El Ayuntamiento de La Recueja ha formalizado el contrato para su defensa y representación en juicio en el orden jurisdiccional civil frente a una aseguradora, a la que pretende reclamar por negarse a cubrir las consecuencias económicas derivadas de una sentencia que condenó al Consistorio a pagar 17.769,92 euros, por responsabilidad patrimonial. El contrato ha sido adjudicado a Beades Abogados Sector Público S.L. por 3.327,50 euros, IVA incluido, y tendrá una vigencia máxima de cuatro años, ligada a la duración del procedimiento judicial.
El origen del contrato: una condena que el Ayuntamiento quiere repercutir a la aseguradora
La clave del expediente está en un litigio previo. El pliego técnico explica que el Ayuntamiento quiere emprender acciones civiles contra una aseguradora y, en su caso, contra otros terceros que pudieran corresponder, después de que la compañía se negara a hacerse cargo de las consecuencias económicas derivadas de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, de fecha 25 de abril de 2025, recaída en apelación contra otra resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Albacete.
Esa resolución condenó al Ayuntamiento de La Recueja a abonar a un particular la cantidad de 17.769,92 euros, más los intereses legales devengados desde la interpelación judicial, por un supuesto de responsabilidad patrimonial derivada del defectuoso funcionamiento de los servicios públicos.
Qué incluye exactamente el servicio contratado
El contrato no se limita a presentar una demanda. El pliego detalla que la prestación comprende todas las tareas necesarias para la defensa de los intereses municipales en ese litigio, tanto en primera instancia como en las ulteriores que pudieran producirse.
Entre esas funciones figuran el examen previo del expediente, la redacción y presentación de la demanda, la eventual solicitud de medidas cautelares, los escritos de proposición de prueba, la personación en juicio, la preparación e interposición de recursos y la tramitación de las cuestiones incidentales que puedan surgir incluso en fase de ejecución de sentencia. También se incluyen consultas, reuniones, informes y una reunión trimestral de coordinación para el seguimiento del asunto.
Plazos marcados desde la formalización
La documentación técnica fija además una hoja de ruta bastante concreta. En el plazo de 10 días desde la formalización, el Ayuntamiento debía otorgar poderes al profesional adjudicatario y al procurador propuesto, mientras que el letrado responsable deberá presentar la demanda en un plazo máximo de un mes.
A partir de ahí, el despacho queda obligado a informar al Consistorio de las cuestiones relevantes del proceso, comunicar autos y sentencias por correo electrónico y consensuar con la corporación la estrategia procesal, especialmente en cuestiones como la interposición de recursos o una eventual transacción.
Un contrato de hasta cuatro años
Aunque el procedimiento judicial no tiene una duración exacta previsible, el Ayuntamiento ha fijado una vigencia máxima de cuatro años para este contrato, contados desde su formalización. El propio expediente justifica ese plazo en que resulta imposible determinar de antemano cuánto se prolongará el pleito civil que se pretende iniciar.
No se establece plazo de garantía, al entender que la correcta ejecución del servicio puede comprobarse en el mismo momento de su prestación, si bien sí se exige una garantía definitiva del 5 % del precio de adjudicación sin IVA.
La adjudicación: dos ofertas y rebaja sobre el precio de salida
La formalización publicada por el Ayuntamiento recoge que al procedimiento concurrieron dos ofertas, ambas de pymes, sin que ninguna fuera excluida por baja anormal. La oferta más baja fue de 2.750 euros sin IVA y la más alta de 4.500 euros. Finalmente, el contrato se adjudicó a Beades Abogados Sector Público S.L. por 2.750 euros sin impuestos y 3.327,50 euros con IVA.
El presupuesto base de licitación estaba fijado en 6.050 euros IVA incluido, con una base imponible de 5.000 euros, por lo que la adjudicación se cerró con una rebaja notable sobre el precio de salida.
Uno de los aspectos más llamativos del expediente es que la adjudicación no se resolvía únicamente por la oferta económica. El pliego establecía también criterios ligados a la experiencia previa en litigios civiles de responsabilidad patrimonial frente a compañías aseguradoras en defensa de administraciones públicas. La adjudicación, según el anuncio de formalización, recayó en la empresa que obtuvo la mejor puntuación conforme a los criterios del pliego.
Un servicio personal y de confianza
El pliego subraya el carácter especialmente sensible de este contrato. Se considera una prestación personal y de confianza, hasta el punto de que la asistencia a vistas orales y otros trámites procesales esenciales se declara tarea crítica no subcontratable.
Además, el adjudicatario no podrá incurrir durante la vigencia del contrato en conflicto de intereses ni representar a terceros frente al Ayuntamiento. También deberá contar con los seguros obligatorios para el ejercicio profesional y con cobertura específica por las responsabilidades derivadas de la ejecución del contrato.
