Una relación de confianza que parecía basada en la amistad acabó convirtiéndose, presuntamente, en una compleja trama de engaños, compras financiadas y créditos contratados sin autorización. La Fiscalía Provincial de Albacete acusa a dos personas de aprovecharse de un vecino con una discapacidad reconocida para realizar supuestamente durante años numerosas operaciones económicas a su nombre. Ahora ambos procesados se enfrentan a una petición de seis años de prisión cada uno por un presunto delito continuado de estafa.
Una relación de amistad que terminó ante la Justicia
Los hechos se remontan al año 2020 en Albacete. Los dos acusados, ambos de nacionalidad salvadoreña y sin antecedentes penales, con autorización de residencia temporal en España, mantenían una relación de vecindad con la víctima, según recoge el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso El Digital de Albacete.
La Fiscalía sostiene que el perjudicado, con una discapacidad reconocida del 68%, les permitía acceder con normalidad a su domicilio debido a la amistad que creía mantener con ellos. Fue precisamente esa confianza la que, según la acusación, habría sido utilizada para acceder a documentación personal y financiera de la víctima, incluyendo datos bancarios y claves de acceso.
Compras y financiaciones
El Ministerio Público sostiene que, utilizando la información obtenida, los acusados realizaron numerosas operaciones financieras sin autorización del perjudicado, “ambos acusados realizaron diversas compras y solicitaron diferentes créditos online a nombre de la víctima, cargando el importe de los objetos adquiridos y las cuotas crediticias en la cuenta de la víctima, quien no era consciente de dichos pagos» hasta que, señala Fiscalía, en octubre de 2022 y «ante las serias dificultades económicas que tenía para subsistir, acudió acompañado de un familiar a su entidad bancaria para interesarse sobre su situación económica, informándole que, a fecha 31 de octubre de 2022, existía un descubierto de 450 euros, más la penalización”.
Entre las operaciones fraudulentas de los acusados figura la compra de un iPhone valorado en 1.259 euros, financiado a nombre de la víctima mediante una entidad de crédito. Meses después, según la acusación, el terminal fue sustituido por otro dispositivo cuyo coste ascendió a más de 670 euros, nuevamente financiado a nombre del perjudicado.
Según el escrito fiscal, uno de los acusados adquirió en julio de 2021 un coche en un concesionario de Albacete. Parte del importe habría sido abonado mediante dinero extraído de la cuenta bancaria de la víctima y el resto financiado a su nombre. La operación generó una financiación superior a los 11.000 euros que, siempre según la Fiscalía, acabó siendo cargada a la cuenta del perjudicado sin su conocimiento ni consentimiento. La situación salió a la luz cuando el vehículo fue finalmente entregado a la víctima tras la detención del acusado en diciembre de 2022, al figurar oficialmente como titular del automóvil.
Una bicicleta y compras mediante pago móvil
La acusación también incluye la adquisición de una bicicleta valorada en 652 euros, financiada igualmente a nombre del perjudicado. Además, la Fiscalía atribuye a uno de los acusados la activación en su teléfono móvil de un sistema de pago vinculado a la cuenta bancaria de la víctima. A través de ese método, según el escrito de acusación, se habrían realizado numerosas compras en establecimientos comerciales, gasolineras, casetas de la Feria y supermercados, alcanzando un importe total cercano a los 1.800 euros.
La investigación también apunta a la contratación de diversos préstamos online utilizando la identidad del perjudicado. Uno de ellos, según recoge la Fiscalía, alcanzó los 1.500 euros y fue concedido por una entidad financiera sin que la víctima tuviera conocimiento de la operación. Posteriormente se produjeron reclamaciones judiciales por impagos derivados de esos créditos.
En noviembre de 2022 el acusado trató de efectuar una contratación de banca digital a nombre de la víctima, no pudo llevarse a cabo ya que tras las sospechas del fraude sufrido y denunciar los hechos en octubre de 2022, «el perjudicado acompañado de sus familiares ordenó al banco que se permitiera ninguna contratación digital más a nombre del perjudicado», relata Fiscalía.
Prisión para cada uno
La Fiscalía considera que los presuntos hechos son constitutivos de un supuesto delito continuado de estafa. Por ello solicita para cada uno de los acusados una pena de seis años de prisión, además de 4.320 euros de multa. Asimismo, el Ministerio Público interesa que, una vez cumplidas las dos terceras partes de la condena o alcanzado el tercer grado o la libertad condicional, ambos sean expulsados del territorio nacional y tengan prohibida la entrada en España durante diez años.
En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía reclama que los dos acusados indemnicen conjunta y solidariamente a la víctima por los perjuicios económicos ocasionados.
Será la Audiencia Provincial de Albacete la encargada de juzgar este miércoles, 10 de junio, dichos hechos.
