El denominado caso Cuarteles, la investigación judicial sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de obras en instalaciones de la Guardia Civil que también alcanzó a la provincia de Albacete, ha experimentado un importante avance judicial. Un jurado popular de la Audiencia Provincial de Madrid ha declarado culpables por unanimidad de un delito de cohecho al teniente general retirado Pedro Vázquez Jarava y al empresario Ángel Ramón Tejera de León, conocido como ‘Mon’, por su participación en una trama de adjudicaciones de contratos públicos.
El veredicto, conocido este miércoles, 21 de octubre, considera acreditado que el alto mando de la Guardia Civil utilizó su posición para favorecer al empresario en la contratación de trabajos de rehabilitación y mantenimiento de distintos acuartelamientos, a cambio de contraprestaciones económicas y regalos.
La decisión tiene especial relevancia para Albacete, ya que la Comandancia de la Guardia Civil de esta provincia figuraba entre las instalaciones examinadas durante la investigación. El Digital de Albacete informó en marzo de 2023 de la vinculación provincial con este procedimiento, que también dio lugar a actuaciones relacionadas con el cuartel de Tarazona de la Mancha.
La Fiscalía mantiene su petición de un año de prisión para cada uno de los dos acusados, aunque todavía no se ha dictado la sentencia que deberá redactar el magistrado presidente del tribunal. Por tanto, se trata de un veredicto de culpabilidad del jurado y no de una condena judicial firme.
Contratos por millones de euros para obras en cuarteles de la Guardia Civil
La investigación del denominado caso Cuarteles examinó posibles irregularidades relacionadas con 120 contratos menores adjudicados entre 2008 y 2019 en trece comandancias de la Guardia Civil, por un importe conjunto aproximado de 3,3 millones de euros.
Durante el juicio se abordó especialmente la actuación de Pedro Vázquez Jarava cuando ejercía responsabilidades en la Subdirección General de Apoyo de la Guardia Civil, un cargo desde el que intervenía en la gestión de recursos económicos y materiales del instituto armado.
Según el veredicto, el mando favoreció al empresario Ángel Ramón Tejera de León mediante recomendaciones dirigidas a responsables de distintas comandancias para que contrataran a sus empresas.
Estas sociedades llegaron a obtener contratos por aproximadamente 1,4 millones de euros durante 2016, destinados principalmente a trabajos de rehabilitación, impermeabilización y mejora de instalaciones oficiales.
El jurado consideró probado que el alto mando recibió contraprestaciones del empresario, entre ellas entregas de dinero en efectivo, viajes y otros regalos, con un valor aproximado de 40.000 euros.
Entre los beneficios examinados durante el juicio figuraron desplazamientos para asistir a las finales de la Liga de Campeones de fútbol celebradas en 2016 y 2017, así como estancias hoteleras y otras atenciones personales.
La investigación trató de determinar si aquellas contraprestaciones estaban relacionadas con el trato favorable dispensado al empresario en las adjudicaciones.
La investigación también alcanzó a la Guardia Civil de Albacete
La provincia de Albacete apareció vinculada al procedimiento desde las primeras fases de la investigación.
El 8 de marzo de 2023, El Digital de Albacete informó de un documento de Asuntos Internos de la Guardia Civil que examinaba adjudicaciones de obras en distintas comandancias españolas, entre ellas la de Albacete.
La investigación se centraba en posibles irregularidades en trabajos de mantenimiento y mejora de edificios oficiales, incluyendo sospechas de que determinadas actuaciones facturadas no se hubieran ejecutado completamente o se hubieran realizado de forma distinta a la prevista.
La documentación examinada entonces situaba a Albacete entre las trece unidades territoriales investigadas, junto a otras comandancias repartidas por distintos puntos de España.
Posteriormente, en mayo de 2023, este periódico informó de que la jueza instructora había ampliado las investigaciones al apreciar indicios de posibles delitos de cohecho relacionados con las adjudicaciones.
El cuartel de Tarazona de la Mancha también apareció en la causa
Uno de los episodios que vinculó de manera más concreta esta investigación con la provincia de Albacete estuvo relacionado con el cuartel de la Guardia Civil de Tarazona de la Mancha.
El Digital de Albacete informó el 24 de octubre de 2023 de que la jueza había acordado aplazar determinadas actuaciones previstas para mejorar la eficiencia energética de varias instalaciones del instituto armado, entre ellas la situada en este municipio albaceteño.
El objetivo de aquella decisión era preservar la situación de las instalaciones mientras se elaboraban informes periciales relacionados con las obras investigadas.
La medida formaba parte de las diligencias encaminadas a determinar el estado real de determinados trabajos de rehabilitación y comprobar su correspondencia con las actuaciones contratadas y facturadas.
Un año de prisión para cada acusado, según solicita la Fiscalía
El Ministerio Fiscal ha solicitado la imposición de un año de prisión a Pedro Vázquez Jarava y otro año a Ángel Ramón Tejera de León por un delito de cohecho.
La Abogacía del Estado y las acusaciones ejercidas por asociaciones profesionales de la Guardia Civil también han respaldado la petición de responsabilidad penal.
Por su parte, las defensas habían solicitado la absolución de los acusados y cuestionaron durante el juicio la interpretación de las relaciones personales y profesionales entre el teniente general y el empresario.
Los abogados sostuvieron que las recomendaciones del mando no equivalían a órdenes de contratación y rechazaron que existiera una relación delictiva vinculada a las adjudicaciones.
Tras conocerse el veredicto, las defensas anunciaron su intención de recurrir la resolución judicial que finalmente se dicte y plantearon argumentos relacionados con la duración del procedimiento.
Los miembros del jurado también expresaron su oposición a una eventual suspensión de las penas y a la concesión de un indulto, aunque estas manifestaciones no sustituyen las decisiones que corresponden a los órganos judiciales competentes.
La asociación de guardias civiles que ejerció la acusación popular celebra el veredicto
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), personada como acusación popular en el procedimiento, ha valorado el veredicto unánime del jurado y ha reclamado mayores controles sobre la contratación de obras en instalaciones del instituto armado.
La organización considera especialmente grave que los hechos investigados estén relacionados con fondos destinados al mantenimiento y mejora de edificios donde prestan servicio agentes de la Guardia Civil y, en numerosos casos, residen sus familias.
AUGC ha destacado que se trata de la primera ocasión en la que un mando de este rango es juzgado y declarado culpable por corrupción dentro de la Guardia Civil.
La asociación también ha defendido la necesidad de reforzar la transparencia en las adjudicaciones y los mecanismos de supervisión de los trabajos contratados.
A la espera de la sentencia definitiva
El procedimiento judicial entra ahora en una nueva fase. Después del veredicto de culpabilidad emitido por el jurado popular, corresponde al magistrado presidente de la Audiencia Provincial de Madrid redactar la sentencia, que deberá concretar las penas y los demás pronunciamientos correspondientes.
La resolución podrá ser objeto de los recursos previstos legalmente, por lo que todavía no existe una condena firme derivada de este veredicto.
Para la provincia de Albacete, la decisión representa un nuevo capítulo de una investigación que comenzó a tener repercusión pública en 2023 y que alcanzó a contratos de obras en distintas instalaciones de la Guardia Civil.
Más de tres años después de que El Digital de Albacete informara de las primeras investigaciones que afectaban a la Comandancia provincial, el caso Cuarteles ha desembocado en un veredicto unánime de culpabilidad por cohecho contra un teniente general retirado y un empresario. La futura sentencia permitirá conocer el alcance definitivo de las responsabilidades penales declaradas en el procedimiento.
