La Guardia Civil ha adquirido un avanzado sistema tecnológico destinado a realizar registros informáticos remotos de teléfonos móviles, con capacidad para acceder a sus contenidos y comunicaciones. La operación supone una inversión de 2,5 millones de euros, impuestos incluidos, y afecta a dispositivos que utilizan los sistemas operativos Android e iOS, este último presente en los iPhone de Apple.
Así consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este lunes, 19 de octubre de 2026, que publica la formalización de un contrato tramitado por la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. La documentación oficial revela que la adquisición se ha llevado a cabo mediante un procedimiento negociado sin publicidad, al que concurrió una única empresa.
El sistema contratado permitirá realizar operaciones de investigación informática a distancia sobre teléfonos móviles en el marco de los procedimientos contemplados por la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Su descripción técnica contempla expresamente la posibilidad de alojar software en los terminales investigados y acceder a la información almacenada, así como a las comunicaciones de los dispositivos.
Un sistema para acceder a contenidos y comunicaciones de teléfonos móviles
El contrato tiene por objeto la adquisición de un sistema de registro y despliegue rápido destinado a la realización de registros remotos informáticos sobre dispositivos móviles.
La propia Guardia Civil especifica en la descripción del suministro que la herramienta debe ser compatible con teléfonos Android e iOS y permitir el acceso transparente a sus contenidos y comunicaciones.
Este tipo de tecnología se enmarca en las herramientas de investigación digital utilizadas para obtener información de dispositivos electrónicos bajo las condiciones establecidas por la legislación procesal penal.
Sin embargo, la documentación publicada no detalla todas las funcionalidades concretas del producto, su fabricante tecnológico ni los métodos empleados para instalar el software en los terminales. Tampoco permite determinar si la herramienta necesita algún tipo de acceso físico previo al dispositivo en determinadas circunstancias.
Lo que sí confirma el contrato es que la Guardia Civil ha adquirido un sistema específicamente destinado a realizar registros informáticos remotos, una técnica de investigación diferente del análisis forense convencional de un teléfono intervenido físicamente.
Un contrato de 2,5 millones de euros adjudicado con una sola oferta
Uno de los aspectos más llamativos de la operación es su importe. La adquisición se ha formalizado por 2.066.115,70 euros sin IVA, lo que supone un desembolso total de 2.500.000 euros con impuestos.
La empresa adjudicataria es Fortier Europe, S.L.U., una sociedad con domicilio en Boadilla del Monte (Madrid), que figura identificada como pequeña o mediana empresa en el anuncio oficial.
La documentación del BOE confirma que solamente se recibió una oferta durante la tramitación del procedimiento, correspondiente a la empresa que finalmente obtuvo el contrato.
¿Por qué se adjudicó sin publicidad?
La Guardia Civil recurrió a un procedimiento negociado sin publicidad, una modalidad de contratación pública prevista legalmente para determinadas circunstancias.
En este caso, el organismo justifica su elección por la existencia de un proveedor único debido a la protección de derechos exclusivos.
Según recoge el BOE, el fabricante del equipo había otorgado a la empresa adjudicataria derechos exclusivos para suministrar y distribuir sus productos.
Esta circunstancia explica la justificación administrativa utilizada para no tramitar una convocatoria pública ordinaria abierta a distintos competidores. No obstante, la documentación publicada no identifica expresamente al fabricante de la solución tecnológica.
Los criterios de adjudicación contemplaban un peso del 95 % para el precio y del 5 % para la ampliación del plazo de garantía.
¿Puede la Guardia Civil acceder al móvil de cualquier ciudadano?
La adquisición de esta tecnología no significa que los agentes puedan acceder libremente al contenido de cualquier teléfono.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal regula los registros remotos sobre equipos informáticos y establece garantías específicas para su utilización durante las investigaciones penales.
En particular, el artículo 588 septies a contempla la posibilidad de autorizar judicialmente el uso de datos de identificación y códigos, así como la instalación de software que permita examinar a distancia y de forma telemática el contenido de determinados dispositivos electrónicos.
Esta medida requiere una resolución judicial motivada y está limitada a los supuestos previstos legalmente, entre ellos determinadas investigaciones relacionadas con organizaciones criminales, terrorismo y otros delitos expresamente contemplados en la legislación.
La autorización judicial debe concretar, entre otros extremos, el alcance de la investigación, los dispositivos afectados y las condiciones de acceso a la información.
Por tanto, las capacidades técnicas del sistema adquirido no eliminan las garantías legales que protegen la intimidad y el secreto de las comunicaciones de los ciudadanos.
¿Quién está detrás de la empresa que ha vendido el sistema a la Guardia Civil?
La empresa adjudicataria, Fortier Europe, S.L.U., no es una desconocida en el ámbito de los contratos públicos relacionados con la seguridad y la investigación policial. Constituida en marzo de 2011 y con sede en Boadilla del Monte (Madrid), la sociedad aparece en numerosas adjudicaciones del Ministerio del Interior para suministrar tecnologías especializadas destinadas a las fuerzas de seguridad del Estado.
Uno de los datos más llamativos de su trayectoria es el volumen económico de sus contratos públicos. Según los registros recopilados por la plataforma de contratación FaroPúblico, Fortier Europe figura como adjudicataria de al menos 13 contratos que suman aproximadamente 15,6 millones de euros sin IVA.
Contratos para sistemas GPS, grabación y localización de teléfonos móviles
El historial de Fortier Europe permite conocer qué tipo de tecnología suministra a las fuerzas de seguridad. Entre las adjudicaciones identificadas aparecen equipos de grabación de audio, dispositivos de posicionamiento GPS, sistemas portátiles de localización de terminales móviles y herramientas de análisis de señales empleadas en investigaciones policiales.
Solo durante 2026, la compañía figura como adjudicataria de distintos suministros tecnológicos. Entre ellos destaca un contrato de 743.802 euros sin IVA para dos sistemas portátiles de localización y obtención de información de terminales móviles, adjudicado en agosto, así como otro de 495.570 euros para dispositivos de captura de audio y posicionamiento GPS, adjudicado en octubre.
También aparece un contrato de 813.900 euros para un sistema de transmisión de datos destinado a investigaciones de la Guardia Civil, además de una adquisición de 249.800 euros relacionada con una red segura y dispositivos de vigilancia discreta para la Unidad Central Operativa (UCO).
Estos antecedentes sitúan a Fortier Europe entre los proveedores de equipamiento tecnológico especializado utilizado en investigaciones policiales. No obstante, los registros de contratación no permiten concluir que la empresa fabrique directamente todos los dispositivos y programas que suministra.
Una relación contractual con Interior que se remonta a hace casi una década
La presencia de Fortier Europe en la contratación pública relacionada con la seguridad no es reciente. Ya en 2017 obtuvo un contrato para suministrar cinco sistemas de grabación de audio con descarga mediante radiofrecuencia, por un importe de 17.700 euros sin impuestos.
Posteriormente, en 2020, aparece como adjudicataria de un contrato de mantenimiento de la plataforma EGOBOX para la Guardia Civil por 99.130 euros. Su trayectoria también incluye contratos relacionados con la plataforma EGONEXT, vinculada al uso de equipamiento tecnológico para tareas de investigación y vigilancia.
Entre las adjudicaciones posteriores figura una operación de 421.480 euros, en septiembre de 2024, destinada a ampliar capacidades mediante equipamiento audiovisual. Estos antecedentes reflejan una relación comercial prolongada entre la empresa y distintos órganos de contratación vinculados a las fuerzas de seguridad.
