Dos personas serán juzgadas este jueves, 15 de octubre, en el Juzgado de lo Penal Número 3 de Albacete acusadas de construir una vivienda ilegal en Hellín y continuar las obras pese a que el Ayuntamiento había ordenado expresamente su paralización. La Fiscalía solicita para cada una de ellas una pena de dos años de prisión, además de distintas multas económicas y la demolición de la construcción.
Según recoge el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, los hechos se remontan a 2014, cuando los dos acusados comenzaron a levantar una vivienda en una parcela de su propiedad situada en el paraje de La Nava, dentro del término municipal de Hellín. Las obras se realizaron sin contar con la preceptiva licencia urbanística y sobre unos terrenos en los que, según la acusación, la construcción no estaba permitida.
Una vivienda en una parcela de 4.285 metros cuadrados
La Fiscalía sitúa el inicio de los trabajos en una fecha indeterminada, aunque anterior al 14 de noviembre de 2014. La construcción se desarrollaba sobre una parcela de 4.285 metros cuadrados del paraje de La Nava, en suelo clasificado como rústico de reserva.
El escrito judicial señala que los propietarios comenzaron a levantar la vivienda sin disponer de autorización urbanística y sin que haya podido identificarse a la empresa o persona física que ejecutó materialmente los trabajos.
El Ministerio Fiscal considera que la edificación no podía ser autorizada ni legalizada porque incumplía los requisitos urbanísticos exigidos para ese tipo de suelo. Entre las irregularidades señaladas figuran la superficie mínima necesaria de la parcela y las distancias que deben respetarse respecto a los límites de las propiedades colindantes.
Estas circunstancias, según la acusación, impedían que la vivienda pudiera regularizarse mediante una autorización posterior.
El Ayuntamiento ordenó detener las obras, pero continuaron hasta terminar la casa
El 14 de noviembre de 2014, cuando la vivienda se encontraba todavía en una fase inicial de construcción, técnicos del Ayuntamiento de Hellín realizaron una inspección de las obras y levantaron un acta sobre las actuaciones que se estaban desarrollando.
A raíz de aquella inspección, el Consistorio inició un expediente de infracción urbanística contra el titular de la construcción y promotor de las obras.
Posteriormente, mediante una resolución de Alcaldía del 24 de noviembre de 2014, el Ayuntamiento ordenó la paralización inmediata de los trabajos. La decisión incluía el apercibimiento de adoptar medidas cautelares en caso de incumplimiento y, si fuera necesario, trasladar las actuaciones al Ministerio Fiscal.
Sin embargo, según sostiene la Fiscalía, los dos acusados tuvieron pleno conocimiento de la orden municipal y, pese a ello, hicieron caso omiso y continuaron construyendo la vivienda.
La acusación señala que las obras prosiguieron hasta su completa finalización, que tuvo lugar en una fecha no determinada, pero anterior a julio de 2015. De esta manera, la vivienda habría quedado terminada a pesar de la prohibición expresa dictada por el Ayuntamiento de Hellín.
Dos años de prisión para cada acusado y multas económicas
El Ministerio Fiscal considera que estos hechos constituyen dos delitos: uno contra la ordenación del territorio, contemplado en el artículo 319 del Código Penal, y otro de desobediencia, recogido en el artículo 556.
Por el primero de ellos, solicita para cada acusado una condena de dos años de prisión, además de una multa de 18 meses con una cuota diaria de diez euros. También reclama su inhabilitación especial durante dos años para ejercer actividades profesionales relacionadas con la promoción, construcción o dirección técnica de obras.
Por el delito de desobediencia, la Fiscalía solicita otra multa de doce meses, igualmente con una cuota diaria de diez euros.
En total, las penas económicas solicitadas ascienden a 9.000 euros por acusado, lo que supondría 18.000 euros entre ambos, además de las penas de prisión y las correspondientes costas procesales.
El escrito de acusación señala que ninguno de los dos procesados tenía antecedentes penales y no aprecia circunstancias modificativas de su responsabilidad criminal.
La Fiscalía también solicita que la vivienda sea demolida
Uno de los aspectos más relevantes del procedimiento es que el Ministerio Fiscal no se limita a solicitar penas de prisión y multas, sino que también reclama la demolición de la vivienda construida.
En aplicación del artículo 319.3 del Código Penal, la Fiscalía solicita que se ordene el derribo de la edificación ilegal, bien mediante su ejecución directa por los propios acusados o a costa de estos.
Además, interesa que se valoren pericialmente los gastos que podrían derivarse de la demolición y de la reposición del terreno a su estado anterior, con el objetivo de garantizar las responsabilidades civiles que pudieran establecerse.
Para el juicio, el Ministerio Fiscal propone la declaración de varios agentes de la Guardia Civil, de un inspector de obras del Ayuntamiento de Hellín y del arquitecto técnico municipal, quien deberá ratificar su informe sobre las irregularidades urbanísticas detectadas.
El procedimiento fue instruido inicialmente por el Juzgado de Instrucción Número 3 de Hellín, que abrió diligencias por estos hechos en mayo de 2019. Ahora, más de una década después del inicio de las obras, el caso llegará al Juzgado de lo Penal Número 3 de Albacete, que deberá determinar si los dos acusados incurrieron en los delitos que les atribuye la Fiscalía y si procede ordenar la demolición de la vivienda.
