El Juzgado de lo Penal Tres de Albacete celebrará este miércoles, 10 de diciembre, un juicio en el que dos vecinos de Hellín están acusados de un presunto delito contra la ordenación del territorio por levantar, sin licencia urbanística, según Fiscalía, una nueva edificación en suelo rústico de reserva.
La construcción, esgrime el Ministerio Fiscal, destinada a porche-cochera, se habría realizado en una parcela muy inferior a la superficie mínima exigida por la normativa para poder edificar.
Obras en suelo rústico sin permiso
Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso El Digital de Albacete, cita en sus conclusiones provisionales que, el 30 de abril de 2018, los procesados se encontraban en una parcela del término municipal de Hellín ejecutando obras de “derribo de una edificación existente y levantando una nueva construcción destinada a porche-cochera”, todo ello sin haber solicitado la preceptiva licencia municipal.
El terreno afectado está catalogado como suelo rústico de reserva, categoría 60, y según la normativa urbanística vigente, cita Fiscalía, se trata de una zona en la que las edificaciones solo son legalizables si se cumple una superficie mínima de parcela.
La Fiscalía destaca que la parcela donde se realizaron las obras tiene 463 metros cuadrados de superficie, cuando la normativa sobre suelo rústico fija un mínimo de 15.000 metros para poder autorizar construcciones de este tipo.
Licencia de “obra menor” para una construcción nueva
Los acusados, “realizaron la construcción sin solicitar licencia”, y tras la inspección municipal que detectó la actuación, los procesados solicitaron el 15 de mayo de 2018 una licencia de obra menor, acompañada de un presupuesto de 710 euros.
En la solicitud habrían hecho constar que solo pretendían cambiar el tejado y el suelo, cuando, según sostiene el Ministerio Público, “en realidad estaban llevando a cabo el derribo de la edificación existente y nueva construcción de la edificación”.
Presunto delito contra la ordenación del territorio
La acusación califica los hechos como un presunto delito contra la ordenación del territorio previsto en el artículo 319.2 y 3 del Código Penal. Considera a ambos encausados autores del delito. Así, Fiscalía pide para cada uno de los acusados una pena de dos años de prisión, una multa de 18 meses, con una cuota diaria de 10 euros. Como pena adicional, reclama la inhabilitación especial durante dos años para ejercer como promotor, constructor o director técnico en el ámbito de la edificación.
El Ministerio Público interesa igualmente que el tribunal acuerde la demolición de la construcción realizada de forma ilegal y la restauración del terreno a su estado original.
Será el Juzgado de lo Penal Tres de Albacete quien, este jueves, 11 de diciembre, a la vista de todas las pruebas, decida si los hechos constituyen el presunto delito contra la ordenación del territorio que describe la Fiscalía y, en su caso, si procede imponer las penas solicitadas y ordenar la demolición de la edificación.
