El Banco de España ha impuesto sanciones que suman 2.773.000 euros a Banco de Crédito Social Cooperativo, entidad cabecera del Grupo Cooperativo Cajamar, y a 19 de sus cargos de administración y dirección por incumplimientos relacionados con sus políticas de remuneraciones. Las multas fueron publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 5 de agosto de 2026, después de que adquirieran firmeza en vía administrativa.
La sanción más elevada corresponde a la propia entidad financiera, con una multa de dos millones de euros, mientras que los otros 773.000 euros se reparten entre los responsables incluidos en el expediente. La resolución del Banco de España, adoptada el 24 de febrero de 2025, considera acreditada una infracción grave de la normativa que regula las remuneraciones de las entidades de crédito.
Qué irregularidades detectó el Banco de España
El expediente sancionador tiene su origen en incumplimientos de las obligaciones relacionadas con las políticas retributivas del banco y, concretamente, con el tratamiento de determinados compromisos por pensiones.
Según la resolución oficial, Banco de Crédito Social Cooperativo no había considerado al menos el 15 % de los compromisos por pensiones correspondientes al denominado colectivo identificado como retribución variable, tal y como exigía la normativa aplicable.
Este colectivo comprende a profesionales cuyas funciones pueden tener una incidencia importante en el perfil de riesgo de una entidad financiera. Las reglas sobre sus remuneraciones persiguen que los sistemas de incentivos sean compatibles con una gestión prudente de los riesgos.
El Banco de España encuadró los hechos en una infracción grave de la Ley 10/2014, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. La resolución precisa que los incumplimientos no alcanzaban la especial significación contemplada por la normativa atendiendo a la importancia de las disposiciones infringidas y a la situación económico-financiera de la entidad.
Multas individuales a consejeros y directivos
Además de la sanción de dos millones de euros impuesta al banco, el organismo supervisor acordó multas individuales para 19 responsables de la entidad, entre ellos miembros del consejo de administración, el consejero delegado y el director general de Recursos Humanos.
La sanción individual más elevada asciende a 75.000 euros y corresponde a Manuel Yebra Sola, en su condición de consejero delegado. También figuran multas de 55.000 euros a Bernabé Sánchez Minguet y Luis Rodríguez González, así como otras sanciones de entre 15.000 y 50.000 euros para los restantes responsables.
En conjunto, las multas personales ascienden a 773.000 euros, una cantidad que, sumada a los dos millones impuestos a la entidad, eleva el importe total de las sanciones publicadas a 2.773.000 euros.
La entidad sancionada pertenece al Grupo Cajamar
Banco de Crédito Social Cooperativo es la entidad cabecera del Grupo Cooperativo Cajamar, uno de los principales grupos financieros cooperativos españoles, al que pertenece Cajamar Caja Rural.
Por tanto, aunque la sanción no se impone directamente a Cajamar Caja Rural como entidad jurídica independiente, sí afecta a la sociedad que ejerce las funciones de dirección y coordinación del grupo financiero.
La estructura del grupo sitúa a Banco de Crédito Social Cooperativo como responsable de funciones estratégicas, de supervisión y coordinación de las entidades que lo integran, lo que otorga especial relevancia a la resolución del Banco de España.
Las sanciones están recurridas ante la Justicia
El procedimiento sancionador comenzó el 24 de mayo de 2024 y concluyó mediante resolución del Consejo de Gobierno del Banco de España de 24 de febrero de 2025. Su publicación en el BOE se produjo el 5 de agosto de 2026, una vez adquirida firmeza en vía administrativa y finalizado el incidente judicial cautelar relacionado con la publicidad de las sanciones.
No obstante, el propio organismo supervisor advierte expresamente de que las sanciones han sido recurridas judicialmente y, por tanto, todavía no son firmes en sede jurisdiccional.
Esta circunstancia significa que, aunque la resolución administrativa permite hacer públicas las multas, los tribunales todavía pueden pronunciarse sobre ellas. No consta en la resolución publicada el resultado definitivo de esos recursos judiciales.
