El Juzgado de lo Penal número 1 de Albacete acogerá el próximo miércoles, 22 de abril, el juicio contra un hombre al que la Fiscalía acusa de un delito contra los derechos de los trabajadores por un accidente laboral ocurrido en junio de 2018 en una empresa de Villarrobledo dedicada a la fabricación de cisternas, grandes depósitos y contenedores metálicos. El Ministerio Público solicita para el acusado dos años de prisión, una multa e inhabilitación especial vinculada a funciones de prevención de riesgos laborales.
Un accidente laboral
La vista oral se celebrará en Albacete para analizar las circunstancias de un accidente ocurrido en las instalaciones de una mercantil de Villarrobledo. Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso El Digital de Albacete, el procesado desempeñaba en la empresa el cargo de responsable del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales y, además, era el representante legal de la mercantil.
La Fiscalía considera que conocía de primera mano las condiciones en que en las instalaciones de la citada empresa desarrollaban las tareas profesionales los distintos trabajadores, las vicisitudes que se planteaban en el cumplimiento de tales cometidos profesionales y los mecanismos o procedimientos a los que habitualmente se acudía para solventarlos. Pese a ello, sostiene que «no adoptó medidas eficaces para evitar los riesgos».
El punto clave: una grúa-polipasto que se atascaba
El núcleo del caso está en el funcionamiento de una grúa-polipasto utilizada por los trabajadores. Siempre según la acusación, ese equipo carecía de un tope que evitara que su parte móvil se atascara con la estructura metálica de la nave a fin de evitar atascos. Cuando eso ocurría, los propios operarios eran quienes debían desatascarla.
La Fiscalía describe que el procedimiento habitual consistía en tirar manualmente de una cuerda enganchada al brazo móvil de la grúa para intentar desplazarlo. Y, si eso no bastaba, se recurría a otros medios para empujarlo. Según el Ministerio Público, «no adoptó ninguna medida técnica ni iniciativa para evitar los atascos del equipo con la estructura metálica de la nave, no estableció un procedimiento de consignación del equipo adecuado en caso de atascos y permitió el procedimiento manual de desatasco que se realizaba por los trabajadores”, en definitiva, «no adoptó medidas para paliar tal insuficiencia ni los riesgos que todo ello entrañaba”.
El accidente
Los hechos se sitúan en la mañana del 7 de junio de 2018, sobre las 07:00 horas. Un trabajador de 28 años, operario de montaje de depósitos, estaba realizando tareas propias de su puesto en el interior de la nave.
Según la versión de la Fiscalía, el operario se disponía a introducir una sección de un depósito en la nave de montaje de depósitos y trató de utilizar la grúa-polipasto existente en la nave, pero comprobó que estaba enganchada con la chapa de la pared de la nave. Al no poder desengancharla manualmente “como era costumbre, esto es, tirando de forma manual de una cuerda enganchada al brazo móvil que permitía mover el mismo hasta desencajarlo, no pudo desengancharlo manualmente”, por lo que ante la ausencia de un procedimiento adecuado para resolver el atasco, decidió recurrir a un toro o carretilla elevadora para empujar el polipasto y separarlo de la chapa de la nave. Fue entonces, siempre según la acusación, cuando al empujar con el toro y soltarse el mecanismo, el gancho hizo un movimiento pendular y golpeó al trabajador en la cabeza.
Como consecuencia del golpe, el trabajador sufrió una herida contusa en la frente. El escrito de acusación indica que necesitó, además de una primera asistencia, tratamiento médico-quirúrgico consistente en cura y sutura. Además, al lesionado le quedó como secuela una cicatriz lineal vertical en la región frontal izquierda, de 4,5 centímetros, considerada por la Fiscalía como perjuicio estético moderado. El perjudicado reclama por estos hechos.
Delitos que aprecia el Ministerio Público
La Fiscalía califica los hechos como un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, previsto en el artículo 316 del Código Penal, en relación con la normativa de prevención de riesgos laborales y de seguridad en la utilización de equipos de trabajo.
Además, entiende que los hechos concurren con un delito de lesiones imprudentes, aunque interesa que la pena se imponga por el delito contra los derechos de los trabajadores, en aplicación de las reglas del concurso de normas.
Por estos supuestos hechos, la Fiscalía pide para el acusado: dos años de prisión, multa de 3.600 euros con cuota diaria de 12 euros y dos años de inhabilitación especial para el ejercicio del cargo de responsable del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales en empresas dedicadas a la fabricación de cisternas, grandes depósitos y contenedores metálicos. También reclama el abono de las costas.
En el apartado económico, la acusación interesa que el acusado y la aseguradora, como responsables civiles directos y solidarios, indemnicen al trabajador por las lesiones sufridas, los factores de corrección y el perjuicio estético, en total casi 8.300 euros más intereses.
Juicio en Albacete
La vista del miércoles, 22 de abril, en el Juzgado de lo Penal Uno de Albacete servirá para determinar si existió realmente una infracción penal en materia de prevención de riesgos laborales o si, por el contrario, la defensa considera que no concurrieron los hechos que describe la Fiscalía.
