Lo que parecía un simple estacionamiento en una plaza reservada para personas con movilidad reducida acabó derivando en una investigación por presunta falsificación documental. La Fiscalía Provincial de Albacete acusa a un hombre de haber manipulado una tarjeta oficial de accesibilidad expedida por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para hacer creer que seguía en vigor cuando en realidad había caducado. Por estos hechos, el Ministerio Público solicita para el procesado una condena de un año y medio de prisión.
Los hechos ocurrieron en un aparcamiento en Albacete
Los hechos se remontan a las 20:10 horas del 4 de febrero de 2020, cuando el investigado «estacionó un vehículo en una de las plazas reservadas para titulares de tarjeta de accesibilidad situadas en la zona exterior del centro comercial Carrefour», ubicado en la Avenida Primero de Mayo de Albacete, según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía al que ha tenido acceso El Digital de Albacete.
En el interior del automóvil «figuraba visible» una tarjeta oficial de estacionamiento para personas con discapacidad expedida por la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
La tarjeta estaba caducada
La tarjeta pertenecía al propio acusado y había sido emitida por la Administración autonómica. Sin embargo, según mantiene la Fiscalía, el documento ya no estaba vigente. La fecha auténtica de caducidad “era el 20 de febrero de 2020 y la autorización no había sido renovada” conforme a los procedimientos administrativos establecidos.
Según el Ministerio Público, el acusado “había manipulado la fecha de caducidad de la tarjeta, alterándola con rotulador y haciendo constar como fecha de caducidad el 2 de febrero de 2022”. De esta manera, siempre según la versión de la Fiscalía, pretendía aparentar que la autorización “seguía en vigor hasta ese día, modificando igualmente el número auténtico de la tarjeta”.
Presunto delito de falsedad en documento oficial
La Fiscalía considera que los presuntos hechos constituyen un supuesto delito de falsedad en documento oficial cometido por particular. El Ministerio Público solicita para el acusado una pena de un año y seis meses de prisión. Además, reclama una multa de 2.700 euros.
Entre las medidas interesadas por la acusación figura también el comiso y destrucción de la tarjeta presuntamente falsificada.
Será juzgado en Albacete
El caso llegará este miércoles, 10 de junio, a juicio, donde será el Juzgado de lo Penal Dos de Albacete quien determine si existió realmente una manipulación intencionada de la tarjeta de accesibilidad.
