La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete tiene previsto juzgar este martes, 19 de mayo, a dos hombres ante la existencia de una actividad presuntamente ilegal vinculada a la fabricación, modificación, reparación y comercialización de armas, piezas fundamentales, munición y explosivos desde una nave en dicha localidad.
Los supuestos hechos se remontan entre 2012 y julio de 2013, según el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, al que ha tenido acceso El Digital de Albacete. Uno de los acusados habría utilizado una nave alquilada en Hellín, bajo la apariencia de una empresa dedicada a la fabricación de proyectiles, en la que figuraba como administrador único y se “encontraba dada de baja desde hacía años y sin contratación de trabajador alguno, para desarrollar actividades relacionadas con armas sin contar con las autorizaciones legales necesarias”.
La Fiscalía mantiene que en esa nave se realizaban por encargo “trabajos de fabricación y transformación de armas y piezas fundamentales, como cajones de mecanismos, cerrojos, básculas o cañones. También apunta a la mejora de rifles, al grabado de inscripciones y al uso de punzones para dar apariencia de legalidad a determinadas piezas”. El escrito de acusación señala además que algunas armas eran recibidas desde armerías, particulares o empresas, y que después de ser manipuladas podían ser vendidas o distribuidas tanto en España como en el extranjero.
El Ministerio Fiscal atribuye a los acusados una operativa que habría incluido además “la recarga de cartuchería metálica para terceros, la importación de armas —especialmente rifles— y componentes esenciales desde países europeos, y la utilización de servicios de paquetería, mensajería o vehículos de alquiler para mover armas y piezas”.
«En estas actividades de fabricaciones de armas y componentes esenciales, introducción ilegal de armas y piezas de importación, su modificación y rehabilitación y su posterior salida del territorio nacional bien modificadas, o bien para modificarlas en el extranjero y volverlas a introducir en España», el acusado actuaba con un segundo procesado, administrador único de una mercantil de la que también era socio el otro, «siendo algunas de las armas modificadas armas prohibidas», destaca el escrito fiscal.
Este segundo procesado «dirigía las actividades de modificación de armas y piezas fundamentales», detalla Fiscalía, «así como las de importación y exportación de las mismas, la fabricación y venta de proyectiles, mediando en el pago de alquiler de la nave y pago de gastos como el consumo del teléfono móvil del otro, buscándoles clientes y realizando contactos con el exterior». Del mismo modo subraya Fiscalía el segundo acusado «llevaba armas de clientes a la nave en Hellín para trabajos de modificación de las mismas, y colaboraba en la captación de explosivos para recarga de cartuchería llevada a cabo en la misma nave».
Según la acusación, también se habrían publicitado servicios a través de internet y redes sociales, dando apariencia de legalidad a actividades que, siempre según Fiscalía, carecían de las autorizaciones necesarias.
Registros
El procedimiento recoge entradas y registros en una vivienda particular y en la nave industrial de Hellín. En el domicilio, según Fiscalía, se hallaron cajas con pólvora, pistones, cartuchos metálicos, armas largas, armas cortas, material informático y documentación.
En la nave industrial, el escrito enumera una amplia relación de efectos intervenidos, entre ellos unos 35 kilos de pólvora, detonadores, vainas, cartuchos metálicos, revólveres, pistolas, una ametralladora pesada inservible, piezas de silenciadores, punzones, partes de armas, cañones, cerrojos, básculas, maquinaria, herramientas, moldes y más de 90 armas largas, algunas incompletas.
La Fiscalía sostiene que algunas de las armas intervenidas tenían la consideración de armas prohibidas por haber sido objeto de modificaciones sustanciales, como cañones recortados, eliminación de inscripciones o ausencia de punzones reglamentarios.
Los delitos que atribuye la Fiscalía
Los presuntos hechos son considerados por la Fiscalía constitutivos de varios supuestos delitos: tenencia de armas prohibidas, tenencia de armas reglamentadas careciendo de licencia o permisos, fabricación, comercialización y depósito de armas reglamentadas y municiones no autorizado, y tenencia, transporte y tráfico de explosivos no autorizado. El Ministerio Público considera a los dos acusados coautores de los delitos y no aprecia circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.
Penas solicitadas
La Fiscalía interesa imponer a los acusados penas de prisión por los distintos presuntos delitos: dos años por tenencia de armas prohibidas, cuatro años por los vinculados a armas reglamentadas y municiones no autorizadas, y seis años por el delito de depósito de explosivos.
Además, solicita la privación del derecho a la tenencia y porte de armas por un periodo superior en tres años a la pena de prisión finalmente impuesta, así como una inhabilitación especial para la fabricación de proyectiles, explosivos y armas durante 15 años, además del pago de las costas.
