Las últimas horas han sido convulsas para Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes del Gobierno de España, pues el Juez Peinado ha pedido al Tribunal Supremo que lo investigue por presuntos delitos de malversación y falso testimonio por la contratación de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno; Pedro Sánchez. Hace menos de un año, Félix Bolaños estuvo en el punto de mira de la ciudad de Albacete, ya que como ministro de Justicia era uno de los principales responsables de no dar una solución al hecho de que coches judicializados convertidos en chatarra fueran estacionados en diversas calles de Albacete transformándolas en un auténtico desguace, degradando notablemente el paisaje y generando un problema que tardó varios meses en solucionarse. Nada tienen que ver un asunto con el otro, pero el Ministro Bolaños vuelve a estar en el ojo del huracán.
Para ponernos en situación sobre aquellos hechos, cabe destacar que fue este diario, El Digital de Albacete, el que hace menos de un año, el 17 de agosto, sacó a la luz los hechos, ya que coches inmersos en procesos judiciales que habían sido estacionados por la Guardia Civil en diversas calles de Campollano estaban abandonados a su suerte y siendo vandalizados, pasando a ser basura de desguace poco a poco. Este hecho, solucionado en la actualidad, era un hecho grave, pero lo que lo era más todavía es viniera motivado por la inacción del Ministerio de Justicia, encabezado por Félix Bolaños.
Así, lo que hasta aquel entonces poca gente sabía y que fue descubierto por El Digital de Albacete es que esos coches estaban judicializados y eran fruto de operaciones de la Guardia Civil de Albacete contra el crimen organizado, pero que debido a la no existencia de un depósito judicial en la capital y de unos inconvenientes surgidos con los propietarios del local donde antes se guardaban, tuvieron que ser depositados en la vía pública por la Benemérita hasta que, o bien se aportara una solución por parte del Gobierno de Pedro Sánchez o bien se dictara sentencia en los juicios en los que todos y cada uno de esos vehículos estaban inmersos y el juez determinara qué hacer con ellos. Mientras tanto y hasta que no se adoptó otra solución, agilizada tras hacer público El Digital de Albacete lo que estaba ocurriendo, los vehículos estuvieron repartidos por diversos puntos de la capital y otros puntos de la provincia viendo el tiempo pasar estacionados en la vía pública y en más de una ocasión, siendo vandalizados por los amigos de lo ajeno.
La inacción del Ministro Bolaños respecto a este asunto se prolongó hasta varios meses después, concretamente hasta octubre, cuando desde el Gobierno de España puso solución al entuerto y alojó estos vehículos en un solar ubicado en Campollano y cercano al límite de este polígono industrial con el Centro Comercial Imaginalia.
El juez del ‘caso Begoña Gómez’ pide al Supremo que investigue a Bolaños por malversación y falso testimonio
Pasando ahora a la actualidad más reciente del Ministro Bolaños y dejando a un lado el problema ya solucionado de los coches convertidos en chatarra esparcidos por Albacete, cabe destacar que el juez del ‘caso Begoña Gómez’ ha enviado una exposición razonada al Tribunal Supremo (TS) pidiendo que investigue al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por presuntos delitos de malversación y falso testimonio por la contratación de Cristina Álvarez, asesora de la mujer del presidente del Gobierno.
Así consta en la exposición razonada de 34 páginas, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, se dirige a la Sala de lo Penal del Supremo, la única competente para decidir sobre la apertura de una investigación contra un miembro del Gobierno.
El instructor ha dado este paso al considerar que hay «indicios razonables, sólidos y cualificados» para investigar a Bolaños como autor de un delito de falso testimonio y coautor de un delito de malversación.
Peinado cree que Bolaños cometió falso testimonio en su declaración testifical del pasado 16 de abril, porque «no ha contestado a la verdad», señalando a sus respuestas y «evasivas». «Ha omitido, con reticencias maliciosas, las correctas contestaciones, que respondieran a una verdad, que conocía, cuando se le han hecho preguntas, como testigo, y bajo juramento» con obligación de «decir verdad», afirma.
El magistrado recuerda que citó a Bolaños en base al testimonio de Alfredo González, que era vicesecretario general de la Presidencia del Gobierno cuando se contrató a Álvarez, porque éste apuntó al ahora ministro como su superior jerárquico del momento, del que dijo que dependían los nombramientos discrecionales de este tipo.
Bolaños, en su declaración, se desmarcó de la contratación de la asesora de Gómez y, a instancias del propio Peinado, que exigió que le diera el nombre del responsable de dicho contrato, mencionó al entonces responsable de personal de Moncloa Raúl Díaz.
Díaz, por su parte, declaró ante Peinado hasta dos veces –el 14 y el 28 de mayo– para darle «la posibilidad de que recabara la información suficiente» para «facilitar el nombre de la persona que el juzgado pretende conocer» pero en ambas ocasiones «indicó que lo desconocía».
En cuanto al presunto delito de malversación, Peinado explica que «los trabajos desarrollados por Álvarez no se han limitado a los de asistenta en las actividades llevadas a cabo por la esposa del presidente del Gobierno, en su condición de tal, y meramente protocolarias, y sin ánimo de lucro o de carácter benéfico, sino para atender las necesidades que en actividades de carácter privado ha venido llevando a cabo» Gómez.
«Desde el primer día en que se efectuó el nombramiento de Álvarez, ha percibido sus retribuciones con cargo a los presupuestos generales del Estado», subraya el responsable del juzgado madrileño.
Peinado expone que, «como quiera que el delito de malversación de caudales públicos tiene la consideración de un delito de carácter permanente, todas aquellas personas que tuvieran bajo su responsabilidad la administración del correcto destino del patrimonio público, si no llevan a cabo las actuaciones necesarias para evitar que se continúe dando un destino distinto al que es propio para los caudales públicos, deben ser consideradas partícipes en dicho delito».
Y Bolaños, continúa, «en su condición (entonces) de secretario general de la Presidencia» y «hasta la actualidad» ha estado «totalmente vinculado y en cargos de máxima responsabilidad con una relación estrecha con la presidencia del Gobierno y que, por tanto, tenía bajo sus responsabilidad esa correcta administración del patrimonio público que estaba a su cargo».
Para Peinado, en esta tesitura «solo cabría haber acordado la diligencia de entrada y registro en el edificio, perteneciente al Complejo presidencial de La Moncloa, donde constan los archivos en los que ha de aparecer el documento en el que se propone el nombramiento» de Álvarez».
Sin embargo, él mismo añade que, «por ahora, sería contraria al principio de proporcionalidad y, encontrándose, por tanto la instrucción en una situación en la que resulta imposible continuar la investigación judicial sin quebrantar el derecho de defensa» de Bolaños, propone que sea el Supremo, por ser el tribunal competente, quien dé los pasos que el instructor considera necesarios.
En concreto, pide que cite de nuevo a Bolaños pero ya como imputado «con la debida asistencia letrada y todos los derechos previstos en nuestro ordenamiento jurídico».
También ve necesario requerir «toda la documentación que obra en los archivos correspondientes relativos a la propuesta y nombramiento» de Álvarez, «con especificación de las funciones que se le asignan para ese concreto cometido».
Y, además, propone reclamar la «relación de todos los pagos que se han realizado» a Álvarez, «especificándose la partida o partidas presupuestarias de las que se ha aprobado el correspondiente gasto».
