/Llanos Esmeralda García/
La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Intervención del Embarazo (ACAI) ha denunciado “la persecución y el acoso indiscriminado de los grupos antielección contra los profesionales de sus centros y contra las mujeres que acuden a ellos”. Insisten en que estos grupos actúan en los entornos de las clínicas “rozando los límites del delito, y en ocasiones traspasándolos, impidiendo o limitando con sus conductas” el ejercicio de los derechos y libertades de las mujeres que acuden a las clínicas y de los profesionales. “Han dado un paso más, solo increpaban en la puerta de la clínica y ahora también lo hacen fuera de la misma” detalla el asesor jurídico de ACAI, José Antonio Bosch.
Y es que ha detallado Bosch a El Digital de Albacete que una de las trabajadoras de la Clínica albaceteña Iris fue amedrentada en las dependencias de una superficie comercial en presencia de su hija, “la mujer es una trabajadora de la clínica que la reconocieron en un supermercado, donde estaba comprando con su hija menor de dos años. Le dijeron que era una “asesina”, le insultaron y le amenazaron por ser sanitaria de la clínica”, detalla el asesor jurídico. Unos hechos que fueron denunciados el pasado mes de enero. Inciden en que como clínica no se ha interpuesto denuncia ya que cualquier denuncia de este tipo de delitos requiere que sea la víctima la que lo haga.
Lo habitual, detalla el asesor jurídico de ACAI es que cuatro o cinco mujeres, las mismas personas, generalmente el mismo día a la misma hora, un día a la semana se ponen en la puerta de la clínica e increpan a las mujeres que van a entrar en la misma, “ese nivel de increpar varía según el estado de ánimo de las que están en la puerta, unas veces insultan, otras les amenazan, les propinan pequeños empujones y otras simplemente sufren agresiones verbales del tipo: “No la mates, dámelo a mi…” . Y es que insisten en que Albacete es una población pequeña y donde, en cierta medida, “se vulnera el derecho a la intimidad de las mujeres que van a un acto que entienden es íntimo”.
El problema de este tipo de actuaciones es que la víctima, la mujer, “generalmente no tiene la más mínima motivación para iniciar un procedimiento judicial, porque lo que quieren es intimidad, tranquilidad”, detalla Bosch que la situación después de acudir a una intervención de embarazo “lo que menos ganas tienen es de meterse en un conflicto judicial, con lo cual las víctimas no denuncian, lo que genera un problema. Estos delitos requieren denuncia de la víctima para intervención judicial”.
Así, dicha Asociación se ha reunido con el Subdelegado del Gobierno en Albacete, Aquilino Iniesta, con el objetivo de que estas acciones cesen y no constituyan una amenaza para trabajadores/as y mujeres usuarias de las clínicas de interrupción de embarazos. Insiste Bosch en que “desde el punto de vista del orden público las concentraciones, reuniones o manifestaciones de menos de 20 personas no requieren permiso de la autoridad gubernativa, con lo cual te encuentras con que de alguna manera tampoco existe una posibilidad de exigirle al subdelegado que aplique una ley concreta porque tampoco hay una activada alteradora del orden público que él pueda atender con una concentración ilícita”. Matiza Bosch en que lo que le han pedido al subdelegado es que “extreme la sensibilidad porque se producen vulneraciones de derechos de mujeres que no tendrían por qué verse insultadas, acosadas o coaccionadas a la hora de ejercer libremente su derecho a la salud” y que en ese extremo de sensibilidad a su vez ha dicho Bosch “sensibilice a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para que de alguna manera esos días conocidos que vengan a la clínica, traten de evitar esa concentración o por lo menos no increpen a las mujeres que quieran entrar”.
