El exalcalde de Tobarra (Albacete) David Díez Izquierdo, del Partido Popular, se enfrenta a una petición de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un presunto delito de prevaricación administrativa relacionado con la falta de tramitación de numerosas denuncias por infracciones urbanísticas en el municipio.
El juicio está señalado para el próximo lunes, 26 de octubre, en el Juzgado de lo Penal Número 3 de Albacete, según la documentación judicial correspondiente a los señalamientos de la próxima semana.
La Fiscalía sostiene que la actuación del antiguo responsable municipal pudo ocasionar que el Ayuntamiento de Tobarra dejara de percibir hasta 93.700 euros en sanciones urbanísticas, cantidad que reclama como indemnización a favor del Consistorio.
Los hechos investigados se remontan al periodo comprendido entre los años 2005 y 2007, cuando David Díez Izquierdo ejercía como alcalde de Tobarra.
El dirigente popular había accedido a la Alcaldía el 23 de agosto de 2004, tras una moción de censura que puso fin al mandato del socialista José Eduardo Martínez Izquierdo, y permaneció al frente del Ayuntamiento hasta 2007.
Denuncias de la Policía Local que no se tramitaron
Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, durante los años 2005, 2006 y 2007 llegaron al Ayuntamiento de Tobarra numerosas denuncias por presuntas infracciones urbanísticas cometidas en distintos puntos de la localidad y sus pedanías.
Las denuncias, presentadas por agentes de la Policía Local, habían quedado registradas oficialmente en el Consistorio.
La Fiscalía considera que David Díez Izquierdo, en su condición de alcalde, tenía conocimiento de estas actuaciones y de su obligación de impulsar los trámites administrativos correspondientes para determinar si procedía iniciar los expedientes sancionadores.
Sin embargo, según sostiene la acusación, no realizó trámite alguno para dar curso a las denuncias, pese a conocer su existencia.
El Ministerio Público añade que los propios policías locales llegaron a solicitar información al Ayuntamiento durante los años 2006 y 2007 para conocer el estado de las denuncias que habían presentado.
Estas peticiones, siempre según la versión de la Fiscalía, no obtuvieron respuestas coherentes sobre la situación de los procedimientos.
Para la acusación pública, el antiguo alcalde habría actuado conscientemente al margen del ordenamiento jurídico, anteponiendo su voluntad personal al cumplimiento de las obligaciones administrativas que le correspondían.
Catorce actuaciones urbanísticas y 93.700 euros en posibles sanciones
El escrito de acusación identifica 14 actuaciones urbanísticas sobre las que, según la Fiscalía, no se impulsaron los correspondientes procedimientos administrativos.
Las denuncias afectaban a obras realizadas en diferentes calles, parcelas y parajes del término municipal de Tobarra.
Entre los casos recogidos aparece una actuación en el paraje de Las Albercas, para la que el Ministerio Fiscal calcula una posible sanción de 21.600 euros.
También se señalan obras en varias parcelas del polígono 29, con una posible multa de 19.775 euros, y actuaciones en el paraje de La Artesilla, donde la sanción estimada asciende a 13.580 euros.
La relación incluye igualmente otras posibles infracciones urbanísticas con sanciones calculadas en 12.621, 9.198, 6.725 y 6.001 euros.
A estas cantidades se suman distintas actuaciones que podrían haber sido sancionadas con multas de 600 euros, en algunos casos después de que se hubiera ofrecido a los responsables la posibilidad de legalizar las obras.
En conjunto, la Fiscalía calcula que las sanciones mínimas que podrían haberse impuesto alcanzarían los 93.700 euros.
No obstante, estas cantidades corresponden a una estimación de posibles sanciones administrativas, puesto que la imposición efectiva de cada multa habría requerido la tramitación del correspondiente procedimiento y la comprobación de las infracciones.
La Fiscalía reclama nueve años de inhabilitación
El Ministerio Público considera que la conducta atribuida a David Díez Izquierdo podría constituir un delito de prevaricación administrativa, previsto en el artículo 404 del Código Penal, en la redacción aplicable a los hechos.
Por este motivo, solicita una pena de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Además, reclama que el antiguo alcalde indemnice al Ayuntamiento de Tobarra con 93.700 euros, en concepto de las cantidades que, según la acusación, el Consistorio habría podido ingresar mediante las correspondientes sanciones urbanísticas.
El escrito de la Fiscalía también contempla al propio Ayuntamiento como responsable civil subsidiario, pese a considerarlo igualmente perjudicado por los hechos investigados.
El procedimiento judicial llega así a juicio por unas actuaciones municipales que se remontan a hace aproximadamente dos décadas.
Será el Juzgado de lo Penal Número 3 de Albacete el encargado de determinar si la falta de tramitación de las denuncias urbanísticas constituyó un delito de prevaricación administrativa y si procede imponer las penas y responsabilidades económicas solicitadas por la Fiscalía.
David Díez Izquierdo mantiene su presunción de inocencia, puesto que los hechos descritos corresponden al escrito de acusación y todavía deben ser examinados en el juicio.
