Un hombre está acusado de un presunto delito continuado de estafa por, supuestamente, convencer en 2018 a un hombre con sus capacidades de entendimiento y voluntad parcialmente alteradas —incapacitado judicialmente desde 2010— para que figurara como titular de varias líneas y terminales de telefonía.
El procesado está previsto se siente en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal Uno de Albacete este jueves, 29 de enero.
Contratos en cadena
Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso El Digital de Albacete, cita que los hechos se habrían repetido en varias fechas de 2018. En una primera ocasión, el 26 de febrero, el acusado, de nacionalidad búlgara, habría llevado a la víctima -a sabiendas de que tenía parcialmente alteradas sus capacidades de entendimiento y voluntad- a Albacete, “le convenció para que le acompañara” y que firmara a su nombre un contrato con Vodafone, domiciliando los pagos en una cuenta bancaria de la que el acusado era titular. La Fiscalía afirma que, posteriormente, el procesado dejó de pagar los recibos, generando una deuda de 954,60 euros.
Nuevas altas
El escrito fiscal continúa con un segundo episodio el 24 de marzo de 2018: esta vez, la contratación se habría realizado con Yoigo, incluyendo la adquisición de un iPhone X de 64 GB con pago aplazado. La Fiscalía apunta que el acusado se apropió del terminal y volvió a dejar impagos, con una cantidad reclamada de 1.295,6 euros a través de un procedimiento monitorio en Casas Ibáñez, al constar la víctima como titular.
La acusación añade una tercera contratación, fechada el 12 de junio de 2018, de nuevo con Vodafone, para adquirir un Samsung Galaxy 64GB mediante financiación. El patrón, sostiene el Ministerio Público, fue el mismo: el acusado habría usado los datos del perjudicado para el contrato y después dejó de afrontar las cuotas y facturas, mientras utilizaba personalmente el terminal.
Fiscalía señala que la víctima había sido incapacitado judicialmente para gobernar su persona y administrar sus bienes, en virtud de sentencia firme de julio de 2010, dictada por el Juzgado de Primera Instancia de Casas Ibáñez.
Petición de pena y reclamación civil
La Fiscalía califica los hechos como un presunto delito continuado de estafa y solicita una pena de tres años de prisión. En el plano económico, interesa que el acusado indemnice a las mercantiles Yoigo y Vodafone por las cantidades que se acrediten en ejecución de sentencia, además de intereses.
