La Fiscalía Provincial de Albacete solicita tres años de prisión para un hombre acusado de utilizar presuntamente, sin permiso, los datos personales de un familiar político para contratar dos servicios de alarmas.
El caso será enjuiciado este miércoles, 19 de noviembre, en el Juzgado de lo Penal Tres de Albacete.
Cómo consiguió los datos
Según el escrito de calificación provisional del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso El Digital de Albacete, el procesado, sin antecedentes penales y empleado de la propia compañía de seguridad, «se hizo con el DNI» de la víctima, cuñado suyo. Con esa documentación habría formalizado dos contratos de servicio de seguridad, ajenos a la víctima «sin conocimiento ni consentimiento del mismo», realizando el primero de ellos en septiembre de 2019 y el otro el 28 del mismo mes: uno para una vivienda en la que el perjudicado había residido con anterioridad y otro para un local. En ninguno de los casos, siempre según la versión del Ministerio Público, el titular del documento dio su consentimiento.
Firmas falsificadas y deudas
Para dar apariencia de legalidad a las contrataciones, el acusado habría acompañado los contratos de una copia del DNI del supuesto cliente y estampado una firma falsificada en el apartado correspondiente, como si hubiera sido realizada por la víctima, desgrana Fiscalía.
Las cuotas generadas por esos servicios ascendieron, en uno de los contratos, a 254,10 euros y, en el otro, a 544,50 euros, cantidades que no fueron abonadas. La empresa reclamó las deudas al titular aparente, que además habría sido incluido en un fichero de morosos, con el consiguiente perjuicio, concluye Fiscalía.
Delitos y penas solicitadas
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un presunto delito continuado de falsedad en documento mercantil y de un supuesto delito continuado de estafa. Por ello solicita para el acusado tres años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y una multa de 4.320 euros, además del pago de las costas procesales.
En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal reclama que el procesado haga frente a la deuda generada por dichos contratos.
