El municipio albaceteño de Corral-Rubio podría contar con una nueva instalación destinada al tratamiento de residuos ganaderos. La Dirección General de Calidad Ambiental de Castilla-La Mancha ha dado luz verde ambiental al proyecto de una planta que tendrá capacidad para tratar 1.204 toneladas de estiércol al año, procedente principalmente de explotaciones de ganado ovino y caprino, y que permitirá obtener unas 671 toneladas anuales de compost para su utilización como abono agrícola.
La resolución, publicada este martes, 13 de octubre, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), establece que la instalación no necesita someterse al procedimiento ordinario de evaluación de impacto ambiental, al considerar que no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente siempre que se respeten las medidas preventivas y correctoras exigidas. El proyecto ha generado alegaciones por su proximidad a espacios naturales protegidos y por los posibles riesgos asociados al tratamiento de residuos orgánicos.
Una planta de compostaje a menos de dos kilómetros de Corral-Rubio
El proyecto está promovido por Ricardo Rodríguez González y contempla la construcción de una instalación de almacenamiento y procesado intermedio de residuos no peligrosos en terrenos rústicos del término municipal de Corral-Rubio, concretamente en la parcela 67 del polígono 2.
La planta se ubicará aproximadamente a 1.900 metros al sureste del casco urbano, tomando como referencia la piscina municipal, mientras que las viviendas más próximas se encuentran a unos 2.200 metros. La explotación ganadera más cercana está situada a más de 1,5 kilómetros, según la documentación recogida en el expediente.
Las instalaciones contarán con una plataforma impermeabilizada de 511,36 metros cuadrados, sobre la que se dispondrá un estercolero de aproximadamente 20 metros de largo por 25 de ancho. También se construirá una balsa de hormigón impermeabilizada, con capacidad para almacenar 63 metros cúbicos de líquidos procedentes del tratamiento de los residuos y de las aguas pluviales.
El funcionamiento previsto consiste en acumular el estiércol en grandes hileras o cordones, que serán sometidos a procesos de aireación natural, humidificación y volteo periódico para facilitar su transformación en compost. El proyecto establece aproximadamente tres ciclos y medio de tratamiento al año, con una duración media de 100 días por ciclo.
Además del estiércol procedente de la propia explotación ganadera y de otras explotaciones cercanas, la instalación podrá recibir cantidades menores de otros residuos orgánicos, entre ellos restos vegetales y lodos procedentes del tratamiento de aguas residuales urbanas.
Alegaciones por los posibles efectos sobre las aguas y los espacios protegidos
Uno de los aspectos más relevantes del expediente es la proximidad de la futura instalación a espacios naturales de especial valor ecológico de la provincia de Albacete.
La documentación ambiental sitúa la planta a aproximadamente 1.300 metros de la Zona Especial de Conservación (ZEC) Lagunas Saladas de Pétrola y Salobrejo y Complejo Lagunar de Corral-Rubio, un espacio que coincide territorialmente con la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Área Esteparia del Este de Albacete.
Además, el terreno se encuentra en una zona de reproducción de aves esteparias y de campeo del águila imperial ibérica, una circunstancia que ha sido tenida en cuenta durante la evaluación ambiental.
Durante la tramitación, la Asociación Ecología y Libertad presentó alegaciones en las que cuestionaba distintos aspectos del proyecto. Entre sus preocupaciones figuraba la posible afección a los valores naturales del entorno, especialmente por la presencia del área de importancia para las aves IBA ES182 Pétrola-Almansa-Yecla.
La asociación también advirtió sobre el riesgo de contaminación de las aguas subterráneas por posibles filtraciones de los líquidos generados durante el tratamiento del estiércol. Asimismo, cuestionó el análisis de alternativas de ubicación y consideró insuficiente la valoración de las consecuencias sobre la fauna, la población y la calidad del aire, particularmente por la generación de olores.
La Dirección General de Calidad Ambiental ha analizado estas alegaciones y considera que las características del proyecto, su tamaño y las medidas previstas permiten descartar efectos ambientales significativos.
En relación con las aguas subterráneas, la Administración señala que la impermeabilización de las superficies y la recogida de líquidos en una balsa específica constituyen medidas adecuadas para prevenir filtraciones. No obstante, exige el cumplimiento de diversas condiciones técnicas y la obtención de las autorizaciones correspondientes.
Medidas obligatorias para evitar olores, filtraciones y daños a la fauna
La resolución establece numerosas condiciones que deberán respetarse durante la construcción y el funcionamiento de la instalación.
Entre las principales exigencias figura la obligación de impermeabilizar completamente las superficies utilizadas para almacenar y tratar los residuos. Los líquidos generados durante el proceso deberán reutilizarse en la propia actividad o entregarse a un gestor autorizado.
También se establecen limitaciones para reducir las emisiones de polvo. En particular, deberán evitarse determinadas operaciones de carga y descarga de materiales durante jornadas de viento fuerte, considerando como tales aquellas en las que se alcancen velocidades de 30 kilómetros por hora.
En materia de protección de la fauna, los trabajos tendrán que coordinarse con los agentes medioambientales, que supervisarán determinadas actuaciones y podrán establecer restricciones temporales para evitar molestias durante los periodos de reproducción o nidificación de especies protegidas.
La instalación deberá contar igualmente con un cerramiento que no resulte perjudicial para los animales y con una pantalla vegetal formada por especies autóctonas, destinada a favorecer su integración en el entorno.
Por otra parte, el promotor deberá obtener las autorizaciones ambientales y de gestión de residuos que correspondan antes de ejecutar las actuaciones o iniciar la actividad, según los requisitos establecidos para cada trámite.
Más de 670 toneladas de abono al año
La finalidad del proyecto es aprovechar los residuos orgánicos generados por la actividad ganadera para transformarlos en un producto que pueda utilizarse como fertilizante agrícola.
Según las estimaciones recogidas en el expediente, de las 1.204 toneladas anuales de estiércol que podrán tratarse se obtendrán aproximadamente 671 toneladas de compost, después del correspondiente proceso de maduración.
La Administración considera que esta transformación permite valorizar residuos no peligrosos y reincorporarlos a la actividad agraria, dentro de un modelo de aprovechamiento de materiales orgánicos.
No obstante, también recuerda que la utilización posterior del compost deberá respetar la normativa sobre fertilización y protección de las aguas, especialmente cuando se aplique en parcelas situadas en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos.
El proyecto supera el trámite ambiental, pero todavía necesita autorizaciones
La resolución de la Dirección General de Calidad Ambiental, fechada el 2 de octubre y publicada este martes en el DOCM, concluye que la planta de Corral-Rubio no necesita someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, al estimar que sus posibles efectos pueden prevenirse mediante las condiciones impuestas.
Sin embargo, este pronunciamiento no supone una autorización definitiva para la puesta en funcionamiento de las instalaciones. El promotor deberá completar los procedimientos administrativos correspondientes, entre ellos los relacionados con la gestión de residuos y la protección de la atmósfera.
Además, la resolución establece un programa de vigilancia ambiental para comprobar el cumplimiento de las medidas exigidas. Durante los tres primeros años de funcionamiento deberán presentarse informes de seguimiento que permitan verificar, entre otras cuestiones, el estado de las superficies impermeabilizadas, la recogida de líquidos y la correcta aplicación de las medidas de protección ambiental.
El informe de impacto ambiental tendrá una vigencia máxima de cuatro años desde su publicación, salvo que el proyecto haya sido autorizado y se haya iniciado su ejecución dentro de ese periodo.
De esta manera, Corral-Rubio suma un nuevo proyecto relacionado con el aprovechamiento de residuos ganaderos, cuya ejecución queda condicionada al cumplimiento de las exigencias ambientales y a la obtención de las autorizaciones administrativas necesarias.
