Una nueva explotación ganadera intensiva con capacidad para 35.000 pollos de engorde por ciclo está proyectada en la provincia de Albacete. La instalación se ubicará en el término municipal de Fuentealbilla, concretamente en las proximidades de Bormate, una pedanía de este municipio de La Manchuela, cuyo casco urbano se encuentra a menos de 1,5 kilómetros de los terrenos elegidos para desarrollar la actividad.
El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publica este jueves, 8 de octubre, la resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete por la que se formula el informe de impacto ambiental de este proyecto, promovido por José López Jiménez. La Administración autonómica considera que la actividad no necesita someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, siempre que se cumplan las condiciones y medidas de protección establecidas en el expediente.
La futura granja tendrá capacidad para albergar 35.000 pollos simultáneamente en cada ciclo de engorde, una actividad que requerirá importantes medidas de control ambiental, especialmente por su proximidad al núcleo de población de Bormate y por encontrarse en una zona catalogada como vulnerable a la contaminación de las aguas por nitratos de origen agrario.
Una nave de más de 2.200 metros cuadrados para 35.000 pollos
El proyecto contempla la construcción de una nave de 130 metros de longitud por 17 de anchura, con una superficie construida de 2.210 metros cuadrados. Las instalaciones se levantarán en la parcela 228 del polígono 39 del término municipal de Fuentealbilla.
La explotación estará destinada a la cría intensiva de pollos de engorde y contará con las infraestructuras necesarias para el alojamiento de los animales, su alimentación, el suministro de agua y la gestión de los residuos generados durante los diferentes ciclos productivos.
La documentación ambiental precisa que las instalaciones estarán situadas a menos de 1,5 kilómetros del casco urbano de Bormate, mientras que los núcleos de Alcalá del Júcar, Casas Ibáñez y Abengibre se encuentran a más de cinco kilómetros.
Esta proximidad a Bormate es uno de los elementos relevantes del expediente, puesto que la normativa autonómica somete a evaluación ambiental simplificada determinadas explotaciones ganaderas intensivas situadas a menos de 2.000 metros de suelo urbano residencial.
Más de 2.800 metros cúbicos de agua al año
Otro de los aspectos destacados de la futura explotación es su consumo de recursos hídricos. El proyecto calcula que las instalaciones necesitarán 2.818 metros cúbicos de agua anuales para atender las necesidades de la actividad ganadera.
El abastecimiento está previsto mediante un sondeo, aunque la resolución establece que, antes de comenzar la actividad, el promotor deberá presentar la autorización administrativa que acredite la disponibilidad de recursos hídricos para uso ganadero por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
La captación deberá ajustarse a las necesidades reales de la explotación e incorporar un dispositivo de medición que permita controlar el volumen de agua utilizado y comprobar su adecuación a los derechos de aprovechamiento concedidos.
Además, el programa de vigilancia ambiental exigirá realizar, al menos una vez al año, una analítica completa del agua del pozo, prestando especial atención a la presencia de compuestos nitrogenados, fósforo, metales pesados y parámetros microbiológicos.
Una explotación en una zona vulnerable a la contaminación por nitratos
El informe ambiental recoge expresamente que el término municipal de Fuentealbilla se encuentra incluido en una zona vulnerable a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias, conforme a una declaración aprobada por la Junta de Castilla-La Mancha en 2003.
Esta circunstancia obliga a extremar las medidas relacionadas con la gestión de los residuos ganaderos, especialmente la gallinaza generada durante la cría de los pollos, con el objetivo de evitar posibles filtraciones y afecciones a las aguas subterráneas.
La resolución establece que no se podrá almacenar gallinaza en el exterior de las naves sobre superficies sin impermeabilizar. También deberán evitarse acumulaciones incontroladas de estos residuos durante las operaciones de retirada y carga de los camiones.
El sistema de explotación previsto será el denominado todo dentro-todo fuera, de manera que, una vez finalizado cada ciclo de cría, la gallinaza generada será retirada y cargada directamente en los vehículos encargados de transportarla.
Por su parte, las aguas residuales procedentes de los aseos y de la limpieza de las instalaciones deberán conducirse a una fosa séptica estanca, cuyo contenido tendrá que ser retirado por un gestor autorizado.
La Administración también exige que los depósitos y conducciones que puedan contener sustancias contaminantes sean estancos y estén debidamente sellados para impedir filtraciones al terreno.
Controles específicos por los posibles malos olores en Bormate
La proximidad de la explotación al núcleo urbano de Bormate también ha llevado a establecer medidas específicas para reducir las molestias que pudiera generar la actividad.
El informe incluye expresamente entre las obligaciones de vigilancia ambiental el control de la posible afección por malos olores a la población de Bormate, una cuestión que deberá ser objeto de seguimiento durante el funcionamiento de las instalaciones.
Entre las medidas previstas se encuentran la retirada de la gallinaza en días de calma, evitando las jornadas ventosas, así como la plantación de especies arbóreas que formen una pantalla vegetal para reducir la propagación del polvo.
Además, los camiones encargados de transportar los residuos ganaderos deberán utilizar recorridos que eviten atravesar los núcleos de población.
Las tareas discontinuas de la explotación, como el reparto de pienso o la retirada del estiércol, deberán realizarse en horario diurno. También se exigirán medidas para reducir el ruido de la maquinaria y los equipos utilizados.
La actividad figura, asimismo, dentro del catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, en el grupo C correspondiente a determinadas explotaciones avícolas, por lo que deberá cumplir las obligaciones administrativas establecidas para esta categoría.
Seguimiento ambiental durante los primeros cinco años
La resolución establece un programa de vigilancia para comprobar el cumplimiento de las condiciones impuestas a la explotación.
El promotor tendrá que presentar un informe de seguimiento una vez finalizada la construcción y remitir posteriormente documentación periódica sobre el funcionamiento de la actividad.
Durante los cinco primeros años deberá presentar, en el primer trimestre de cada ejercicio, un informe relativo a los controles y actuaciones ambientales realizados.
Entre las cuestiones que deberán supervisarse figuran la gestión de la gallinaza y los cadáveres de los animales, los posibles olores que lleguen a Bormate, la calidad del agua, la estanqueidad de las instalaciones, el estado de la pantalla vegetal y el correcto mantenimiento del recinto.
La resolución también establece que los animales muertos deberán retirarse diariamente de las naves y depositarse en contenedores adecuados hasta su recogida por una empresa autorizada.
El proyecto todavía necesita completar su tramitación
La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete concluye que la explotación de 35.000 pollos no necesita someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, al considerar que no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente si se respetan las medidas preventivas y correctoras establecidas.
Sin embargo, esta resolución no supone una autorización definitiva para construir y poner en funcionamiento la granja. El proyecto deberá completar los trámites administrativos que correspondan, incluida la acreditación del derecho al uso del agua y las autorizaciones urbanísticas y de actividad que resulten exigibles.
El Ayuntamiento de Fuentealbilla actúa como órgano sustantivo del expediente y será responsable del seguimiento del cumplimiento de las condiciones ambientales en el ámbito de sus competencias.
El informe publicado este jueves tendrá una vigencia de cuatro años. Si durante ese periodo el proyecto no ha sido autorizado y no ha comenzado su ejecución, perderá su eficacia, salvo que se conceda la correspondiente prórroga.
