Uno de los principales proyectos de transformación urbana previstos en Almansa (Albacete) ha sido objeto de un pronunciamiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El organismo estatal ha examinado los requisitos profesionales establecidos por el Ayuntamiento para la dirección de las obras del Anillo Verde, una actuación presupuestada en aproximadamente 1,37 millones de euros que contempla la renovación del pavimento y la construcción de un carril bici protegido.
La intervención de Competencia se centra en las titulaciones profesionales admitidas para asumir diferentes responsabilidades técnicas durante la ejecución de las obras. Según el organismo, las condiciones de la contratación municipal establecen diferencias entre quienes pueden ejercer la dirección facultativa y los profesionales habilitados para coordinar la seguridad y salud de los trabajos, una distinción que debe estar debidamente justificada.
El pronunciamiento aparece recogido en el expediente, fechado el 28 de septiembre de 2026, cuyas principales conclusiones fueron difundidas por la CNMC el pasado 28 de octubre en su balance de actuaciones relacionadas con la unidad de mercado.
Competencia cuestiona las titulaciones exigidas por el Ayuntamiento de Almansa
El origen de la controversia se encuentra en las condiciones profesionales establecidas para contratar los servicios técnicos vinculados a la primera fase del Anillo Verde.
La CNMC destaca que el Ayuntamiento contempla expresamente la participación de arquitectos técnicos, aparejadores e ingenieros de edificación en las labores de coordinación de seguridad y salud, pero no incluye esas mismas titulaciones entre las previstas para asumir la dirección de obra.
Esta diferencia constituye el elemento central del análisis realizado por el organismo estatal, que considera necesario examinar si responde a las características concretas de los trabajos y a las competencias legalmente reconocidas a los diferentes profesionales.
La Comisión recuerda que las restricciones al ejercicio de determinadas actividades profesionales deben respetar los principios de necesidad y proporcionalidad. Esto significa que las administraciones tienen que justificar adecuadamente las limitaciones que establecen cuando reservan determinadas funciones a titulaciones concretas.
En el caso del Anillo Verde de Almansa, la CNMC cuestiona que esa distinción pueda mantenerse sin una justificación suficiente atendiendo a la naturaleza de la intervención.
Un proyecto de más de 1,3 millones de euros para transformar Almansa
El expediente sobre el que se pronuncia Competencia está relacionado con una de las actuaciones de movilidad urbana más importantes que prepara el Ayuntamiento de Almansa.
La primera fase del Anillo Verde contempla la renovación del firme y la incorporación de un carril bici protegido, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y fomentar formas de desplazamiento alternativas al vehículo privado.
El presupuesto base de licitación ascendía a 1.134.946,18 euros sin IVA, una cantidad que se eleva aproximadamente a 1,37 millones de euros con impuestos.
La contratación se dividió en dos lotes independientes. El primero corresponde a la ejecución de las obras, con un presupuesto de 1.096.566,36 euros sin IVA, mientras que el segundo comprende la dirección facultativa y la coordinación de seguridad y salud, con una dotación de 38.379,82 euros antes de impuestos.
Es precisamente este segundo lote, destinado a las funciones de supervisión técnica, el que ha suscitado las observaciones del organismo estatal.
Cinco constructoras y tres propuestas para dirigir los trabajos
El Digital de Albacete informó el pasado 7 de agosto de que cinco empresas habían presentado ofertas para ejecutar las obras del Anillo Verde.
Las compañías interesadas eran BECSA, Guerola Áridos y Hormigones, Intagua Obras Públicas, Pavasal Empresa Constructora y Vilor Infraestructuras.
Por otra parte, el lote correspondiente a la dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud había recibido tres propuestas, presentadas por Ingemia Oficina Técnica, Juan Alberto Milán Jiménez y Trazado de Carreteras y Obras Hidráulicas.
En aquel momento, la Mesa de Contratación había admitido inicialmente a todos los licitadores y continuaba examinando la documentación técnica de las ofertas.
La intervención de la CNMC introduce ahora una cuestión diferente de la valoración económica o técnica de las propuestas: si las condiciones profesionales establecidas por el Ayuntamiento garantizan adecuadamente la competencia entre los profesionales habilitados.
¿Qué consecuencias tiene el informe de la CNMC?
El pronunciamiento de Competencia no supone automáticamente que la licitación del Anillo Verde haya sido anulada ni que las obras tengan que paralizarse.
La documentación oficial consultada acredita la emisión de un informe sobre las posibles restricciones profesionales, pero no una resolución judicial que declare ilegal el procedimiento municipal.
Tampoco permite afirmar que la CNMC haya impuesto una sanción económica al Ayuntamiento de Almansa o que haya ordenado modificar directamente el contrato.
El organismo estatal plantea la necesidad de justificar las diferencias entre las titulaciones admitidas y comprobar que las restricciones profesionales responden realmente a las características de los trabajos.
Por tanto, la cuestión se sitúa en el ámbito de las garantías de competencia y de la aplicación de los principios de necesidad y proporcionalidad en la contratación pública.
Tres kilómetros de nuevo pavimento y carril bici protegido
La actuación municipal contempla intervenir sobre aproximadamente tres kilómetros de viario, en el tramo comprendido entre el entorno de El Horno y la zona de los supermercados de Puerta Valencia.
El proyecto combina la renovación del pavimento con la creación de infraestructura ciclista protegida, dentro de la primera fase del Anillo Verde.
Esta intervención forma parte de la estrategia municipal para mejorar la movilidad urbana y facilitar las conexiones entre diferentes zonas de Almansa, incluido el entorno del polígono industrial y la avenida Adolfo Suárez.
La contratación cuenta con financiación europea FEDER y establece un plazo de ejecución previsto de ocho meses para las obras, una vez completados los trámites administrativos necesarios para su puesta en marcha.
Precisamente por la dimensión de la actuación y por el volumen de recursos públicos comprometidos, el pronunciamiento de Competencia incorpora un nuevo elemento al seguimiento de este proyecto municipal.
