Hay nombramientos que son un error y nombramientos que constituyen un insulto a la inteligencia de los ciudadanos. El de Óscar Puente como ministro de Transportes fue una decisión política infame, una demostración de hasta qué punto Pedro Sánchez estaba dispuesto a anteponer la fidelidad personal y la utilidad partidista a la capacidad para gestionar uno de los departamentos más importantes del Estado. Pero si su nombramiento fue un disparate, su permanencia en el cargo después de todo lo ocurrido se ha convertido en una auténtica indecencia.
Óscar Puente nunca debió ser ministro. Nunca. No reunía, a mi juicio, las cualidades que exige una responsabilidad de semejante envergadura, ni su trayectoria invitaba a pensar que pudiera representar la serenidad, el rigor y la prudencia que necesita quien tiene bajo su responsabilidad las infraestructuras de transporte de un país. Lo suyo siempre ha sido otra cosa: la provocación, el enfrentamiento, la descalificación y esa peculiar satisfacción que parecen producirle los insultos cuando consigue colocarlos en una red social.
Pedro Sánchez lo sabía perfectamente. De hecho, sospecho que fue precisamente por eso por lo que lo eligió. Puente había perdido la Alcaldía de Valladolid tras las elecciones municipales de 2023 y el presidente lo rescató políticamente para convertirlo en uno de sus principales perros de presa parlamentarios. Después llegó el premio ministerial, como si dirigir Transportes fuera una recompensa por los servicios prestados en la guerra política y no una responsabilidad que exige preparación, capacidad y templanza.
El resultado lo tenemos delante. Un ministro con modales de hooligan, más cómodo en una pelea de Twitter que explicando los problemas de la red ferroviaria, que ha dedicado buena parte de su proyección pública a enfrentarse con políticos, periodistas, medios de comunicación y cualquiera que se atreva a cuestionarlo a él o a quien lo colocó en el cargo. Un personaje que parece confundir la contundencia con la mala educación, el liderazgo con la chulería y la responsabilidad institucional con ganar una discusión de barra de bar.
Hasta la Asociación de la Prensa de Madrid ha tenido que salir públicamente en defensa de periodistas señaladas por sus ataques. Que un ministro de España termine protagonizando ese tipo de episodios debería avergonzar a cualquier Gobierno mínimamente preocupado por el respeto institucional, pero en el Ejecutivo de Pedro Sánchez parece que todo queda perdonado mientras el protagonista sea útil para golpear al adversario.
Y todavía recuerdo aquella entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero en la que el propio Puente reconoció, con una naturalidad pasmosa, que había encargado a su equipo recopilar las columnas de opinión en las que consideraba que se le insultaba. El resultado era un informe de 195 folios, una especie de inventario de agravios personales del que llegó a presumir públicamente y cuya utilidad defendió ante las preguntas del periodista.
Hay que tener una concepción verdaderamente retorcida de las prioridades para considerar que ese es un asunto al que debe dedicar esfuerzos el equipo de un ministro de Transportes. Mientras este hombre se preocupa por saber quién osa escribir algo desagradable sobre él, seguimos esperando explicaciones convincentes sobre las deficiencias de una red ferroviaria que acumula incidencias y que ha sufrido dos tragedias devastadoras en apenas nueve meses.
Es difícil no pensar que estamos ante el comportamiento del clásico «tonto a las tres» que necesita tener siempre la última palabra, con la diferencia de que aquí no hablamos de un personaje inofensivo que discute en una cafetería. Hablamos de un miembro del Gobierno de España, de alguien que administra responsabilidades enormes y cuya obligación es trabajar para los ciudadanos, incluidos los que no lo votan, no lo soportan o consideran que jamás debió ocupar ese puesto. Y mientras tanto, España se desangra entre excusas.
Nos quieren acostumbrar a los apagones, a las averías interminables, a los trenes que no llegan, a los sistemas que se caen y a las tragedias que se despachan con condolencias, minutos de silencio y ruedas de prensa. Hemos vivido un apagón eléctrico histórico, una DANA cuya gestión institucional dejó al descubierto fallos gravísimos de coordinación y ahora dos accidentes ferroviarios de consecuencias estremecedoras. Son sucesos distintos y sus responsabilidades deben esclarecerse por separado, pero todos han terminado alimentando una sensación insoportable: la de un país en el que nuestros gobernantes parecen exigirnos resignación ante lo que nunca deberíamos aceptar como normal.
Y entonces llegó Urda, en Toledo. Sesenta y nueve muertos en una nueva tragedia ferroviaria, apenas nueve meses después de la de Adamuz, y un país entero intentando comprender cómo dos trenes de alta velocidad pudieron terminar colisionando en unas circunstancias que todavía investiga la autoridad independiente competente.
Las primeras explicaciones resultan demoledoras. Falla el sistema de protección LZB, varios trenes se detienen, comienza una sucesión de comunicaciones telefónicas y desde el centro de control de Atocha se autoriza a un convoy a reanudar la marcha a velocidad normal mientras otro permanece detenido en la vía. El resultado es una colisión brutal que vuelve a llenar de luto a España y que plantea preguntas mucho más importantes que la identidad de la persona que dio una determinada instrucción.
¿Pero qué demonios estamos haciendo? ¿Cómo puede un país que presume de modernidad ferroviaria, que vende al mundo sus trenes de alta velocidad y que habla permanentemente de innovación tecnológica encontrarse ante una tragedia en la que las conversaciones telefónicas adquieren semejante importancia? ¿Qué clase de barreras de seguridad tenemos cuando una sucesión de decisiones puede desembocar en un choque de estas características?
Trenes capaces de alcanzar los 300 kilómetros por hora y, cuando falla uno de los sistemas esenciales de protección, comunicaciones que parecen sacadas de un sketch de Gila. Solo que aquí nadie puede reírse, porque detrás de esas llamadas hay decenas de familias destrozadas y personas que no volverán a sus casas.
Agenda 2030 con métodos de 1990. Esa parece ser la gran modernidad que nos venden: discursos interminables sobre transformación digital, movilidad sostenible, inteligencia artificial y tecnología de vanguardia, mientras seguimos esperando que entre plenamente en servicio un sistema de seguridad más moderno cuya implantación en la línea Madrid-Sevilla llevaba años pendiente.
Y el ministro, en lugar de concentrar desde el primer momento el debate en todas las deficiencias que pudieron contribuir a la tragedia, ha terminado situando buena parte del foco sobre la actuación de un trabajador del centro de control de Atocha. Un empleado que deberá responder si se demuestra que cometió errores, por supuesto, pero que no puede convertirse en el pararrayos de todas las responsabilidades políticas, técnicas y organizativas.
Porque aunque ese trabajador se hubiera equivocado, la pregunta fundamental seguiría siendo exactamente la misma: ¿por qué el sistema permitió que una equivocación tuviera consecuencias tan devastadoras? ¿Para qué sirven los responsables de Adif, los altos cargos, las estructuras de supervisión, los protocolos y las inversiones millonarias si, cuando llega una incidencia crítica, no existen barreras suficientes para evitar una catástrofe?
Y aquí quiero contar algo que me parece especialmente significativo, porque tuve la sensación de saber perfectamente cuál sería el siguiente capítulo de esta historia antes de que ocurriera.
Lo comenté con algunos amigos. Les dije que, después de las primeras explicaciones oficiales, lo siguiente sería que escucháramos las conversaciones del trabajador de Atocha con los maquinistas. Incluso aventuré los medios en los que terminaríamos escuchándolas y acerté.
No tengo ninguna prueba de que existiera una operación organizada para difundir esos audios ni voy a atribuir a nadie una maniobra que no puedo demostrar. Pero sí tengo derecho a expresar mi impresión de que la aparición de aquellas grabaciones encajó demasiado bien en un relato público que empezaba a colocar el foco sobre el último eslabón de la cadena de decisiones.
Y quiero dejar una cosa absolutamente clara: los medios que publicaron aquellas conversaciones hicieron su trabajo. Tenían información periodísticamente relevante sobre una tragedia de enorme interés público y la difundieron, como corresponde a una prensa que debe informar a los ciudadanos. Ocultar unas grabaciones importantes tampoco habría sido una solución aceptable.
El problema es que, a mi juicio, faltó contextualizar suficientemente lo que estábamos escuchando. Porque una llamada puede explicar una decisión, pero no toda una tragedia; puede revelar un posible error profesional, pero no sustituir el análisis de las deficiencias de seguridad; y puede ayudar a comprender lo sucedido, pero también servir involuntariamente para que los ciudadanos crean haber encontrado ya al único responsable.
Ahí es donde el periodismo debe ir más allá de la exclusiva. No basta con ofrecer el audio más impactante, la conversación más llamativa o la frase que permite construir el titular más contundente. Hay que explicar el sistema completo, las responsabilidades de cada nivel y las decisiones que hicieron posible que aquello terminara ocurriendo.
Porque todos estamos al servicio de algo. Los periodistas deben estarlo de los ciudadanos y de la verdad, no de los relatos interesados que puedan construir quienes gobiernan. Los trabajadores ferroviarios están al servicio de la seguridad de los viajeros. Y los ministros deberían estar al servicio del interés general, aunque a algunos les cueste comprender que su cargo no es una propiedad privada ni una licencia para insultar a todo aquel que les incomoda.
Resulta todavía más difícil digerir todo esto cuando recordamos los escándalos que han rodeado a las empresas públicas vinculadas al Ministerio de Transportes. Durante la etapa de José Luis Ábalos, personas de su entorno sentimental consiguieron empleos en sociedades públicas como Ineco y Tragsatec, y una de ellas reconoció judicialmente que había cobrado sin trabajar.
Esos hechos corresponden al mandato anterior a Puente y no le atribuyo personalmente aquellas contrataciones. En cambio sí que el presidente era el mismo, Pedro Sánchez, quien se frota las manos mientras las críticas van dirigidas contra este cortafuegos apellidado Puente. El estratega ha decidido colocar un «pelele» para que reciba los palos que así no le dan a él. Todas las decisiones en el Ministerio de Ábalos y Koldo forman parte de la historia reciente de un organismo en el que hemos conocido episodios verdaderamente bochornosos relacionados con las «amigas» del poder, mientras ahora se pretende que el debate público sobre una tragedia ferroviaria gravite fundamentalmente alrededor de las decisiones de un trabajador.
Qué obscena resulta esa diferencia de trato. Qué facilidad para encontrar responsabilidades concretas en los escalones inferiores y qué extraordinaria dificultad para exigir consecuencias políticas a quienes ocupan los despachos donde se toman las grandes decisiones. Pero hay algo todavía más grave que el comportamiento de Óscar Puente, y es la actitud de quien lo nombró.
Pedro Sánchez lleva gobernando España desde junio de 2018. Más de ocho años después, resulta sencillamente insultante que su Ejecutivo continúe comportándose como si acabara de llegar al poder y todos los problemas del país fueran herencias ajenas o desgracias imprevisibles.
Ocho años son suficientes para conocer el estado de las infraestructuras, revisar las inversiones, cambiar responsables, modernizar sistemas, corregir deficiencias y exigir resultados. Lo que no puede hacer un Gobierno es atribuirse todos los éxitos y comportarse como un espectador sorprendido cuando algo sale rematadamente mal.
Sánchez no es ningún ingenuo. Es, probablemente, uno de los políticos más calculadores que ha conocido la democracia española, un estratega de una frialdad extraordinaria al que la conservación del poder parece importarle más que cualquier otra consideración. Su habilidad para sobrevivir políticamente es incuestionable, pero una cosa es ser un gran estratega y otra muy distinta gobernar sin los escrúpulos políticos necesarios cuando están en juego responsabilidades de semejante gravedad. Y por eso tengo la impresión de que estamos asistiendo a una operación de supervivencia política que va mucho más allá de Óscar Puente.
Mi hipótesis es que Pedro Sánchez está manteniendo al ministro como cortafuegos para impedir que las consecuencias políticas de la tragedia lleguen directamente a Moncloa. Mientras Puente continúe en primera línea, mientras concentre los titulares y mientras las críticas se dirijan fundamentalmente hacia él, el presidente puede intentar mantenerse a una prudente distancia del incendio.
El ministro se convierte así en un escudo humano político, en el fusible que todavía no conviene fundir y en el personaje sobre el que se descargan las críticas que de otro modo terminarían golpeando con mayor intensidad al presidente del Gobierno. Pero ese cortafuegos tiene una fecha especialmente delicada: el próximo 29 de noviembre, cuando los españoles están convocados a las elecciones generales.
Y mi impresión es que Sánchez intentará aguantar con Puente mientras le resulte electoralmente conveniente. Si la presión aumenta, si aparecen nuevas informaciones comprometedoras o si las encuestas aconsejan desprenderse del ministro antes de acudir a las urnas, no me extrañaría lo más mínimo que el presidente decidiera dejarlo caer antes de las elecciones en «hedor» de multitudes.
Entonces Puente descubriría algo que seguramente conoce mejor que nadie: que para determinados dirigentes la lealtad política tiene un valor extraordinario mientras resulta útil, pero puede desaparecer de un plumazo cuando amenaza con convertirse en un lastre.
El mismo presidente que lo rescató políticamente después de perder la Alcaldía de Valladolid podría terminar sacrificándolo para intentar salvarse él. Y no sería extraño que una eventual destitución se presentara entonces como un ejercicio de responsabilidad y sensibilidad hacia las víctimas, aunque durante todo este tiempo se hubiera defendido la continuidad del ministro.
Es una hipótesis política, naturalmente, no una decisión de Moncloa que yo conozca. Pero encaja con la manera en que interpreto el comportamiento de un presidente tan maquiavélico en sus movimientos como extraordinariamente hábil para desplazar el desgaste hacia quienes tiene alrededor. Y mientras tanto, Puente sigue repitiendo que su manera de asumir responsabilidades es dar la cara.
No, señor ministro. Dar la cara no es asumir responsabilidades. Dar la cara es lo mínimo que se le exige a cualquier servidor público cuando ocurre algo grave bajo el ámbito de su gestión. Asumir responsabilidades significa aceptar las consecuencias de los errores, de las omisiones y de los fracasos políticos, aunque todavía no exista una determinación judicial de responsabilidades individuales.
Lo verdaderamente insoportable es que se haya instalado una cultura de la impunidad política en la que nadie dimite, nadie reconoce un fracaso y nadie parece dispuesto a abandonar un cargo salvo que lo obliguen las circunstancias. Los ciudadanos estamos condenados a escuchar explicaciones interminables mientras quienes deberían responder por la gestión pública se aferran a sus sillones como si el ministerio formara parte de su patrimonio. Ábalos, Koldo, Santos Cerdán, Leyre, Begoña, David Sánchez… son tantos nombres que se acumulan en una lista que comienza a ser interminable pero aquellos que osemos a nombrarlos nos convertimos inmediatamente en «fachas», con toga o no, y en elementos a aniquilar, en algunos casos parece que literalmente. Que se lo digan a la jueza del caso del hermanísimo a la que quisieron, presuntamente, eliminar por encargo de fontanería.
España no puede acostumbrarse a esto. No podemos aceptar que un apagón histórico sea una anécdota, que las averías ferroviarias formen parte de una nueva normalidad o que las tragedias terminen convertidas en simples problemas de comunicación que se solucionan con una comparecencia y unas cuantas declaraciones.
Tampoco podemos aceptar que un trabajador se convierta precipitadamente en el centro de todas las sospechas mientras los máximos responsables políticos parecen disponer de una protección infinita frente a cualquier consecuencia.
Y, desde luego, no debemos aceptar que el futuro de un ministro dependa del cálculo electoral de un presidente en lugar de una valoración honesta de su capacidad para seguir ejerciendo el cargo.
Son culpables políticamente de haber convertido la responsabilidad en una palabra vacía. Son responsables de un sistema en el que la supervivencia personal parece prevalecer sobre la exigencia de resultados, de un modo de ejercer el poder que convierte los errores en relatos y de una cultura política en la que siempre resulta más fácil encontrar una excusa que reconocer un fracaso.
Pedro Sánchez es responsable político de haber elegido a Óscar Puente y de mantenerlo en el Gobierno. Y Puente es responsable de sus decisiones como ministro, de su actitud pública y de la confianza que su gestión debería inspirar a quienes cada día utilizan los servicios ferroviarios.
A las familias de los fallecidos en Adamuz y Urda no les sirven los insultos del ministro, los cálculos electorales del presidente ni las teorías sobre quién debe cargar con las culpas. Les debemos investigaciones independientes, verdad, justicia y la garantía de que las deficiencias detectadas serán corregidas para evitar que otras familias tengan que sufrir lo mismo.
Y a todos los demás españoles nos deben algo que parece haberse convertido en un lujo: un Gobierno que gobierne, ministros que gestionen y responsables públicos capaces de comprender que ocupar un cargo es un privilegio temporal, no un derecho adquirido.
La política española ha llegado a un punto tan lamentable que un dirigente puede dedicar sus energías a enfrentarse con periodistas, recopilar los insultos que recibe, alimentar polémicas en redes sociales y comportarse como un hooligan sin que eso impida que se le considere adecuado para dirigir un ministerio estratégico. Y cuando llegan las tragedias, todavía tenemos que escuchar que asumir responsabilidades consiste en permanecer en el cargo para explicar lo sucedido. No, señor Puente. Eso no es asumir responsabilidades. Eso es aferrarse al poder mientras se espera que el tiempo, los titulares o las estrategias de Moncloa consigan apagar la indignación de los ciudadanos.
Hay errores humanos que deben investigar los técnicos y los jueces. Hay equivocaciones profesionales que deben esclarecerse y protocolos que deben revisarse. Pero también existen errores políticos tan evidentes que no necesitan un informe de cientos de páginas para ser reconocidos.
Uno fue convertir a un político especializado en la bronca en ministro de Transportes. Otro sería prolongar su permanencia únicamente para que sirva de cortafuegos a un presidente que parece calcular hasta el último minuto el precio electoral de cada decisión.
España merece algo infinitamente mejor que un ministro hooligan y un presidente que, a mi juicio, ha llevado el cálculo político hasta límites incompatibles con la responsabilidad institucional que exige una tragedia de estas dimensiones.
Porque el mayor error humano no siempre está en una sala de control ni en el último trabajador que intervino antes de un accidente. A veces está mucho más arriba, en los despachos donde se reparten cargos, se toman decisiones, se ignoran advertencias y se confunde la supervivencia política con el interés general. Y cuando miro hacia ese Ministerio, cuando recuerdo las tragedias, cuando escucho las explicaciones y cuando compruebo que su máximo responsable sigue aferrado al sillón, mi conclusión es cada vez más rotunda.
Óscar Puente, el error humano eres tú.
Javier Romero
Director de El Digital de Albacete
