La tragedia ferroviaria de Urda (Toledo), que el pasado 28 de octubre dejó 69 personas fallecidas y numerosos heridos, ha situado a la Administración de Justicia ante uno de sus mayores desafíos de los últimos años. Mientras las familias de las víctimas esperan respuestas sobre las circunstancias del accidente, los órganos judiciales tienen por delante una investigación de enorme complejidad para esclarecer qué ocurrió y determinar las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos.
¿Qué pueden esperar las víctimas y sus familiares de la Justicia? ¿Cuánto tiempo puede prolongarse la investigación? ¿Hasta qué punto pueden influir las filtraciones, los juicios paralelos y las presiones políticas en un procedimiento de semejante trascendencia? Son algunas de las preguntas que El Digital de Albacete ha trasladado directamente a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM), Pilar Astray, durante una entrevista exclusiva celebrada en la sede del alto tribunal autonómico, en Albacete.
«Una instrucción rigurosa a la búsqueda de la verdad»
La presidenta del TSJCLM ha abordado el futuro judicial de la tragedia y las expectativas de quienes han perdido a sus familiares o han resultado afectados por el accidente. Astray ha reconocido el impacto humano que supone una catástrofe de estas características y ha explicado cuál debe ser la respuesta de la Administración de Justicia.
«Primeramente se vive como persona. Un accidente con tantas víctimas, una desgracia tan grande, pues impacta como persona. Y luego, a la Administración de Justicia y al Tribunal Superior de Justicia les supone un despliegue de decisiones rápidas que hay que adoptar y también la presión de adoptarlas y de hacerlo bien», ha manifestado la magistrada.
Preguntada expresamente por lo que pueden esperar de la Justicia las familias de los fallecidos, los heridos y sus allegados, Astray ha querido trasladar un mensaje centrado en el rigor de la investigación y el esclarecimiento de los hechos.
«Yo creo que pueden esperar que se haga una instrucción rigurosa a la búsqueda de la verdad, de lo que ha causado el accidente y de las repercusiones que ha tenido. Y eso es lo que va a intentar una instrucción penal: esclarecer los hechos», ha asegurado la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
Sus palabras sitúan la investigación judicial como el procedimiento que deberá esclarecer las causas del siniestro y las circunstancias en las que se produjo. Una tarea para la que la magistrada considera fundamental respetar las garantías de la instrucción y practicar todas las diligencias que resulten necesarias.
¿Cuánto puede tardar la Justicia en dar respuestas a las víctimas?
Una de las principales preocupaciones de las familias es el tiempo que puede transcurrir hasta que la investigación concluya y puedan determinarse las posibles responsabilidades. La magnitud del accidente, el número de víctimas y la necesidad de examinar las circunstancias técnicas del siniestro hacen que resulte difícil anticipar la duración del procedimiento.
El Digital de Albacete ha preguntado a la presidenta del TSJCLM si la investigación podría demorarse en exceso antes de llegar, en su caso, a un juicio. Astray ha evitado establecer plazos y ha explicado que serán las necesidades de la instrucción las que determinen el tiempo necesario.
«Son muchas las vicisitudes que hay en la instrucción que pueden hacer que se demore o no en el tiempo. Depende de la complejidad, de los informes que deba requerir la jueza instructora y de las diligencias que necesite practicar», ha señalado.
La presidenta ha insistido en que el Tribunal Superior de Justicia mantiene una comunicación permanente con la magistrada encargada de investigar el accidente, precisamente para garantizar que pueda disponer de los recursos necesarios conforme avance el procedimiento.
«En cuanto al mapa diseñado de refuerzos, yo estoy en contacto con la instructora en todo momento y siempre podemos variarlo o adaptarlo a las necesidades que se vayan teniendo en cada momento», ha explicado Astray, quien ha recalcado que el dispositivo judicial podrá modificarse en función de las circunstancias.
Las filtraciones y los juicios paralelos preocupan a la presidenta del TSJCLM
La investigación del accidente ferroviario de Urda se está desarrollando en un contexto de enorme atención pública, con informaciones sobre posibles causas, responsabilidades y grabaciones relacionadas con lo sucedido. Esta situación ha llevado a El Digital de Albacete a preguntar a Astray por los riesgos de que se estén realizando juicios paralelos antes de que la magistrada instructora haya podido completar las diligencias.
La presidenta ha reconocido abiertamente su preocupación por las filtraciones, aunque también ha querido explicar las diferencias entre los tiempos de la información periodística y los que exige una investigación judicial.
«Toda filtración preocupa, pero la cuestión es que ustedes, los periodistas, quieren dar la inmediatez de la noticia. Muchas veces la noticia no puede ser inmediata. Es igual que nos pasa con las cifras de víctimas: nosotros tenemos que ir con pies de plomo, realizando las identificaciones con rigor y completando las autopsias, como está haciendo el Instituto de Medicina Legal, no tan rápido como quisiera, pero porque el rigor científico así lo impone», ha manifestado.
Astray ha puesto como ejemplo el trabajo de los profesionales forenses durante los días posteriores al accidente, cuando las actuaciones para identificar a las víctimas exigieron comprobaciones que no podían acelerarse sin comprometer su rigor.
«En cambio, desde el punto de vista de la prensa se quiere la inmediatez del dato. Entonces, ahí ocurren a veces datos no suficientemente contrastados porque son datos iniciales o provisionales. Y también pueden ocurrir filtraciones de partes del proceso», ha explicado la presidenta del alto tribunal.
La magistrada ha profundizado especialmente en las consecuencias que puede tener la difusión parcial de informaciones relacionadas con una investigación que todavía no ha concluido.
«El problema de las filtraciones, usted lo sabe como periodista, es que originan una subinformación, porque solo se sabe un trazo sesgado, si es que es real. Entonces eso siempre conduce a una desinformación», ha advertido Astray.
«Confío plenamente en las capacidades de la jueza instructora»
La presidenta del TSJCLM también ha expresado su confianza en la magistrada encargada de dirigir la investigación del accidente ferroviario. Preguntada por lo que le gustaría que las víctimas y sus familiares pudieran decir dentro de unos años sobre la actuación de la Justicia, Astray ha destacado el compromiso profesional de la instructora y ha revelado una circunstancia personal de los primeros momentos de la tragedia.
«Confío plenamente en las capacidades de la jueza instructora. Hay que reconocer que la jueza instructora estaba de luna de miel en los momentos del accidente. Había una sustituta en la plaza de guardia de Orgaz. Suspendió su luna de miel para reincorporarse a su plaza y llevar las gestiones ya directamente desde los momentos iniciales, por lo que eso dice mucho de su vocación», ha explicado.
La presidenta ha insistido en que esa confianza también se traduce en el respaldo institucional y en la disposición de la Sala de Gobierno para mantener y ampliar los refuerzos que puedan resultar necesarios.
«Confío plenamente en su capacidad y también, como le he dicho antes, hemos diseñado y la Sala de Gobierno lo ha ratificado, esta actividad de refuerzo. Pero estoy en contacto con ella y siempre se puede apoyar más si fuera necesario», ha señalado.
«Ni yo le sugiero nada»: independencia absoluta de la jueza instructora
La conversación también ha abordado una de las cuestiones especialmente relevantes en una investigación de estas características: la independencia de la magistrada encargada de esclarecer lo sucedido. En un escenario marcado por el debate político y por las distintas hipótesis que circulan sobre las causas del accidente, Astray ha querido dejar claro que la instructora es la única autoridad judicial competente para decidir qué diligencias deben practicarse.
«El juez es soberano e independiente en su labor. De hecho, por mucho que acudamos a los organismos gubernativos, la que es soberana sobre el terreno de esta instrucción de la causa es la jueza de instrucción. La que va a decidir con plena independencia qué diligencias deben adoptarse y cuáles no», ha explicado la presidenta del TSJCLM.
Astray ha subrayado que ni siquiera ella, como máxima responsable institucional del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, puede intervenir en las decisiones judiciales que corresponden a la magistrada encargada del procedimiento.
«Ni yo le sugiero nada, nada más que los medios materiales que precise, porque eso es el valor de la independencia. Ni pueden hablar por ella otras instituciones gubernativas», ha asegurado.
La presidenta ha insistido en la necesidad de que los jueces puedan desarrollar su trabajo sin interferencias, independientemente de que sus decisiones puedan resultar favorables o perjudiciales para determinadas personas o instituciones.
«Nosotros hacemos nuestro trabajo fuera de cualquier repercusión política y fuera de quien le parezca bien o mal. Porque, una vez que se determina que hay que practicar una serie de diligencias o hay que hacer una serie de cosas, y hablo en general, pues se hace moleste a quien moleste, perturbe a quien perturbe y perjudique a quien perjudique», ha afirmado.
Una Justicia que necesita medios y decisiones rápidas
Durante la entrevista, Astray también ha explicado cómo se organizó la respuesta judicial tras conocerse la magnitud del accidente. La presidenta ha recordado que las primeras dificultades estuvieron relacionadas con las condiciones del lugar del siniestro, el movimiento de los vagones y las labores de búsqueda de posibles restos y pertenencias de las víctimas.
«Las dificultades que se han encontrado desde el primer momento han sido las dificultades propias del accidente sobre el terreno, la movilidad de los vagones y las labores de búsqueda de enseres o de restos posibles que pudieran haberse quedado. Eso es una dificultad del propio accidente», ha manifestado.
En cuanto a la actuación institucional, Astray ha destacado la rapidez con la que se convocó la Sala de Gobierno y se organizaron los medios que podían resultar necesarios.
«Una vez realizada la planificación de los medios que posiblemente necesitábamos, yo se lo propuse a la Sala de Gobierno, que se reunió en pleno de forma inmediata. Tengo que agradecer también su gran disponibilidad y se adoptaron decisiones rápidas tanto desde la Sala de Gobierno como desde la Secretaría de Gobierno con respecto al cuerpo de letrados», ha explicado.
La presidenta también ha valorado la respuesta del Ministerio de Justicia a las necesidades extraordinarias planteadas durante las primeras jornadas.
«No ha habido problemas de dotación por parte del Ministerio de Justicia, es decir, que no ha habido problemas de que los medios se pudieran desplegar tan pronto como se iban precisando», ha asegurado.
Astray ha recordado, además, que una situación de catástrofe obliga a reorganizar continuamente el dispositivo de trabajo, incluso para garantizar el descanso de los profesionales desplazados.
«Sobre el terreno uno tiene que calcular si en un momento determinado hay cinco jueces en prórroga, pero deben descansar porque son las seis de la tarde y todavía no han descansado desde la mañana incesantemente. Pues hay que prorrogar a dos más para que los releven. Son las vicisitudes propias de responder a una situación de catástrofe», ha explicado.
«Una justicia tardía, para quien está esperando esa resolución, no es justicia»
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha querido reflexionar también sobre el tiempo que necesita la Administración de Justicia para resolver los procedimientos y las consecuencias que los retrasos pueden tener para los ciudadanos. Aunque esta reflexión se ha producido al abordar el funcionamiento general de los tribunales, sus palabras adquieren especial relevancia en un momento en el que las familias de las víctimas de Urda esperan respuestas.
Preguntada por El Digital de Albacete sobre si puede considerarse justa una Justicia que llega tarde, Astray ha defendido que la rapidez de las resoluciones debe ser compatible con la calidad de las decisiones y con las garantías que exige cada procedimiento.
«Entiendo que no. La Justicia no es justa cuando llega tarde y tampoco cuando no llega tarde, pero llega mal porque se somete a mucha presión y a mucha exigencia de objetivos. La Justicia tiene que tener su tiempo, tiene que ser de calidad, pero tiene que tener medios para hacerlo», ha afirmado la presidenta del TSJCLM.
La magistrada ha insistido en que la falta de recursos y las excesivas cargas de trabajo pueden perjudicar a quienes necesitan una respuesta de los tribunales, por lo que considera imprescindible dotar adecuadamente a la Administración de Justicia.
«Una justicia tardía, para quien está esperando esa resolución, no puede ser, no es justicia porque llega tarde. Eso está claro», ha concluido Astray.
Unas declaraciones que resumen el desafío al que se enfrenta ahora la investigación del accidente ferroviario de Urda: ofrecer respuestas a las víctimas y sus familiares, esclarecer las causas de la tragedia y determinar las posibles responsabilidades, sin renunciar al rigor y a las garantías que exige un procedimiento judicial de esta magnitud.
