana, un pequeño pueblo que teme perder actividad agrícola

El problema ha dejado de ser únicamente una cuestión administrativa para convertirse, según los agricultores, en una preocupación por el futuro económico y social de Albatana. El municipio ronda los 700 habitantes, mientras que la SAT cuenta con más de 300 socios en distintos pueblos de la zona y, según Sánchez, alrededor de 450 usuarios. 

En una localidad de estas dimensiones, la agricultura tiene un peso especialmente relevante en la actividad económica y en la fijación de población. El presidente de la SAT Riegos de Albatana asegura que la incertidumbre está provocando que “se pierdan cultivos” y que cada vez resulte más complicado mantener la actividad.

Francisco Javier Sánchez advierte además de las consecuencias que esto puede tener sobre el conjunto del municipio. Al respecto, sostiene que “en un pueblo con 700 que no tiene negocios está muerto”, apuntando que “ya no quedan bares”.

Pero además, sitúa especialmente el foco en los jóvenes. De este modo plantea que “la gente joven está completamente desilusionada porque si no tienen recursos para poder regar y sacar sus cultivos adelante, ¿qué van a hacer?”.

Una asamblea extraordinaria para decidir llevar el caso a la vía penal

El hartazgo de los agricultores terminó desembocando este verano en una decisión de especial trascendencia. La SAT Riegos de Albatana celebró una Asamblea General Extraordinaria en el Centro Sociocultural de la localidad con un punto principal en el orden del día: la lectura y aprobación de una denuncia penal.

Según la nota de prensa difundida por la propia sociedad, la asamblea fue multitudinaria y los socios dieron luz verde a la presentación de una denuncia, redactada con el asesoramiento de la Plataforma de Regantes y Usuarios de la Cabecera del Segura. 

La SAT Riegos de Albatana dirige sus acusaciones contra distintas actuaciones que considera “perjudiciales” para la sociedad y para los ciudadanos de Albatana y señala en su comunicado al Ministerio de Agricultura, al Ministerio para la Transición Ecológica y a la Confederación Hidrográfica del Segura.

Estas afirmaciones corresponden a la posición de la SAT Riegos de Albatana y deberán ser examinadas, en su caso, por las autoridades judiciales competentes. “Ha llegado un momento que ya no podemos más”, resume Sánchez.

Los agricultores quieren que el problema se traslade a Europa

La estrategia anunciada por los regantes no se limita a los tribunales españoles. Según la nota de prensa de la SAT Riegos de Albatana, los denunciantes pretenden remitir una copia de la denuncia a la Comisión Europea para trasladar a las instituciones comunitarias su versión sobre lo ocurrido y advertir del uso de fondos europeos en un proyecto que, según sostienen, no ha podido cumplir el objetivo para el que fue financiado.

Para los regantes, la situación plantea una contradicción difícil de entender: se ejecutaron unas obras y se emplearon fondos públicos para desarrollarlas, pero años después continúan sin poder utilizarlas en las condiciones que, según su versión, estaban contempladas inicialmente. Sánchez utiliza una imagen para explicar la situación: “Es como si nos venden un coche, pero ahora ya no podemos echarle gasolina, entonces ¿cómo va el coche?”.

El conflicto llega también a las Cortes de Castilla-La Mancha

La situación de los regantes de Albatana también llegará al ámbito político regional. Según ha explicado Sánchez, el PP tiene previsto presentar en las Cortes de Castilla-La Mancha una Proposición No de Ley para que la cuestión sea debatida y sometida a votación.

El objetivo que plantea la SAT es que el Parlamento regional reclame a la Confederación Hidrográfica del Segura y al Ministerio para la Transición Ecológica el reconocimiento de los derechos que los agricultores consideran que les corresponden. La sociedad agraria busca así sumar respaldo institucional mientras mantiene abierta la vía judicial.

Una batalla que ha cambiado la vida de cientos de agricultores de la provincia de Albacete

Casi dos décadas después de que comenzara aquel proyecto, los agricultores de la SAT Riegos de Albatana siguen esperando una solución definitiva. Lo que para ellos representaba una oportunidad para impulsar la agricultura y generar futuro en un pequeño municipio de la provincia de Albacete se ha convertido en una sucesión de problemas administrativos, inversiones, negociaciones, recursos judiciales y procedimientos sancionadores.

Ahora, la denuncia penal aprobada por la asamblea abre un nuevo capítulo en una historia que los agricultores consideran ya demasiado larga. Son alrededor de 450 usuarios los que, según la SAT Riegos de Albatana, siguen pendientes de que se despeje el futuro de un proyecto que debía contribuir a revitalizar Albatana y que, años después, se ha convertido en una fuente permanente de incertidumbre.

Y mientras la batalla continúa en los despachos y ahora también ante la justicia, en el municipio queda la preocupación de fondo: qué ocurrirá con una agricultura de la que depende buena parte del futuro económico y social de esta zona de la provincia de Albacete.

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Marta Lopez

Periodista natural de Albacete. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Murcia con más de 6 años de experiencia en medios de comunicación.
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