Un paquete recibido en una empresa de transportes de Campollano acabó destapando, según sostiene la Fiscalía, una actividad inusual. En su interior había unos 10 kilos de picadura de tabaco, pero el Ministerio Público mantiene que, durante meses, la acusada habría recibido mucha más mercancía de esta naturaleza.
El Juzgado de lo Penal 3 de Albacete tiene previsto juzgar este jueves, 21 de mayo, a una mujer acusada de un presunto delito de contrabando por unos hechos ocurridos en 2021.
Un paquete interceptado en Campollano
Según recoge el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, al que ha tenido acceso El Digital de Albacete, sobre las 8:45 horas del 31 de agosto de 2021, agentes de la Guardia Civil que realizaban labores de resguardo fiscal y contrabando interceptaron en una empresa de transportes situada en Campollano «un paquete que contenía unos 10 kg de picadura de tabaco y cuya destinataria era la acusada”.
La Fiscalía sostiene que “no era la primera vez que la acusada recibía un paquete de esta naturaleza”. Según el escrito, entre enero y agosto de 2021, habría recibido varios paquetes a través de la misma empresa de mensajería, hasta alcanzar un total aproximado de “198 kilos de picadura durante ese año”. El Ministerio Público añade que la acusada ya venía “adquiriendo” este género de forma ilícita desde años atrás.
El último paquete intervenido, con unos 10 kilos de picadura de tabaco, tenía un valor oficial aproximado de 1.733,30 euros. La Fiscalía calcula que el total recibido en 2021 ascendería aproximadamente a 34.354 euros.
Presuntos delitos
Los supuestos hechos son considerados por el Ministerio Fiscal constitutivos de un presunto delito de contrabando. El Ministerio Público pide para la acusada 2 años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y una multa de 75.000 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de 75 días en caso de impago. También solicita el comiso de la picadura de tabaco intervenida y que se le dé el destino legalmente procedente.
En materia de responsabilidad civil, la Fiscalía interesa que la acusada indemnice a la Agencia Tributaria por la totalidad de la deuda tributaria que no se haya podido liquidar, incluidos los intereses de demora, y solicita que se libre oficio a la AEAT para determinar el importe correspondiente.
