La Fiscalía Provincial de Albacete acusa a un ganadero de Alcaraz de haber desatendido durante meses las necesidades alimentarias básicas de su rebaño ovino. Por estos presuntos hechos, el Ministerio Público solicita para el acusado una pena de dos años de prisión y cuatro años de inhabilitación para cualquier actividad relacionada con animales.
La explotación
Según el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, al que ha tenido acceso El Digital de Albacete, el acusado, titular de una explotación ganadera en el término municipal de Alcaraz, en una fecha anterior al 30 de abril de 2024, “dejó de atender las necesidades alimenticias del ganado ovino de su explotación».
Como consecuencia de «esa falta de cuidados, los animales fueron entrando progresivamente en un estado de extrema delgadez y desnutrición» que, según la Fiscalía, acabó provocando “la muerte a alguno de sus ejemplares”.
El SEPRONA
El 30 de abril de 2024 agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil realizaron una inspección en la explotación. Según recoge el escrito fiscal, los agentes comprobaron que “las 150 ovejas reproductoras y los 60 corderos presentaban signos de desnutrición en distintos niveles”.
La situación obligó a requerir la intervención de un veterinario, “hallando una oveja en estado de extrema delgadez que no podía levantarse del suelo, cuatro corderos muertos tras el parto de fecha reciente, y dos ovejas muertas el día anterior con claros signos de haber fallecido por inanición”.
Acusado de un presunto delito continuado de maltrato animal
El Ministerio Público considera que los presuntos hechos constituyen un supuesto delito continuado de maltrato animal. La Fiscalía solicita para el acusado una pena de 24 meses de prisión. Asimismo, reclama la imposición de una pena de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o comercio relacionado con animales y para la tenencia de animales por cuatro años.
Será el Juzgado de lo Penal Dos de Albacete este miércoles, 10 de junio, el que determine si la situación detectada en la explotación constituye o no un delito de maltrato animal en los términos planteados por la Fiscalía.
