La retirada del águila que durante décadas ha presidido uno de los laterales de la fachada del Palacio de Justicia de Albacete ha abierto una nueva controversia. Esta vez, no tanto por el debate sobre si el relieve debía o no permanecer en un edificio público, sino por la forma en la que se ha ejecutado su retirada y por el destino que se ha dado a una obra que formaba parte del inmueble desde hace aproximadamente medio siglo.
Los trabajos realizados este miércoles, 30 de septiembre, han supuesto la eliminación del relieve de piedra, obra del escultor Antonio Martínez Penella. La Gerencia Territorial de Justicia había autorizado su retirada en aplicación de la Ley de Memoria Democrática, según la información conocida durante la mañana.
Sin embargo, lo que ha provocado ahora críticas desde el ámbito de la historia y el patrimonio es que la actuación no haya consistido simplemente en desmontar la pieza de la fachada para conservarla, sino que el relieve haya terminado destrozado durante los trabajos.
Entre quienes han alzado la voz se encuentra el historiador albaceteño Vicente Carrión, doctor en Historia y profundo conocedor de la historia judicial de Albacete. Carrión ha estudiado específicamente el Palacio de Justicia y la antigua Audiencia Territorial y considera que la discusión sobre la permanencia del relieve en la fachada es perfectamente separable de otra cuestión: la conservación de una pieza histórica una vez retirada.
«Quítalo, pero no lo destruyas»
Carrión se muestra especialmente crítico con la forma en la que se ha llevado a cabo la intervención. El historiador deja al margen la decisión administrativa de retirar la pieza y concentra su reproche en que no se haya preservado.
«Quítalo, pero no lo destruyas», sostiene Carrión, que considera que la pieza podría haberse desmontado y conservado fuera de su emplazamiento original. Su propuesta pasaba por mantenerla como testimonio histórico, bajo custodia o en un espacio adecuado, en lugar de reducirla a escombros.
Su preocupación no surgió después de ver el resultado de los trabajos. El propio historiador relata que, al conocer que iba a producirse la retirada, contactó con el director en funciones del Museo de Albacete, para advertir de la situación e intentar que alguien interviniera para preservar la pieza. Su petición era clara: que se retirara si así se había decidido, pero que no se rompiera. Según explica, cuando finalmente se ejecutaron los trabajos, el relieve ya había quedado destrozado.
Carrión recuerda además que se trata de una obra de Antonio Martínez Penella, escultor valenciano con producción artística en distintos puntos de España, circunstancia que, a su juicio, añadía razones para haber optado por su conservación una vez retirada de la fachada.
Un debate histórico que ya existía
La naturaleza exacta del relieve llevaba años generando interpretaciones diferentes entre especialistas. Carrión ha defendido que la figura representada no coincide exactamente con el águila utilizada en el escudo oficial del régimen franquista y la identifica con una interpretación del águila de San Juan realizada por Martínez Penella. En sentido distinto se ha pronunciado el catedrático de Historia Contemporánea de la UCLM Manuel Ortiz, que considera el elemento vinculado a la simbología franquista, aunque reconoce que el águila de San Juan tiene un origen histórico anterior.
Ese debate, sin embargo, no es el que centra ahora las críticas por el destino dado a la pieza. Incluso aceptando la decisión de retirarla de la fachada, la cuestión planteada por Carrión es por qué no fue desmontada y preservada.
El propio estudio de Carrión sobre la tradición judicial de Albacete se realizó con motivo del XXV aniversario del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, después de varios años de investigación sobre la Audiencia Territorial y el actual TSJ. En ese trabajo abordó también las características del relieve y su particular composición.
La ley también habla de conservar
La cuestión adquiere especial relevancia al acudir a la propia normativa que ha servido de fundamento para retirar el elemento.
La Ley 20/2022, de Memoria Democrática, establece que las administraciones deben adoptar las medidas oportunas para retirar los símbolos considerados contrarios a la memoria democrática. Pero el artículo 35 contiene además una previsión específica para lo que sucede después con aquellos elementos que se retiran de edificios públicos: dispone que deben ser depositados, garantizando que dejen de estar expuestos públicamente, y que su ubicación debe ser comunicada al departamento competente para llevar un registro.
La regulación aprobada posteriormente por el Gobierno es todavía más concreta. El Real Decreto 1040/2025, que desarrolla el catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, establece que cuando se determine la retirada de un elemento la resolución debe pronunciarse expresamente sobre la conveniencia de conservarlo y el lugar de depósito. El propio catálogo debe recoger esa información cuando se trate de un elemento de titularidad pública.
La disposición adicional quinta de ese mismo Real Decreto vuelve a establecer que los elementos retirados de edificios públicos «deberán depositarse», garantizando el cese de su exhibición pública y comunicando dónde quedan almacenados. La comisión técnica prevista en la norma cuenta, además, con especialistas en Historia del Arte y conservación y restauración de bienes culturales y tiene entre sus funciones informar sobre la conveniencia de recibir en depósito los elementos que deban ser retirados.
La legislación emplea tanto los conceptos de retirada como de eliminación, por lo que el contenido de la resolución concreta que ha amparado la intervención en Albacete resulta determinante para conocer qué actuación se ordenó sobre el relieve. EL Digital de Albacete no ha podido tener acceso a ella por el momento, ya que desde Subdelegación del Gobierno de España se ha remitido a la Gerencia Territorial de Justicia de Castilla-La Mancha, al igual que desde el propio TSJ. Puestos en contacto con ellos señalan a este medio que la persona encargada del mismo no se encontraba disponible, por lo que no se nos ha podido facilitar la información por el momento.
Lo que sí establece expresamente la normativa es una vía para que un elemento desaparezca de un edificio público sin necesidad de que desaparezca físicamente como pieza histórica.
De la fachada a los escombros
Es precisamente ahí donde se sitúa el reproche de Carrión. El historiador no plantea que el relieve tuviera necesariamente que continuar presidiendo el Palacio de Justicia. Su crítica es que retirar una obra de su emplazamiento original no obligaba a destruirla.
La alternativa habría permitido eliminar cualquier posible exhibición institucional del símbolo y, al mismo tiempo, conservar una creación vinculada a la historia reciente del principal edificio judicial de Castilla-La Mancha. Podría haber quedado custodiada en un depósito o bajo responsabilidad de una institución cultural, siempre dentro de las condiciones establecidas por la legislación. Algo que ya ha sucedido en anteriores ocasiones.
«Es una parte de la historia de España», resume Carrión, que considera que el transcurso de los años permite estudiar y explicar este tipo de piezas con independencia de que permanezcan o no ocupando un lugar representativo en un edificio público.
La controversia que deja la actuación de este miércoles, por tanto, va más allá de la decisión de retirar el águila del Palacio de Justicia. La pregunta se sitúa ahora en por qué una pieza que podía dejar de estar expuesta y ser conservada terminó destruida, y cuál era exactamente el destino previsto para ella en la autorización que permitió ejecutar los trabajos.
