Tres personas se enfrentan a penas de prisión por la construcción de una ampliación de vivienda sin licencia urbanística en un terreno rústico de Hellín (Albacete). La Fiscalía considera que las obras no podían legalizarse debido a las características de la parcela y solicita, además de penas de cárcel y multas económicas, la demolición de lo construido y la restitución del terreno a su estado original, todo ello a costa de los acusados.
El juicio está señalado para este miércoles, 21 de octubre, en el Juzgado de lo Penal Número 2 de Albacete. Dos de los procesados están acusados también de desobediencia por incumplir una orden municipal de paralización de las obras, dictada por el Ayuntamiento de Hellín en agosto de 2017.
Una ampliación de vivienda en suelo rústico y sin licencia
Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso El Digital de Albacete, los hechos ocurrieron en una fecha no determinada, pero anterior a agosto de 2017, en una parcela situada en el paraje Carril Nuevo, dentro del término municipal de Hellín.
La Fiscalía sostiene que dos de los acusados, titulares de los terrenos, promovieron la construcción de una ampliación de vivienda que incluía planta baja y primera planta, sin haber solicitado previamente la correspondiente licencia urbanística.
En la ejecución de las obras intervino también un tercer acusado, que actuó como constructor y que ahora deberá responder igualmente ante la Justicia.
El problema no se limitaba a la ausencia de autorización municipal. Según el Ministerio Fiscal, la construcción se realizó sobre suelo rústico de reserva, categoría 60, en una parcela cuya superficie era insuficiente para permitir legalmente una vivienda de esas características.
En concreto, el terreno tenía una extensión aproximada de 1.290 metros cuadrados, mientras que la superficie mínima exigida para construir una vivienda en esa clase de suelo era de una hectárea, equivalente a 10.000 metros cuadrados.
Esta diferencia lleva a la Fiscalía a considerar que la construcción tenía carácter no legalizable, puesto que la superficie de la parcela era considerablemente inferior a la requerida por la normativa urbanística.
El Ayuntamiento de Hellín ordenó paralizar las obras en agosto de 2017
La actuación urbanística dio lugar a la intervención del Ayuntamiento de Hellín, que adoptó medidas para detener los trabajos.
Según recoge el escrito de acusación, el 16 de agosto de 2017, la Concejalía Delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de Hellín dictó una resolución por la que ordenaba la paralización inmediata de los actos constructivos hasta que se obtuvieran los permisos preceptivos.
La orden iba dirigida a uno de los titulares de los terrenos y a los demás interesados en las obras, con el objetivo de impedir que continuara una construcción que carecía de las autorizaciones correspondientes. Sin embargo, según la Fiscalía, la orden municipal no fue cumplida.
El Ministerio Público sostiene que los trabajos continuaron pese al requerimiento del Ayuntamiento. De hecho, un informe técnico urbanístico elaborado posteriormente advirtió de que las obras se encontraban completamente terminadas, a pesar de que existía una resolución municipal que había ordenado detenerlas.
Esta circunstancia constituye uno de los aspectos fundamentales de la acusación, ya que, además del presunto delito urbanístico, la Fiscalía atribuye a dos de los procesados un delito de desobediencia.
Hasta dos años de prisión para dos de los acusados
El Ministerio Fiscal considera que los hechos constituyen un delito contra la ordenación del territorio, previsto en el artículo 319 del Código Penal, y atribuye su autoría a las tres personas procesadas.
Por este delito solicita para cada una de ellas 18 meses de prisión, además de una multa de 14 meses, con una cuota diaria de 12 euros.
La acusación reclama igualmente que los tres procesados sean inhabilitados durante dos años para ejercer profesiones u oficios relacionados con la promoción, construcción o dirección técnica de obras de urbanización y edificación. Sin embargo, las penas solicitadas no son idénticas para los tres acusados.
En el caso de los dos titulares de los terrenos, la Fiscalía añade una petición de seis meses de prisión por un delito de desobediencia, debido al presunto incumplimiento de la orden municipal de paralización.
De esta manera, la petición total de prisión alcanza dos años para cada uno de los dos titulares, mientras que para el constructor se solicitan 18 meses por el delito contra la ordenación del territorio.
El escrito también contempla la responsabilidad personal subsidiaria correspondiente en caso de impago de las multas y la imposición de las costas procesales.
La Fiscalía reclama demoler la construcción y devolver el terreno a su estado original
Más allá de las penas de prisión y las multas, la acusación del Ministerio Fiscal incluye una medida de especial trascendencia para los implicados: la demolición de la ampliación de vivienda objeto del procedimiento.
La Fiscalía solicita expresamente que se acuerde el derribo de la construcción ejecutada en el paraje Carril Nuevo, de conformidad con lo establecido en el artículo 319.3 del Código Penal.
También reclama que los terrenos sean restituidos a su estado original, eliminando las alteraciones ocasionadas por las obras realizadas sin autorización urbanística.
Según el escrito de acusación, todos los gastos derivados de la demolición y de la reposición de la realidad física alterada deberán ser asumidos por los acusados, en caso de que prospere la petición del Ministerio Fiscal.
Además, la Fiscalía interesa la apertura de una pieza separada de responsabilidad civil y la exigencia de una fianza suficiente para garantizar que los procesados puedan hacer frente a las obligaciones económicas que eventualmente se establezcan, incluidos los costes del derribo.
La demolición solicitada se refiere a la construcción objeto del procedimiento, descrita en el escrito como una ampliación de vivienda de planta baja y primera, sin que pueda concluirse de esa documentación que se esté reclamando necesariamente el derribo de otras edificaciones preexistentes en la parcela.
Un procedimiento judicial por unas obras iniciadas hace más de nueve años
El caso llega a juicio más de nueve años después de que el Ayuntamiento de Hellín ordenara paralizar las obras.
Durante este tiempo, las actuaciones han dado lugar a un procedimiento penal en el que se examinará tanto la legalidad urbanística de la construcción como el presunto incumplimiento de la resolución municipal.
La Fiscalía mantiene que los tres acusados participaron en la ejecución de una obra no legalizable sobre suelo rústico y que dos de ellos desobedecieron las instrucciones del Ayuntamiento para impedir su continuación.
Será ahora el Juzgado de lo Penal Número 2 de Albacete el encargado de determinar si los hechos constituyen los delitos atribuidos por el Ministerio Fiscal y si procede imponer las penas solicitadas, así como acordar la demolición de la construcción y la recuperación de los terrenos a su situación anterior.
