Los inspectores de Educación de Castilla-La Mancha podrán realizar visitas a colegios e institutos de Albacete sin previo aviso cuando las circunstancias lo aconsejen. Así lo recoge la nueva normativa aprobada por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, que regula la organización y el funcionamiento de los servicios de inspección y establece las condiciones para el trabajo a distancia de sus profesionales.
La Orden 142/2026, de 2 de octubre, publicada este martes 13 de octubre en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), desarrolla el decreto autonómico que regula la Inspección Educativa y establece nuevas disposiciones sobre las visitas a los centros, la atención de reclamaciones, la evaluación de los inspectores y la posibilidad de realizar parte de su jornada laboral mediante teletrabajo. La regulación será aplicable a los servicios provinciales, incluido el de Albacete, y entrará en vigor el miércoles 14 de octubre.
Inspecciones sin previo aviso en los colegios e institutos de Albacete
Uno de los aspectos más relevantes de la normativa afecta a las visitas que los inspectores pueden realizar a los centros educativos. La orden establece que estas actuaciones constituyen un instrumento fundamental para supervisar el funcionamiento de los colegios, institutos y otros servicios educativos, así como para comprobar el cumplimiento de la legislación y evaluar los procesos de enseñanza.
Las inspecciones podrán desarrollarse de oficio, dentro de los planes de actuación establecidos, o como consecuencia de incidencias, quejas y denuncias. También podrán realizarse a petición de los órganos competentes o mediante una solicitud razonada de miembros de la comunidad educativa.
La normativa contempla expresamente la posibilidad de realizar visitas sin comunicación previa cuando la naturaleza de la actuación así lo aconseje. De esta manera, los inspectores podrán acudir a los centros sin necesidad de anunciar previamente su presencia en aquellos supuestos que justifiquen esta modalidad de intervención.
Durante las visitas, podrán observar directamente las actividades que se desarrollan en las aulas, analizar los procesos de enseñanza y aprendizaje, mantener entrevistas con integrantes de la comunidad educativa y comprobar el cumplimiento de las obligaciones legales.
Asimismo, podrán requerir al personal del centro la información necesaria para sus comprobaciones, siempre que no figure ya en las aplicaciones informáticas de la Administración, y promover las actuaciones correctoras que correspondan.
La nueva regulación también establece que las visitas deberán quedar documentadas, recogiendo su contenido, objetivos, conclusiones y posibles propuestas de intervención. Además, deberá trasladarse información al centro sobre los resultados de la actuación, incluidas las recomendaciones de mejora y el seguimiento posterior.
Qué ocurre cuando una familia presenta una queja o denuncia
La normativa también aborda las actuaciones inspectoras iniciadas a partir de reclamaciones formuladas por miembros de la comunidad educativa, una cuestión que puede afectar directamente a padres, madres, alumnos y profesores de la provincia de Albacete.
Cuando una inspección tenga su origen en una queja, denuncia o solicitud razonada, se informará a la persona que haya promovido la actuación de su finalización y, cuando proceda, de las actuaciones realizadas o de la respuesta administrativa emitida.
Esta comunicación deberá respetar en todo momento la legislación sobre protección de datos y los derechos de terceras personas, por lo que no implica necesariamente el acceso a toda la documentación o información del expediente.
La orden también establece que las actuaciones inspectoras deben favorecer una presencia periódica en los centros educativos y un seguimiento continuado de su funcionamiento. El objetivo es evitar que determinadas intervenciones se limiten exclusivamente a la revisión de documentos cuando resulte necesaria la presencia física para conocer directamente la situación del colegio o instituto.
Un día de teletrabajo a la semana para los inspectores de Educación
Otra de las novedades recogidas en el DOCM es la regulación específica del trabajo a distancia de los inspectores de Educación de Castilla-La Mancha, incluidos los destinados en Albacete.
La Consejería establece que podrá autorizarse una jornada semanal de teletrabajo, siempre que resulte compatible con las funciones asignadas y no perjudique la atención presencial a los centros educativos.
Esta modalidad tendrá carácter voluntario y reversible, y requerirá una autorización expresa de la Administración. Los profesionales interesados deberán presentar un Plan de Trabajo Individualizado en el que se especifiquen las funciones que desarrollarán, los objetivos previstos y los mecanismos de seguimiento de su actividad.
La autorización tendrá una duración máxima de un año, aunque podrá prorrogarse por periodos sucesivos de hasta doce meses si se mantienen las circunstancias que justificaron su concesión y la evaluación del trabajo realizado resulta favorable.
Entre las tareas que podrán desarrollarse a distancia figuran la elaboración de informes, el análisis de documentación académica y administrativa, la preparación de inspecciones, la tramitación electrónica de expedientes y determinadas reuniones de coordinación.
Por el contrario, las visitas a colegios e institutos, las actuaciones que requieran una comprobación presencial y las intervenciones urgentes quedan excluidas del teletrabajo.
Disponibilidad obligatoria de 9:00 a 14:00 horas
La orden establece condiciones específicas sobre el horario que deberán cumplir los inspectores durante las jornadas autorizadas de trabajo a distancia.
Los profesionales tendrán que permanecer disponibles obligatoriamente entre las 9:00 y las 14:00 horas, completando su jornada laboral de siete horas mediante el horario flexible establecido por la Consejería.
Ese horario flexible podrá desarrollarse entre las 7:30 y las 9:00 horas o entre las 14:00 y las 15:00 horas, de acuerdo con las condiciones recogidas en el correspondiente Plan de Trabajo Individualizado.
Además, el teletrabajo no eximirá de acudir presencialmente a reuniones, visitas o actuaciones urgentes cuando las necesidades del servicio así lo requieran.
La normativa contempla incluso que, en situaciones de urgencia debidamente justificadas, pueda exigirse la incorporación presencial inmediata del inspector, aunque se encuentre desarrollando su jornada a distancia.
La actividad realizada fuera de las dependencias administrativas estará sometida a mecanismos de control horario y seguimiento, con las mismas exigencias de responsabilidad, calidad y rendimiento que el trabajo presencial.
Evaluaciones sobre el trabajo de los inspectores
La regulación publicada por la Junta también establece mecanismos de evaluación del funcionamiento de los servicios provinciales de Inspección Educativa y del desempeño profesional de sus integrantes.
Entre los aspectos que podrán valorarse figuran la calidad de los informes y las actuaciones realizadas, el cumplimiento de los plazos, la presencia en los centros educativos, los tiempos de respuesta y la atención prestada a la comunidad educativa.
También se analizarán la capacidad de asesoramiento, la coordinación entre profesionales y el seguimiento de los colegios, institutos y programas educativos asignados.
Los servicios provinciales deberán elaborar planes de actuación y formación, realizar revisiones trimestrales y establecer medidas de mejora a partir de los resultados obtenidos. Al finalizar cada curso académico, tendrán que preparar un plan de mejora provincial que será elevado a la Inspección General de Educación.
La orden prevé igualmente reuniones de coordinación entre los inspectores de cada zona, con carácter general al menos una vez por semana, para analizar incidencias, compartir información y organizar las actuaciones que deban realizarse.
Las nuevas normas entran en vigor el 14 de octubre
La Orden 142/2026 desarrolla el Decreto 45/2026, de 1 de septiembre, que regula la Inspección de Educación de Castilla-La Mancha. Su publicación supone la actualización de las disposiciones organizativas y de funcionamiento de este servicio, cuya anterior regulación de desarrollo databa de 2008.
Los servicios provinciales dispondrán de un mes desde la entrada en vigor de la nueva orden para adaptar sus planes de actuación y formación, aunque determinados aspectos podrán implantarse de forma progresiva conforme a las instrucciones de la Inspección General.
Con esta regulación, los colegios e institutos de la provincia de Albacete quedan sujetos al nuevo marco de funcionamiento de la Inspección Educativa, que contempla visitas con o sin comunicación previa, actuaciones derivadas de reclamaciones de la comunidad educativa y nuevas condiciones para la organización y evaluación del trabajo de los inspectores.
