El Ayuntamiento de Pozo Cañada ha puesto en marcha el procedimiento para hacer realidad una nueva residencia de mayores en el municipio. El Consistorio ha sacado a licitación la constitución de un derecho real de superficie sobre una parcela municipal de 12.857 metros cuadrados situada en el paraje Los Alfaros, donde la empresa adjudicataria deberá construir y posteriormente explotar un centro residencial con un mínimo de 100 plazas.
La fórmula elegida implica que el Ayuntamiento no vende el terreno y seguirá siendo su propietario. Lo que se concede a la empresa durante un periodo determinado es el derecho a construir sobre esa parcela municipal y utilizar posteriormente el inmueble para desarrollar la actividad prevista en el contrato. En este caso, ese derecho tendrá una duración de 75 años.
Qué significa el derecho real de superficie
El derecho real de superficie permite separar temporalmente la propiedad del suelo de la construcción realizada sobre él. De esta manera, el terreno seguirá perteneciendo al Ayuntamiento de Pozo Cañada, mientras que la empresa que resulte adjudicataria podrá levantar la residencia, asumir su explotación y obtener los ingresos derivados de su funcionamiento durante el periodo fijado.
La compañía deberá afrontar con sus propios medios la inversión necesaria para construir y equipar el centro, además de las acometidas, el acondicionamiento del acceso y las demás infraestructuras exigidas en los pliegos. El Ayuntamiento, por tanto, aporta el terreno municipal, pero no asume directamente el coste de construcción de la residencia.
Una vez finalizados los 75 años durante los que estará vigente este derecho, la construcción, las instalaciones y los elementos vinculados al complejo revertirán gratuitamente al Ayuntamiento de Pozo Cañada. El municipio conservará así en todo momento la titularidad del suelo y terminará incorporando también a su patrimonio el inmueble construido sobre él.
Una residencia de al menos 100 plazas
Los pliegos establecen que la futura residencia deberá disponer de una capacidad mínima de 100 plazas, aunque las características de la parcela permitirían alcanzar una capacidad estimada de hasta 175 residentes. El terreno cuenta con una superficie de 12.857 metros cuadrados y la documentación contempla alrededor de 3.500 metros cuadrados edificables para desarrollar el proyecto.
La empresa adjudicataria tendrá que redactar los correspondientes proyectos técnicos, obtener las autorizaciones administrativas necesarias y ejecutar las obras. Una vez iniciados los trabajos, el plazo de construcción que se oferte deberá situarse entre 18 y 24 meses.
No se trata, por tanto, de una obra que esté actualmente adjudicada ni de unos trabajos que vayan a comenzar de manera inmediata. El procedimiento se encuentra todavía en fase de licitación, y las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 19 de octubre.
Ventajas para los vecinos de Pozo Cañada
Uno de los aspectos más singulares de las condiciones fijadas por el Ayuntamiento afecta directamente a los habitantes del municipio. Al menos el 20% de las plazas de la residencia tendrán que destinarse preferentemente a personas empadronadas en Pozo Cañada o que puedan acreditar haber estado empadronadas durante un mínimo de cinco de los últimos quince años.
Si la residencia se construyera con la capacidad mínima exigida de 100 usuarios, esta condición supondría al menos 20 plazas con prioridad para vecinos o antiguos vecinos del municipio. La cifra podría aumentar si finalmente el proyecto plantea una residencia de mayor capacidad.
Estas personas contarán además con una bonificación mínima del 10% sobre el precio ordinario establecido para una plaza residencial de características equivalentes. Ese descuento tendrá que ser asumido por la empresa que explote el centro.
La empresa asumirá toda la inversión
El proyecto se plantea mediante financiación privada. La empresa que consiga la adjudicación tendrá que asumir tanto la construcción de la residencia como su posterior equipamiento y las infraestructuras necesarias para que pueda entrar en funcionamiento.
Entre las obligaciones figuran también las acometidas de los diferentes servicios, la ejecución de una depuradora propia y el acondicionamiento del acceso a la parcela. Todos estos trabajos correrán a cargo del adjudicatario.
La licitación establece además un canon mínimo de 6.000 euros anuales que la empresa deberá abonar por el derecho de superficie. El valor estimado que aparece en el expediente, de 432.000 euros, procede precisamente del cálculo del canon durante las anualidades previstas y no representa el coste de construcción de la residencia, que será sensiblemente superior y deberá determinarlo y asumirlo la empresa adjudicataria.
