Para miles de personas, quedarse sin electricidad supone una molestia que altera su vida cotidiana durante unas horas. Sin embargo, para quienes necesitan determinados equipos sanitarios conectados permanentemente a la corriente eléctrica, una interrupción del suministro puede tener consecuencias mucho más graves. Esta realidad, que adquirió especial protagonismo durante el gran apagón del 28 de abril de 2025 y que también se vivió en Albacete, está ahora en el centro de una nueva iniciativa normativa del Gobierno de España.
El Ministerio de Sanidad ha elaborado un proyecto de real decreto que pretende establecer por primera vez una definición común de persona en situación de electrodependencia y crear un registro estatal para identificar y proteger a quienes necesitan electricidad de forma continua por razones médicas. La iniciativa busca unificar los criterios de reconocimiento en todo el territorio nacional y mejorar la coordinación entre las administraciones públicas y las empresas del sector eléctrico.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha analizado esta propuesta y ha publicado este viernes, 30 de octubre de 2026, un informe en el que valora favorablemente la iniciativa, aunque considera necesario introducir mejoras para garantizar que las medidas previstas puedan aplicarse de manera eficaz y homogénea en todas las comunidades autónomas, incluida Castilla-La Mancha.
¿Quiénes podrán ser reconocidos como personas electrodependientes?
El proyecto normativo pretende establecer criterios comunes para identificar a quienes, por motivos de salud y bajo prescripción médica, necesitan disponer de un suministro eléctrico continuo para alimentar productos sanitarios imprescindibles.
La definición contempla situaciones en las que estos dispositivos resultan necesarios para mantener funciones vitales esenciales o evitar secuelas funcionales graves, de manera que una interrupción del suministro puede representar un riesgo especialmente importante para la salud del paciente.
La nueva regulación pretende evitar que el reconocimiento de estas circunstancias dependa de criterios diferentes según el territorio de residencia. Para ello, establecerá un procedimiento de acreditación de la condición de persona electrodependiente y un marco común aplicable en toda España.
No obstante, el proyecto no significa que todas las personas con discapacidad o que utilizan dispositivos eléctricos en su vida cotidiana vayan a obtener automáticamente esta consideración. El reconocimiento dependerá de los requisitos sanitarios y administrativos que finalmente establezca la normativa.
Un registro estatal para mejorar la protección de los afectados
Una de las novedades más importantes del proyecto es la creación del Registro Estatal de Personas en Situación de Electrodependencia, concebido como una herramienta para facilitar la coordinación entre las administraciones y contribuir a una aplicación uniforme de las medidas de protección.
La existencia de un registro común permitiría mejorar la identificación administrativa de las personas reconocidas como electrodependientes y facilitar que su situación sea tenida en cuenta por los organismos competentes.
En este punto, la CNMC considera fundamental que la futura regulación defina adecuadamente cómo se compartirá la información con las empresas y operadores del sector eléctrico, evitando incertidumbres sobre los mecanismos que deberán utilizarse y las responsabilidades de cada parte.
El organismo también considera necesario garantizar una correcta coordinación entre las distintas administraciones responsables del reconocimiento y de la gestión de los datos, especialmente en aquellos casos en los que una persona cambie su residencia de una comunidad autónoma a otra.
La finalidad es que los criterios de protección no varíen de forma injustificada dependiendo del lugar en el que viva el afectado, una cuestión de especial importancia para quienes necesitan estos dispositivos por prescripción médica.
Competencia pide un reconocimiento rápido para quienes necesitan electricidad por motivos de salud
Otra de las principales recomendaciones de la CNMC está relacionada con el tiempo que pueden tardar las administraciones en reconocer oficialmente la condición de persona electrodependiente.
El organismo propone valorar la fijación de un plazo máximo específico que permita resolver estas solicitudes mediante un procedimiento breve y preferente.
La recomendación responde a la importancia que puede tener el reconocimiento administrativo para personas cuya salud depende de la disponibilidad continua de electricidad.
De esta manera, Competencia considera conveniente que el procedimiento evite demoras innecesarias y permita que quienes cumplan los requisitos puedan obtener la acreditación correspondiente con la mayor agilidad posible.
La CNMC no establece en su comunicación un plazo concreto de días para conceder esta condición, sino que recomienda estudiar la incorporación de un límite temporal específico dentro de la futura regulación.
El apagón de 2025 dejó al descubierto esta realidad en Albacete
La necesidad de contar con protocolos específicos para personas especialmente vulnerables ante las interrupciones eléctricas quedó de manifiesto durante el gran apagón que sufrió España el 28 de abril de 2025.
En Albacete, aquel episodio tuvo consecuencias que fueron mucho más allá de la imposibilidad de utilizar electrodomésticos, teléfonos móviles o sistemas de comunicación.
El Digital de Albacete recogió, coincidiendo con el primer aniversario del apagón, el testimonio de Enrique Alarcón, vecino de la capital y presidente de COCEMFE Castilla-La Mancha, que explicó las dificultades que afrontó durante aquellas horas debido a su dependencia cotidiana de diferentes dispositivos eléctricos.
Alarcón, que utiliza una silla de ruedas como consecuencia de una lesión medular, relató que el corte de suministro afectó a elementos esenciales de su autonomía, como las grúas eléctricas que utiliza en su vivienda y la posibilidad de recargar determinados equipos.
Durante aquella jornada tuvo que limitar sus movimientos para preservar la batería de su silla de ruedas y evitar quedarse sin autonomía.
El representante de COCEMFE Castilla-La Mancha también advirtió de los problemas de coordinación que se produjeron durante la emergencia, cuando las dificultades en las comunicaciones impidieron contactar con normalidad con otras personas que necesitaban asistencia.
A raíz de aquella experiencia, reclamó una mayor coordinación entre los servicios de emergencia y las organizaciones que conocen las necesidades de las personas con discapacidad.
Aunque su testimonio ilustra las consecuencias que puede tener un apagón sobre las personas que dependen de equipos eléctricos, no puede darse por hecho que su situación concreta cumpla los requisitos médicos de la nueva definición legal de electrodependencia, que está dirigida a quienes necesitan determinados productos sanitarios para mantener funciones vitales o evitar secuelas funcionales severas.
¿Qué cambiará para los vecinos de Albacete?
La futura regulación pretende establecer un sistema común que facilite el reconocimiento de las personas electrodependientes y mejore la coordinación necesaria para aplicar las medidas de protección correspondientes.
Para los posibles beneficiarios de Albacete y del conjunto de Castilla-La Mancha, la principal novedad sería disponer de criterios estatales homogéneos para acreditar esta condición, evitando diferencias injustificadas entre territorios.
También se pretende mejorar el intercambio de información con los operadores eléctricos, una cuestión fundamental para que las medidas de protección puedan aplicarse correctamente.
Sin embargo, el proyecto no debe confundirse con una garantía absoluta de suministro eléctrico durante cualquier emergencia. La creación del registro, por sí sola, no implica que puedan evitarse todos los apagones ni que las compañías eléctricas estén en condiciones de mantener permanentemente el servicio ante cualquier incidencia.
La eficacia de las medidas dependerá tanto del contenido definitivo de la norma como de los mecanismos de coordinación y protección que se establezcan para su aplicación.
La medida todavía no está aprobada
El informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia fue aprobado por su Consejo el 14 de octubre de 2026, aunque su difusión pública se ha producido este viernes, 30 de octubre.
El organismo valora positivamente la iniciativa por contribuir a mejorar la seguridad jurídica y facilitar una protección más homogénea, pero insiste en reforzar la coordinación administrativa, aclarar el intercambio de información con el sector eléctrico y agilizar los procedimientos de acreditación.
Por el momento, se trata de un proyecto de real decreto sometido a análisis y no de una normativa definitivamente aprobada. En consecuencia, no puede afirmarse que el nuevo registro estatal esté ya en funcionamiento ni que los ciudadanos puedan solicitar actualmente su inscripción mediante el procedimiento previsto en este proyecto.
La iniciativa constituye, no obstante, un nuevo paso para abordar una realidad que el apagón de 2025 puso especialmente de manifiesto en Albacete: la situación de las personas para las que disponer de electricidad no es simplemente una cuestión de comodidad, sino una necesidad directamente relacionada con su salud y su vida cotidiana.
