Las empresas que realicen trabajos de retirada de uralita, demolición, rehabilitación o mantenimiento de edificios antiguos tendrán que cumplir nuevas exigencias de seguridad para proteger a sus trabajadores frente a la exposición al amianto. El Gobierno ha aprobado una reforma de la normativa estatal que reduce un 90 % el límite máximo de exposición laboral a este material cancerígeno, introduce controles más estrictos y refuerza las obligaciones de identificación, manipulación y retirada de los materiales que lo contienen.
Las novedades aparecen recogidas en el Real Decreto 847/2026, de 21 de octubre, publicado este viernes, 23 de octubre, en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La disposición sustituye la regulación vigente desde 2006 y comenzará a aplicarse, con carácter general, este sábado 24 de octubre, aunque contempla determinados periodos transitorios.
El cambio tiene especial relevancia para las empresas de construcción, reformas y gestión de residuos de Albacete, así como para las administraciones y propietarios que acometan intervenciones en edificios antiguos que puedan contener materiales fabricados con amianto, entre ellos determinadas cubiertas y conducciones de fibrocemento.
El límite de exposición al amianto se reduce un 90 %
Una de las modificaciones más importantes afecta a la concentración máxima de fibras de amianto a la que pueden estar expuestos los trabajadores durante su jornada laboral.
La regulación anterior establecía un límite de 0,1 fibras por centímetro cúbico de aire. Con la nueva norma, este valor se reduce hasta 0,01 fibras por centímetro cúbico, medido como una media ponderada durante una jornada de ocho horas.
Esto supone una reducción del 90 % del valor máximo permitido y obliga a reforzar las medidas de prevención y los controles de las condiciones de trabajo.
Las empresas deberán evaluar el riesgo de exposición, realizar mediciones de las fibras presentes en el aire y adoptar las medidas necesarias para mantener las concentraciones por debajo del nuevo límite.
La norma también modifica los procedimientos de análisis para mejorar la detección de fibras de pequeño tamaño y establece un régimen transitorio para la aplicación de determinadas metodologías de medición.
El objetivo es aumentar la protección de los trabajadores frente a un material cuya inhalación puede provocar enfermedades graves, entre ellas asbestosis, cáncer de pulmón y mesotelioma.
Nuevas comprobaciones antes de reformar o demoler edificios antiguos
Otra de las novedades afecta directamente a las actuaciones de rehabilitación, mantenimiento y demolición de construcciones antiguas.
El real decreto refuerza las obligaciones de las empresas para comprobar si los edificios, instalaciones o estructuras sobre los que van a trabajar contienen amianto.
Antes de determinadas intervenciones deberán recabar la información disponible sobre los materiales presentes, incluyendo la que puedan facilitar los propietarios, responsables de las instalaciones o registros existentes.
Cuando esa documentación resulte insuficiente para descartar la presencia de amianto, será necesario realizar una comprobación mediante personal con la cualificación correspondiente.
Estas exigencias adquieren especial importancia en construcciones anteriores a la prohibición de comercialización y utilización del amianto en España, que entró plenamente en vigor en 2002.
De esta manera, las empresas deberán identificar previamente los posibles riesgos antes de iniciar trabajos que puedan alterar materiales susceptibles de liberar fibras al ambiente.
La nueva regulación también establece que, cuando sea necesario intervenir sobre materiales con amianto, deberá priorizarse su retirada ordenada y segura y su sustitución por otros materiales no peligrosos, frente a otras formas de manipulación.
Más controles para retirar tejados de uralita
Las cubiertas de fibrocemento constituyen uno de los materiales más conocidos que pueden contener amianto, especialmente en antiguas naves industriales, almacenes, explotaciones agrícolas y otras construcciones.
Sin embargo, no todos los productos comercializados como fibrocemento contienen este material, por lo que resulta necesario determinar su composición cuando existan dudas.
La nueva normativa introduce requisitos de protección y organización para las empresas que deban retirar cubiertas, tuberías u otros elementos con amianto.
Entre las medidas contempladas figuran la utilización de procedimientos que reduzcan al mínimo la liberación de fibras, el empleo de equipos de protección adecuados, la limpieza de las instalaciones y el transporte de los residuos en embalajes cerrados y correctamente identificados.
También se refuerzan las exigencias relacionadas con los equipos de protección respiratoria, incluyendo las comprobaciones de ajuste necesarias para garantizar su eficacia.
Los residuos con amianto deberán gestionarse conforme a la normativa aplicable a los residuos peligrosos.
Las empresas especializadas tendrán seis meses para renovar su inscripción
La reforma introduce además cambios relevantes en el Registro de Empresas con Riesgo por Amianto, conocido como RERA.
Las empresas que desarrollan actividades incluidas en esta regulación deben estar inscritas en el registro correspondiente y cumplir las condiciones técnicas, organizativas y preventivas exigidas.
El nuevo real decreto establece que las empresas que ya estuvieran inscritas deberán solicitar la renovación de su inscripción dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la norma.
Teniendo en cuenta que comenzará a aplicarse el 24 de octubre de 2026, el periodo transitorio se extenderá hasta abril de 2027.
Las compañías que no soliciten la renovación dentro del plazo establecido causarán baja en el registro.
Esta obligación afecta también a las empresas inscritas que operen en Albacete y en el resto de Castilla-La Mancha, dentro de las competencias que corresponden a las autoridades laborales.
La reforma también actualiza los procedimientos relacionados con los planes de trabajo que deben tramitarse antes de ejecutar determinadas actividades con riesgo de exposición al amianto.
Los trabajadores deberán disponer de tiempo para su aseo personal
El real decreto incorpora una medida específica para evitar que las fibras de amianto puedan trasladarse fuera del lugar de trabajo.
Las empresas deberán garantizar que las personas expuestas dispongan, dentro de su jornada laboral, de al menos diez minutos antes de cada comida y otros diez minutos antes de abandonar el trabajo para su aseo personal.
También deberán establecer procedimientos adecuados de descontaminación y responsabilizarse del lavado y tratamiento de la ropa utilizada durante estas actividades.
La normativa prohíbe que los trabajadores se lleven a sus domicilios la ropa de trabajo potencialmente contaminada con amianto.
Estas obligaciones buscan reducir el riesgo de que las fibras puedan alcanzar espacios ajenos a las instalaciones donde se desarrollan los trabajos, incluidos los hogares de los trabajadores.
Albacete ya había puesto el foco en las instalaciones municipales con amianto
La aprobación de la nueva normativa llega después de que distintas administraciones de la provincia hayan comenzado a abordar la identificación y retirada de materiales con amianto en edificios e instalaciones públicas.
En octubre de 2025, El Digital de Albacete informó de la aprobación de una iniciativa en la Diputación Provincial encaminada a elaborar un censo de instalaciones municipales que pudieran contener amianto y establecer un calendario para su retirada.
Aquella propuesta respondía a la necesidad de identificar construcciones y elementos antiguos que todavía pudieran contener este material, utilizado durante décadas en cubiertas, conducciones y otros productos de construcción.
La nueva regulación estatal añade exigencias concretas para las empresas encargadas de desarrollar este tipo de actuaciones, especialmente en lo relativo a la identificación de materiales, la prevención de riesgos laborales y el control de las fibras presentes en el ambiente.
No obstante, la entrada en vigor del real decreto no significa que todos los propietarios de edificios antiguos estén obligados a retirar de forma inmediata las cubiertas de fibrocemento que puedan contener amianto.
Las obligaciones concretas dependerán de la actividad que se vaya a desarrollar, del estado y las características de los materiales y de la normativa aplicable a cada situación.
La Universidad de Castilla-La Mancha cuenta con un laboratorio especializado en amianto
La nueva regulación coincide también con un avance reciente en el ámbito de la investigación y el control de este material en Albacete.
El pasado 7 de octubre, El Digital de Albacete informó de la acreditación del primer laboratorio de Castilla-La Mancha especializado en la medición de fibras de amianto, vinculado a la Universidad de Castilla-La Mancha.
La reforma estatal introduce nuevas exigencias técnicas para la medición e identificación de fibras, así como procedimientos de reconocimiento de la capacidad de los laboratorios especializados.
Estas modificaciones pueden resultar relevantes para el sector de la prevención de riesgos laborales y los servicios encargados de evaluar la exposición profesional al amianto.
Sin embargo, la nueva norma no implica por sí misma que el laboratorio universitario tenga que repetir inmediatamente su acreditación. Para conocer sus obligaciones concretas será necesario atender al tipo de análisis que realiza, a la acreditación de la que dispone y al régimen transitorio establecido.
¿Cuándo entran en vigor las nuevas obligaciones?
El Real Decreto 847/2026 ha sido publicado este viernes, 23 de octubre, y entrará en vigor el sábado 24 de octubre de 2026, sustituyendo al Real Decreto 396/2006, que regulaba hasta ahora la protección de los trabajadores frente al amianto.
La disposición contempla excepciones y periodos transitorios. Entre ellos destaca el plazo de seis meses para renovar la inscripción de las empresas que ya figuren en el RERA.
También establece que la exigencia de reconocimiento formal de determinados laboratorios para realizar análisis cualitativos de identificación de amianto comenzará a aplicarse seis meses después de su publicación.
Además, se contempla un periodo transitorio para determinadas metodologías de medición de fibras que se extenderá hasta el 20 de diciembre de 2029.
Con esta reforma, las empresas que desarrollen trabajos con riesgo de exposición al amianto en Albacete deberán adaptarse a límites de exposición más estrictos, mayores controles preventivos y nuevas exigencias administrativas, con el objetivo de reforzar la seguridad de los trabajadores que intervienen en edificios e instalaciones donde todavía puede encontrarse este material peligroso.
