La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete acogerá este martes un juicio por un delito de estafa y otro de apropiación indebida ante los que el acusado se enfrenta a una pena de un año de cárcel por cada delito. Además, el acusado deberá de indemnizar a dos mercantiles por realizarle pedidos como administrador de dos empresas a las que según el fiscal “no les puso de manifiesto la difícil situación económica que atravesaba una de las empresas, por lo que estas mercantiles le continuaron sirviendo pedidos, alcanzando los 5.103,55 euros a una y 16.376,82 euros a la otra”, cantidad que el fiscal pide que les abone. Y por haber recibido en los almacenes de una de las empresas de las que el acusado era administrador “efectuó un pedido en nombre de la empresa del que dispuso de parte de los bienes que integraban ese pedido sin autorización para ello, de los que se practicó un inventario advirtiéndose la falta de varios productos por importe de 22.629,69 euros”, importe por el que deberá de responder el acusado.
Acusación
El escrito de acusación de Fiscalía, al que ha tenido acceso El Digital de Albacete, establece que el acusado “desde años atrás y hasta 2011 mantuvo relaciones comerciales con dos mercantiles, relaciones que mantenía bien como socio único y administrador único de una empresa de distribución y logística en Albacete (dedicada a la venta al por mayor y al por menor de material de climatización) así como socio único y administrador único de otra empresa dedicada a la venta y distribución de material de fontanería y calefacción, o como agente comercial en virtud de contrato celebrado en fecha 12 de mayo de 2009”.
En fecha 20 de febrero de 2009, el acusado, dicta el escrito de acusación del fiscal, “actuando en nombre y representación de la empresa de material de climatización celebró dos contratos, cada uno con las dos empresas con las que tenía relaciones comerciales, en ambos casos de almacenaje, manipulación, transporte y distribución en virtud del cual las dos mercantiles encomendaban a la empresa, la prestación de los servicios de manipulación (consistente en la recepción de mercancías, verificación, registro informático, etc), así como el almacenaje y el transporte de los productos de ambas empresas hasta el destino correspondiente, pactándose asimismo expresamente que la propiedad de los productos depositados en los almacenes de la empresa de la que era administrador corresponde a las mercantiles, sin que ésta pudiera venderlos, arrendarlos ni retenerlos si no concurría causa legal”.
En desarrollo de las relaciones comerciales, el acusado, “a través de alguno de sus empleados, en nombre de la empresa de material de fontanería y calefacción de la que era administrador realizó varios pedidos a las dos mercantiles, cuyos productos eran trasladados al almacén que la empresa de climatización tenía en el Polígono Industrial Campollano, productos de los que no se podía disponer por esta empresa si no se le daba la orden a tal efecto por las dos mercantiles”.
Detalla el mismo escrito que el 15 de abril de 2011, “la empresa dedicada a distribuir material de fontanería y calefacción presentó en el Juzgado de lo Mercantil solicitud de declaración de concurso voluntario de la misma. Sin embargo, y no obstante la presentación de dicha solicitud, junto con la preparación de la documentación necesaria para ello, el acusado, -a través de un empleado-, y por cuenta de la referida empresa, continuó realizando pedidos tanto a ambas mercantiles suministradoras, sin poner de manifiesto a las mismas la difícil situación económica que atravesaba y la petición de declaración de concurso formulada, por lo que por parte de estas mercantiles se le continuaron sirviendo los pedidos, alcanzando los efectuados a la primera de ellas en 5.103,55 euros, y a la segunda en 16.376,82 euros”.
Del mismo modo, reza el escrito fiscal, “el acusado, tras haber recibido en los almacenes de la empresa que se dedicaba a la distribución de material de climatización un pedido que en nombre de la empresa dedicada a la venta de material de fontanería y calefacción había efectuado el 25 de octubre de 2010 a una de las mercantiles suministradoras, dispuso de parte de los bienes que integraban ese pedido sin autorización para ello, no hallándose en dichos almacenes cuando tras la manifestación por parte de las mercantiles depositantes de su intención de no continuar en los mismos, se practicó un inventario en fecha 8 de julio del mismo año advirtiéndose la falta de varios productos por importe de 22.629,69 euros”.
