/Llanos Esmeralda García/
En la lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual relativos a la prostitución ha supuesto en lo que llevamos de 2016 la detención de 6 personas en la provincia de Albacete en cinco operaciones de la Policía Nacional; por contra, en el ejercicio anterior se detuvieron a 16 personas en cuatro operaciones policiales, tan solo una persona arrestada en 2014. Desde el año 2002 y hasta noviembre de 2016 hay 156 detenidos por delitos relacionados con la trata y la prostitución; el año que más arrestos se produjeron fue en 2005 con 23 personas, seguido en 2003 con 20 según ha detallado a El Digital de Albacete el inspector jefe de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de la Policía Nacional de Albacete, Rafael Soria. Además, los datos sobre la prostitución en la provincia de Albacete ponen de manifiesto que 113 víctimas han denunciado como testigos protegidos y varios centenares de mujeres han sido liberadas de la explotación sexual.
Una vigilancia contra la prostitución y la trata de seres humanos que la Brigada Provincial de Extranjería de la Comisaría de la Policía Nacional de Albacete sigue de cerca en las casas de citas debido a que en los últimos años ha proliferado de forma importante el ejercicio de la prostitución, “actividad que tiene lugar mayoritariamente por parte de mujeres extranjeras que actúan de forma autónoma, o concertando con el responsable del negocio la entrega desde un 40 hasta un 50% del importe obtenido por cada servicio sexual, y otro 50% de cada copa consumida por el cliente, corriendo por cuenta del responsable de la casa el coste de anunciarse en prensa, aunque en la actualidad es internet y sus páginas de contactos y anuncios de naturaleza sexual, los medios habitualmente utilizados para entrar en contacto con los clientes”, detalla Soria. Una de las razones del incremento de este tipo de inmuebles se debe a que las prostitutas “prefieren trabajar en casas de citas antes que en un club de alterne al considerarse más a salvo de controles policiales”. Aunque la mayoría de las mujeres trabajan libremente, en algún caso, han llegado a estar privadas de libertad física o coaccionadas para ejercer la prostitución mediante la retención del pasaporte o amenazas sobre familiares con la finalidad de obligarlas a ejercer la prostitución, reteniéndoles sus ingresos hasta pagar la “deuda” contraída. En Albacete y provincia hay alrededor de unas 20 casas de citas, “su número fluctúa dado que cambian frecuentemente de ubicación”, en ocasiones especifica Soria, “por problemas con los vecinos y dueños del inmueble o para esquivar y entorpecer los controles policiales”.
A parte, se hace el seguimiento también a los clubes de alterne de los que la Brigada Provincial de Extranjería tiene constancia que existen 7 en la ciudad de Albacete y 6 clubes de alterne en el resto de la provincia. Además, se estima alrededor de unas 300-350 mujeres ejerciendo la prostitución en la provincia de Albacete, el número fluctúa al igual que ocurre con las casas de citas.
Modus operandi de las organizaciones criminales
Los datos ponen de manifiesto la magnitud del problema de la trata con fines de explotación sexual agravada por las actuaciones de grupos criminales, que, “mediante engaño y abusando de la situación de necesidad de sus víctimas, determinan la inmigración ilegal de mujeres extranjeras hacia España, donde serán obligadas a ejercer la prostitución en locales o clubes de alterne y casas de citas, valiéndose para ello de amenazas, malos tratos, secuestros, violaciones y retirada de su documentación”, detalla Soria.
Las víctimas de explotación sexual son captadas por las mafias en sus países de origen, aprovechando la situación de necesidad por medio de compatriotas que las seducen con falsas promesas en nuestro país bien a través de un contrato de trabajo bien remunerado o la documentación necesaria para poder regularizar su situación aquí. Pero, con su llegada al club descubren la realidad de su estancia en España, quedando forzadas a ejercer la prostitución como única salida para pagar la deuda contraída con la organización, deuda que suele cifrarse entre 3 y 6.000 euros. A partir de ese momento, el dueño o encargado del club retiene a las mujeres sus ingresos hasta que sea abonada la deuda aunque hay casos en los que pagada ésta son cedidas o vendidas.
El perfil de estas víctimas suelen ser mujeres procedentes de Rumania, Paraguay, Ecuador, Brasil, Colombia o Rusia, entre otros países. Su estado civil, sobre todo en el caso de las mujeres iberoamericanas, es el de madre soltera con varios hijos. “En el caso de las mujeres procedentes de Rumania, se ha constatado la existencia de grupos organizados integrados por ciudadanos de este país que captan a las mujeres con la falsa promesa de un trabajo las trasladan hasta España donde son obligadas por la fuerza a prostituirse. En otras ocasiones adoptan el papel del clásico proxeneta, imponiendo, a cambio de dinero, su protección a las mujeres que libremente ejercen la prostitución, o también, intimidando a las prostitutas callejeras que invaden las zonas públicas que ellos controlan”, explica el inspector jefe de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de la Policía Nacional de Albacete.
Operaciones
Las actuaciones practicadas en materia de explotación sexual por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Albacete durante el 2016 han sido cinco: la primera tuvo que ver con la prostitución y corrupción de menores en colaboración con la Comisaría Local de Yecla (Murcia), y como ampliación a otra investigación iniciada el año anterior, funcionarios de la BPEF de Albacete, detenían y ponían a disposición del Juzgado de Instrucción de Yecla, a una ciudadana paraguaya, como presunta autora de un delito de prostitución y corrupción de menores, al inducir y promover la prostitución de una menor, en la casa de citas que regentaba en Albacete. Una segunda actuación tuvo que ver con la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, matiza Soria, en declaración realizada por una Testigo Protegida y remitida al Juzgado de Instrucción 2 de San Clemente (Cuenca), denunciaba haber sido víctima de un delito de trata de seres humanos por parte de un grupo criminal que procedió a su captación en Paraguay y traslado a España para ejercer la prostitución en un club de la provincia de Cuenca, donde el encargado le impuso el pago de una deuda de 3.500 euros que abonó con los ingresos procedentes del ejercicio de la prostitución. Los cinco integrantes del grupo criminal son los mismos que ya fueron detenidos en el transcurso de la operación policial “STUKA”.
Una tercera operación tuvo que ver con el lucro en el ejercicio de la prostitución en diligencias remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Albacete, por una investigación por un presunto delito de lucro en el ejercicio de la prostitución de terceros, eran detenidas tres personas vinculadas a un club de la provincia. En una cuarta operación, explica Soria, por provocación sexual en diligencias remitidas al Juzgado de Instrucción Dos de Albacete, se se detenía al responsable de un club de la provincia, como presunto autor de un delito de exhibicionismo y provocación sexual al tener trabajando en el establecimiento a una camarera de 16 años en el transcurso de un espectáculo pornográfico programado en el mismo. Por último, la quinta actuación registrada este año tuvo que ver con la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, en diligencias remitidas al Decanato de los Juzgados de Instrucción, recibe en declaración a una ciudadana de Marruecos en situación irregular que denunciaba a quien hasta hace unos meses había sido su pareja sentimental, por un presunto delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, ya que con la falsa promesa de que en España tendría un trabajo y una vida mejor, la trasladó desde Marruecos a España, donde fue obligada a ejercer la prostitución. En el transcurso de la investigación fue detenido el responsable de los hechos.
Protocolo de actuación
La lucha contra la trata de personas es uno de los objetivos prioritarios dentro del Plan Estratégico del Cuerpo Nacional de Policía, que se desarrolla en diversos protocolos de actuación que van desde la información a las víctimas sobre sus derechos, servicios y su consiguiente derivación a los recursos sociales, laborales, formativos, psicológicos, jurídicos, alojamiento o manutención. Protección de los datos identificativos de las víctimas así como proteger la imagen e identidad de las mismas en el proceso penal. Facilitar la protección de familiares en el país de origen mediante comunicaciones rápidas entre organizaciones policiales o la coordinación entre policía y fiscalía para articular la comunicación entre ambas instancias.
