La Policía Nacional contará con nuevas herramientas informáticas para investigar empresas, conocer sus vinculaciones societarias y consultar determinados datos económicos y patrimoniales. El Ministerio del Interior y el Colegio de Registradores de España han firmado un convenio que amplía los servicios electrónicos disponibles para los investigadores policiales, incluyendo sistemas para identificar sociedades sucesoras, acceder a información concursal y comprobar determinadas características financieras de las compañías.
El acuerdo, publicado este martes, 20 de octubre de 2026, en el Boletín Oficial del Estado (BOE), sustituye al convenio suscrito en marzo de 2020 y prorrogado en 2024. La novedad no consiste en permitir por primera vez a la Policía consultar propiedades o identificar a los verdaderos dueños de las empresas, puesto que esas posibilidades ya estaban contempladas en el acuerdo anterior, sino en ampliar las herramientas disponibles e integrar nuevos servicios automatizados de información registral.
La Policía podrá identificar sociedades sucesoras y conocer sus vinculaciones
Una de las novedades más relevantes del convenio es la incorporación de un servicio específico para identificar sociedades sucesoras y sucedidas mediante el número de identificación fiscal (NIF).
Esta herramienta permitirá consultar relaciones de sucesión entre compañías a partir de la información disponible en el Registro Mercantil, facilitando el seguimiento de determinadas operaciones y transformaciones empresariales.
El sistema se integrará en los servicios telemáticos de consulta mercantil, de modo que los funcionarios autorizados puedan acceder a la información mediante las aplicaciones informáticas previstas en el convenio.
Se trata de una funcionalidad especialmente útil en investigaciones económicas donde intervienen distintas sociedades y resulta necesario reconstruir sus relaciones jurídicas.
El convenio también mantiene el acceso a la información sobre los titulares reales de las empresas, es decir, las personas físicas que ostentan su propiedad o control en los términos establecidos por la legislación. Esta posibilidad ya existía en el acuerdo de 2020, que contemplaba consultas sobre las sociedades en las que una persona aparecía como titular real y sobre las cadenas de control empresarial.
Nuevas consultas sobre empresas en crisis y su situación económica
El nuevo documento incorpora otra herramienta denominada Servicio KD, destinada a verificar automáticamente determinadas características de las sociedades mercantiles.
Entre las comprobaciones previstas figura determinar si una compañía reúne los requisitos legales para ser considerada pequeña o mediana empresa (pyme), así como comprobar si tiene la consideración de empresa en crisis conforme a la normativa europea.
Para realizar estas verificaciones, el sistema podrá utilizar información registrada sobre el número medio de trabajadores, el volumen de negocio y distintas partidas de las cuentas de pérdidas y ganancias y de los balances empresariales.
La herramienta devolverá los resultados de las comprobaciones y, cuando no se cumplan determinados criterios, facilitará los valores que hayan motivado esa conclusión.
El servicio también contempla respuestas específicas cuando no exista información suficiente para efectuar alguna de las verificaciones solicitadas.
Esta nueva funcionalidad permitirá a la Policía obtener comprobaciones estructuradas sobre determinadas circunstancias empresariales sin tener que realizar manualmente todos los cálculos a partir de las cuentas depositadas.
Acceso automatizado a información sobre concursos de acreedores
El convenio incorpora expresamente la consulta del Registro Público Concursal mediante una interfaz de conexión entre los sistemas informáticos.
Este registro reúne información oficial sobre procedimientos concursales y determinadas actuaciones relacionadas con la insolvencia de empresas y otras personas obligadas.
La incorporación del nuevo canal permitirá a la Dirección General de la Policía consultar electrónicamente esos datos dentro de las funciones que tiene legalmente atribuidas.
El acuerdo también contempla el acceso automatizado al Portal de Datos Abiertos del Registro Mercantil, una plataforma que facilita información sobre sociedades inscritas y determinados datos empresariales.
Estas herramientas se suman a los sistemas tradicionales de publicidad registral, ampliando las posibilidades de consulta electrónica que ya existían bajo el convenio anterior.
Información sobre viviendas, terrenos y bienes registrados
La colaboración entre Interior y el Colegio de Registradores mantiene los servicios de consulta sobre propiedades inmobiliarias y entidades mercantiles, pero actualiza los medios técnicos utilizados para solicitar esa información.
A través del Registro de la Propiedad, la Policía podrá obtener notas simples informativas sobre inmuebles, terrenos y derechos inscritos mediante los servicios habilitados.
El Registro Mercantil continuará proporcionando información sobre las sociedades y su situación registral, mientras que el nuevo convenio incluye expresamente el acceso a datos del Registro de Bienes Muebles.
Para las consultas de información inmobiliaria y mercantil se prevé la utilización de interfaces de programación de aplicaciones, conocidas como API, o el acceso mediante la sede electrónica del Colegio de Registradores.
En el caso del Registro de Bienes Muebles, el convenio establece que las consultas se realizarán a través de la sede electrónica.
Esta combinación de servicios permitirá utilizar diferentes canales de acceso según la naturaleza de los datos y las necesidades de las actuaciones policiales.
El acuerdo sustituye al que estaba vigente desde 2020
La Policía Nacional ya disponía desde hace años de mecanismos de colaboración con los registradores para obtener información sobre propiedades y empresas.
El convenio de marzo de 2020 había establecido servicios telemáticos para consultar la titularidad real de sociedades mercantiles, conocer en qué compañías figuraba una persona como titular real y examinar determinadas cadenas de control empresarial.
También permitía realizar solicitudes electrónicas de información registral.
El nuevo acuerdo amplía ese marco mediante servicios adicionales sobre sociedades sucesoras, datos mercantiles abiertos, procedimientos concursales y verificaciones automatizadas de características empresariales.
Por tanto, la principal diferencia se encuentra en la variedad de información estructurada disponible y en la modernización de los sistemas informáticos que permiten consultarla.
La renovación no supone que la Policía adquiera una facultad general para investigar indiscriminadamente el patrimonio de los ciudadanos ni elimina los requisitos legales que deben respetarse en las actuaciones policiales.
Los accesos estarán identificados y sometidos a controles
El convenio establece condiciones de seguridad para utilizar los servicios registrales y limita su acceso a las personas autorizadas por la Dirección General de la Policía.
Los usuarios deberán identificarse mediante los sistemas de autenticación establecidos, y las consultas estarán sujetas a mecanismos de control y trazabilidad.
La información obtenida tendrá que utilizarse exclusivamente en el ejercicio de las competencias legalmente atribuidas a los funcionarios policiales, respetando las exigencias de confidencialidad y protección de datos.
El acuerdo contempla también la responsabilidad de la Dirección General de la Policía sobre el uso adecuado de la información y la adopción de las medidas técnicas necesarias para garantizar la seguridad de las comunicaciones.
Las consultas comprendidas en el convenio seguirán estando exentas de honorarios registrales para la Policía Nacional, una condición que ya estaba contemplada en el acuerdo anterior.
Cuatro años de vigencia y posibilidad de prórroga
El convenio fue firmado el 9 de octubre de 2026 entre la Secretaría de Estado de Seguridad y el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España.
La Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior ordenó su publicación mediante una resolución fechada el 15 de octubre, incorporada al BOE del día 20.
El acuerdo tendrá una vigencia inicial de cuatro años desde que adquiera eficacia jurídica, con posibilidad de prórroga por un periodo adicional de hasta otros cuatro años.
La entrada en eficacia del nuevo convenio supondrá también la extinción del anterior, firmado en 2020 y prorrogado en 2024.
La renovación permitirá a la Policía Nacional utilizar un conjunto más amplio de herramientas de consulta sobre empresas, propiedades y procedimientos económicos, con especial atención a las relaciones entre sociedades, la información concursal y las verificaciones automatizadas de datos mercantiles.
