Hace unas fechas les contábamos desde El Digital de Albacete la historia de Consuelo Cascales Martínez, una albaceteña que está viviendo un calvario desde que hace 20 meses decidió alquilar a una familia de Senegal un piso de su propiedad que había heredado de sus padres y que acababa de reformar.
Los inquilinos no le pagan el alquiler desde entonces y Consuelo está sumida en la desesperación, ya que las deudas se le acumulan y el juez ha paralizado dos procesos de desahucio. El 18 de noviembre comenzó una huelga de hambre en la azotea del edificio donde está ubicado este piso, en el número 79 de la calle Doctor Ferrán, y luego se trasladó a la puerta de los juzgados. Ayer, martes 19 de diciembre, Consuelo volvió al edificio y, según argumenta a El Digital de Albacete, “presa de la desesperación intenté tirarme al vacío porque no puedo más”.
Por fortuna, la rápida intervención de los vecinos y de los Servicios de Emergencia ayudaron a Consuelo a entrar en razón y a no cumplir sus amenazas. Los hechos ocurrieron en torno a las 16.00 horas y hasta el lugar de los hechos se desplazaron agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Albacete, así como profesionales sanitarios del SESCAM y una ambulancia, que la trasladó a la Unidad de Psiquiatría del Hospital Perpetuo Socorro de Albacete, donde fue atendida por los profesionales médicos y donde se activó el protocolo antisuicidio. Horas después, y tal y como relata la propia Consuelo a El Digital de Albacete, “pedí que me dieran el alta porque yo hoy tenía que seguir yendo a trabajar ya que no me puedo permitir faltar a mi puesto de trabajo por la situación económica en la que me encuentro”.
Explica Consuelo Cascales que “estoy al límite y hay momentos en los que, bueno… Ya no es sólo que no paguen los inquilinos el alquiler, sino que hay dos suspensiones de desahucio y tras pedir el juzgado un informe de vulnerabilidad de la persona que vive allí, en seis días fue emitido por los Servicios Sociales. Después, se solicitó por parte de la misma jueza un informe de posible vulnerabilidad mío, que soy la dueña del piso, y los días pasan y ese informe no llega al no haber sido emitido. Mi abogada lo ha reclamado, pero el informe no llega al juzgado”.
La afectada añade que “considero que mi vulnerabilidad es muy grande, ya que llevo 20 meses sin que me paguen el alquiler y estoy pagando un préstamo por unas reformas que hice en la vivienda y otras que se realizaron en la comunidad de vecinos, además de pagar la luz, el gas y la comunidad. Eso a mí me está generando unos gastos que yo, con mi salario, no puedo mantener ni afrontar. En el tiempo me ha generado una precariedad económica, pero el certificado de mi vulnerabilidad no llega al juzgado a pesar de haberlo solicitado”.

Esta mujer de Albacete no aguanta más
Reconoce Consuelo que “estoy cansada porque esto me cuesta 800 euros todos los meses entre préstamo, comunidad, luz y gas. Mi nómina es de 1.200 euros y tengo que pagar la comunidad de la vivienda donde yo vivo más 300 euros más todos los meses. Eso lo multiplicas por 20 meses que no me han pagado el alquiler y os podéis hacer una idea de cómo estoy viviendo yo”.
Explica esta mujer de Albacete que “mi piso lo tengo alquilado a 3 personas senegalesas, una mujer y sus dos hijos de más de 20 años. Llevan 15 meses fuera de España, pero cuando se iba a proceder al desahucio vino desde Senegal a Albacete para paralizar el proceso. Yo no tengo porque ser responsable de la posible vulnerabilidad de esta persona. No tengo motivo para regalar nada a nadie. Los 20 meses que no he cobrado me los como con patatas, pero ahora lo que estamos esperando es al desahucio de estas personas, que no se produce porque falta el informe de mi vulnerabilidad; informe que a los inquilinos se les dio en 6 días y a mí, pasan los días y no me lo dan”.
Sin medias tintas, Consuelo asegura a El Digital de Albacete para concluir que “ayer fui a tirarme por la terraza al vacío. No puedo más. Hay momentos en los que no puedo más. Me han mandado un tratamiento que si me lo tomo no puedo trabajar, pero si no me lo tomo no tengo vida. No puedo más, esta injusticia me supera. No duermo, no vivo… no puedo más. Me está costando el dinero esta situación. Una cosa es que no me paguen y no ingrese, y otra es que me esté costando el dinero”.

