El Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos manifiesta que ha tenido “conocimiento a través de una Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso administrativo nº uno de Albacete, en autos de Procedimiento Abreviado nº 284/2016, que se condenaba a la Diputación Provincial de Albacete a facilitar a esta Sindicato la información en su día solicitada, de los puestos de trabajo que se encuentran ocupados por comisiones de servicio, nombramientos en desempeño provisional de funciones, o atribución temporal de funciones, indicándosenos la fecha de inicio de dichos nombramientos”.
Así pues y según siguen indicando, “que dado que tanto las comisiones de servicios o desempeños provisionales de funciones exceden con mucho del plazo máximo legal permitido; esto es, comisiones de servicio de más de dos años de antigüedad cuando el sistema de provisión de puestos de trabajo sea el concurso o el de seis meses si su provisión es mediante libre designación, conforme dispone el art. 64 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo y art. 74 de la Ley de empleo público de Castilla-La Mancha; y los desempeños provisionales o atribución temporal de funciones que excedan de un año máximo previsto en el propio art. 13 del Acuerdo Marco para personal funcionario de Diputación Provincial de Albacete.
Por ello y según argumentan, el Sindicato “ha solicitado a la Diputación de Albacete, se proceda a la inmediata revocación de las comisiones de servicio concedidas que excedan de los dos años máximos de antigüedad, y todos aquellos desempeños provisionales o atribución temporal de funciones que excedan del año máximo de antigüedad, restaurando la legalidad y procediendo a la convocatoria pública de dichos puestos de trabajo para su provisión definitiva, acabando así con los favoritismos y privilegios en los que se encuentran los funcionarios que ocupan estos puestos y dando oportunidad de acceso a la función pública a todos los ciudadanos y ciudadanas que quieran optar a estas convocatorias”.
¿Y por qué no solicitáis una comisión de investigación que determine si esos trabajadores beneficiados pertenecen o simpatizan a determinado partido político o sindicato?