Una vivienda unifamiliar de más de 400 metros cuadrados construidos en Cenizate (Albacete) ha salido a subasta judicial con un valor fijado de 361.716 euros. El procedimiento procede de una ejecución hipotecaria promovida por Banco Santander y se tramita en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Casas-Ibáñez.
La subasta ha sido publicada este martes, 25 de agosto, en el Boletín Oficial del Estado. La entidad bancaria reclama 101.789,63 euros de principal, a los que podrían añadirse otros 30.536,88 euros presupuestados para intereses y costas, según recoge el edicto judicial.
Una vivienda con garaje, tres dormitorios y buhardilla
El inmueble se encuentra en la calle Vicente Ochando de Cenizate. La documentación del Registro de la Propiedad lo describe registralmente como una vivienda unifamiliar en construcción con garaje y buhardilla, levantada sobre un solar de 282,31 metros cuadrados.
El edificio alcanza los 407,94 metros cuadrados construidos y 322,01 metros cuadrados útiles. El sótano está destinado a garaje y cuenta con 194,32 metros cuadrados construidos; la planta baja, destinada a vivienda, tiene 143 metros cuadrados y se distribuye en vestíbulo, salón-comedor, cocina, lavadero, tres dormitorios y dos baños. A ello se suma una primera planta o buhardilla de 70,62 metros cuadrados construidos destinada a cámara y trastero.
Aunque registralmente continúa apareciendo como una vivienda «en construcción», esa calificación procede de la declaración de obra nueva realizada años atrás. La documentación judicial más reciente señala que el inmueble es actualmente la vivienda habitual de la parte ejecutada, por lo que no puede concluirse únicamente a partir de la descripción registral que la casa se encuentre físicamente inacabada.
Valorada en 361.716 euros y sin puja mínima
La vivienda ha sido fijada para la subasta en 361.716 euros. El Portal de Subastas del BOE indica que no existe una puja mínima, mientras que para poder participar es necesario efectuar previamente un depósito equivalente al 5% del valor del inmueble, que en este caso asciende a 18.085,80 euros.
Los incrementos previstos entre pujas son de 7.234,32 euros. El edicto establece que la subasta permanecerá abierta durante 20 días naturales desde su apertura y que el cierre puede prolongarse si en la última hora se presenta una nueva oferta superior, con una ampliación máxima de 24 horas.
El lanzamiento está suspendido hasta mayo de 2028
La situación de la vivienda presenta una circunstancia especialmente relevante para cualquier interesado en la subasta. El expediente judicial establece expresamente que se trata de la vivienda habitual del ejecutado y que existe una resolución judicial que suspende su lanzamiento.
En concreto, el tribunal acordó el 8 de octubre de 2025 acceder a la petición formulada por la parte ejecutada después de apreciar una situación de especial vulnerabilidad. Como consecuencia, el lanzamiento quedó suspendido durante cuatro años adicionales, hasta el 15 de mayo de 2028.
Esta circunstancia implica que la eventual adjudicación del inmueble en la subasta no supone automáticamente que el comprador pueda disponer de forma inmediata de la vivienda. El propio edicto vuelve a identificar la situación posesoria de la finca como vivienda habitual de la persona ejecutada.
Una hipoteca ampliada hasta los 153.000 euros
La certificación del Registro de la Propiedad permite reconstruir también el origen de la operación. Sobre la vivienda se constituyó inicialmente una hipoteca a favor de Banco Santander para garantizar un préstamo de 150.000 euros de principal, con un valor de tasación para subasta que ya entonces quedó establecido en 361.716 euros.
Posteriormente, la hipoteca fue objeto de una ampliación y modificación. La responsabilidad pasó a garantizar 153.000 euros de principal, hasta 16.830 euros de intereses remuneratorios, 45.900 euros de intereses moratorios y 30.600 euros para costas y gastos. En conjunto, la responsabilidad hipotecaria quedó fijada en 246.330 euros, mientras que el vencimiento final del préstamo quedó establecido para febrero de 2039.
Un embargo de la Seguridad Social
La finca presenta además una anotación de embargo administrativo a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social. Fue practicada en diciembre de 2021 por un importe global de 6.874,61 euros, compuesto por 4.415,95 euros de principal, 1.449,36 euros de recargo, 509,30 euros de intereses y otros 500 euros presupuestados para costas e intereses.
La propia certificación registral especifica que esta anotación es posterior a la hipoteca que ahora se ejecuta, circunstancia por la que la Seguridad Social fue identificada como titular de una carga posterior a efectos del procedimiento.
La subasta se desarrolla íntegramente de forma electrónica a través del Portal de Subastas del BOE y los interesados podrán presentar sus ofertas durante el periodo de licitación establecido, siempre que hayan constituido previamente el depósito exigido.
