El responsable de un establecimiento hostelero instalado en Villamalea (Albacete) se enfrenta a una petición de tres años de prisión por tener presuntamente a varios camareros trabajando sin estar dados de alta en la Seguridad Social. Los hechos se remontan a mayo de 2019, cuando una inspección de Trabajo detectó la presencia de trabajadores que prestaban sus servicios en un bar habilitado en el paraje de la Ermita de San Antón, sin que constara su correspondiente alta laboral.
El caso llegará el próximo lunes, 26 de octubre, a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete, donde el acusado deberá responder por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores. La Fiscalía considera que la situación detectada durante aquella inspección constituye una infracción penal y solicita, además de la pena de cárcel, una multa de nueve meses con una cuota diaria de 12 euros.
Un bar instalado con toldos y una barra de cerveza
Según recoge el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, los hechos ocurrieron sobre las 19:00 horas del 15 de mayo de 2019, festividad de San Isibro, cuando se llevó a cabo una inspección de Trabajo en el paraje de la Ermita de San Antón, situado en el término municipal de Villamalea.
En este lugar, el acusado había instalado un establecimiento hostelero acondicionado mediante varios toldos y una estructura de madera que funcionaba como barra de cerveza. Durante la inspección, los agentes comprobaron que varias personas se encontraban trabajando en el establecimiento y desempeñaban funciones propias de camareros.
La actuación inspectora permitió constatar, según la Fiscalía, que los trabajadores no habían sido dados de alta en la Seguridad Social, pese a que estaban prestando servicios en el negocio. El escrito también señala que no constaban otros trabajadores vinculados a la empresa, circunstancia que forma parte de los hechos en los que el Ministerio Público fundamenta su acusación.
De acuerdo con la documentación judicial, el acusado era la persona que había instalado el establecimiento y bajo cuya responsabilidad se desarrollaba la actividad hostelera. La Fiscalía le atribuye la responsabilidad por las condiciones laborales en las que se encontraban los empleados durante aquella jornada.
La Fiscalía considera que se vulneraron los derechos de los trabajadores
El Ministerio Fiscal entiende que los hechos son constitutivos de un delito contra los derechos de los trabajadores, previsto en el artículo 311.2.c del Código Penal. La acusación considera que la situación descubierta durante la inspección supera el ámbito de una mera irregularidad administrativa y reúne los requisitos para exigir responsabilidad penal al responsable del establecimiento.
La investigación se centra en la prestación de servicios laborales sin el correspondiente alta en la Seguridad Social, una obligación que debe cumplirse para garantizar la protección de los empleados. En este caso, la acusación deberá acreditar durante el juicio las circunstancias en las que trabajaban los camareros y la responsabilidad que atribuye al acusado.
El procedimiento judicial se refiere a unos hechos ocurridos hace más de siete años, aunque será ahora cuando se celebre la vista ante la Audiencia Provincial de Albacete. La documentación facilitada señala que el acusado carecía de antecedentes penales y que la Fiscalía no aprecia circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.
Tres años de prisión y una multa de nueve meses
Por estos hechos, la Fiscalía solicita una pena de tres años de prisión, con la correspondiente inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. También reclama una multa de nueve meses, estableciendo una cuota diaria de 12 euros y la responsabilidad personal subsidiaria prevista legalmente en caso de impago.
El Ministerio Público solicita igualmente la imposición de las costas procesales y la adopción de las medidas necesarias para garantizar las posibles responsabilidades económicas que pudieran derivarse del procedimiento. Estas peticiones forman parte del escrito de acusación y deberán ser examinadas por el tribunal durante la celebración del juicio oral.
La vista está prevista para el lunes, 26 de octubre, en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete, donde se analizarán las circunstancias de la inspección realizada en Villamalea y la situación laboral de los camareros. El acusado mantiene su derecho a la presunción de inocencia y las penas mencionadas corresponden exclusivamente a las solicitadas por la Fiscalía, sin que exista todavía una condena por estos hechos.
