Un entramado de operaciones inmobiliarias, facturas por trabajos presuntamente inexistentes, adquisiciones de vehículos de alta gama y numerosos ingresos bancarios de origen supuestamente injustificado ha desembocado en un macrojuicio por blanqueo de capitales que también tiene ramificaciones en la provincia de Albacete. Tarazona de la Mancha figura entre los municipios investigados por la Fiscalía, que atribuye a varios de los procesados maniobras destinadas a introducir en el circuito económico legal dinero que presuntamente procedía del tráfico de drogas.
El procedimiento, tal y como adelanta El Digital de Cuenca, sentará en el banquillo a 14 acusados para los que el Ministerio Público solicita un total de 56 años de prisión y multas que ascienden conjuntamente a 4.025.493 euros. El juicio se celebrará ante la Audiencia Provincial de Cuenca los próximos 19 y 26 de octubre, a partir de las 10:00 horas, y permitirá examinar operaciones económicas realizadas principalmente durante la primera década de los años 2000.
La causa tiene su origen en unas diligencias abiertas en 2008 por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Motilla del Palancar. El escrito de acusación de la Fiscalía está fechado en octubre de 2015, por lo que el juicio llega después de una tramitación judicial extraordinariamente prolongada.
Facturas por más de 227.000 euros e ingresos de otros 237.500 euros en efectivo
Una de las ramificaciones del procedimiento sitúa el foco sobre Tarazona de la Mancha. Según sostiene la Fiscalía, uno de los acusados habría utilizado su actividad relacionada con la construcción para justificar movimientos económicos cuyo verdadero origen sería ilícito.
El Ministerio Público le atribuye la expedición, entre 2002 y 2007, de facturas correspondientes a trabajos supuestamente no realizados por un importe de 227.308 euros. A estas operaciones se añadirían ingresos en efectivo efectuados en distintas cuentas bancarias por un total de 237.500 euros, cuya procedencia considera injustificada.
La investigación también examina diferentes adquisiciones patrimoniales realizadas por este acusado. Entre ellas figura la compra, en junio de 2002, del 50% de un solar de 199 metros cuadrados situado en Tarazona de la Mancha. El valor conjunto del terreno y de la edificación levantada sobre él ascendía a 124.150 euros.
El escrito fiscal incorpora igualmente la adquisición de la mitad de un piso situado en L’Alcora, en la provincia de Castellón, y la compra de un vehículo BMW valorado en más de 31.000 euros.
Una vivienda, 194.000 euros en ingresos y varios vehículos de alta gama
Otro de los acusados también aparece vinculado a operaciones realizadas en Tarazona de la Mancha. En su caso, la Fiscalía sostiene que entre 2003 y 2007 efectuó ingresos bancarios en efectivo que alcanzaron los 194.000 euros, unas cantidades cuya procedencia es objeto de investigación.
El Ministerio Público relaciona estos movimientos con la construcción de una vivienda sobre la mitad de un solar perteneciente a su padre, situado igualmente en Tarazona de la Mancha. Según recoge la acusación, el procesado habría abonado 72.000 euros al constructor encargado de ejecutar los trabajos.
A estas operaciones se sumaría la posterior adquisición de participaciones en una finca rústica y una casa de labor. La relación de bienes examinados por la Fiscalía incluye también dos vehículos Audi A4 y una furgoneta Mercedes-Benz Vito adquiridos durante aquellos años.
Estas operaciones forman parte de la tesis acusatoria que deberá ser examinada durante el juicio. Corresponderá al tribunal determinar si los movimientos patrimoniales respondían a actividades lícitas o si, como sostiene el Ministerio Público, estaban destinados a ocultar dinero procedente del tráfico de estupefacientes.
Una trama con viviendas, solares y facturas por cientos de miles de euros
Las operaciones relacionadas con la provincia de Albacete constituyen una parte de un procedimiento judicial mucho más amplio, que alcanza a diferentes municipios de Castilla-La Mancha y otras comunidades autónomas.
En Casasimarro, provincia de Cuenca, la Fiscalía sostiene que uno de los procesados construyó en 2004 una vivienda sobre una parcela con el propósito de dar apariencia legal a fondos presuntamente procedentes del tráfico de drogas. La edificación fue valorada en 207.000 euros y el terreno en otros 38.350 euros.
La parcela había sido cedida por la madre del acusado, que también figura entre las personas procesadas. El Ministerio Público considera que conocía la supuesta vinculación de su hijo con el narcotráfico y que habría colaborado para facilitar la operación patrimonial.
Otro de los bloques más relevantes de la causa afecta a un acusado dedicado a la albañilería y pequeños trabajos de construcción. Según la Fiscalía, entre 2002 y 2007 habría emitido facturas por trabajos que nunca llegaron a realizarse por un importe de 682.712 euros.
A esta cantidad se sumarían otros 263.303 euros ingresados en diferentes cuentas bancarias, además de 57.900 euros en efectivo que habrían sido depositados en una cuenta perteneciente a su madre.
La acusación también examina operaciones relacionadas con un piso y un garaje en Quintanar del Rey, valorados conjuntamente en 68.166,79 euros, y la adquisición de un solar en el mismo municipio por 64.000 euros.
Precisamente para este procesado, la Fiscalía solicita la mayor multa individual de todo el procedimiento: 1.136.081 euros, además de cuatro años de prisión.
Propiedades a nombre de familiares y movimientos bancarios fraccionados
El escrito de acusación también describe operaciones inmobiliarias realizadas en municipios de la Comunidad de Madrid. En uno de los casos, la Fiscalía investiga la adquisición de una vivienda en Velilla de San Antonio por una persona que posteriormente fue condenada por tráfico de drogas.
Según la tesis del Ministerio Público, la propiedad pasó a figurar a nombre de familiares con el objetivo de ocultar quién era realmente su propietario. La investigación recoge asimismo sucesivos ingresos bancarios por un total de 38.706 euros y una operación hipotecaria de 264.039,26 euros formalizada en noviembre de 2007.
Otros procesados aparecen relacionados con la compra de vehículos Fiat, Audi y BMW, así como con la adquisición de parte de un despacho profesional en construcción en Las Rozas. También se examinan distintas viviendas compradas en Torrejón de Ardoz por familiares de varios investigados.
La Fiscalía sostiene que algunas de estas adquisiciones se realizaron sin disponer de ingresos conocidos suficientes para justificarlas y considera que podrían formar parte de una estrategia de ocultación patrimonial.
Cuatro años de prisión por acusado y multas millonarias
La Fiscalía considera que los hechos investigados son constitutivos de un delito de blanqueo de capitales y atribuye su autoría a las 14 personas que serán juzgadas ante la Audiencia Provincial de Cuenca.
Para cada una solicita cuatro años de prisión, lo que supone una petición conjunta de 56 años de cárcel. Las multas varían en función de las cantidades económicas atribuidas a los procesados y oscilan entre los 38.350 euros y los 1.136.081 euros.
El importe total reclamado alcanza exactamente los 4.025.493 euros, a los que se añade la petición de decomiso definitivo de los bienes sobre los que ya pesan medidas provisionales de esta naturaleza, además de las correspondientes costas procesales.
El juicio, señalado para los días 19 y 26 de octubre, permitirá examinar casi dos décadas después del inicio de la investigación una extensa relación de operaciones económicas que incluye viviendas, solares, fincas rústicas, vehículos de alta gama, facturas e ingresos bancarios.
Entre los escenarios de esas operaciones se encuentra Tarazona de la Mancha, donde la Fiscalía sitúa distintas adquisiciones inmobiliarias y movimientos de dinero que considera presuntamente vinculados al blanqueo de fondos procedentes del narcotráfico. Los catorce procesados deberán responder de las acusaciones ante el tribunal, que determinará si los hechos han quedado acreditados.
