La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, se encuentra en el centro de una polémica política después de conocerse que su pareja, el empresario Sergi Velez, dirige un grupo inmobiliario que gestiona al menos 30 pisos y apartamentos en alquiler y que, según una investigación publicada este martes, 13 de octubre, ha promovido varios procedimientos de desahucio contra inquilinos por impago. La dirigente socialista, que además declara tres propiedades inmobiliarias, ha defendido la legalidad de la actividad empresarial de su pareja y ha denunciado lo que considera un ataque personal.
La información, adelantada por el periodista Javier Chicote en el diario Artículo14, revela que Velez está al frente de Nest Capital, un conglomerado empresarial con sede en Lleida dedicado a la inversión inmobiliaria, la compra de edificios, su rehabilitación y posterior comercialización o alquiler. El empresario figura con cargos activos en once sociedades mercantiles y desarrolla una parte importante de su actividad en el mercado residencial.
Una empresa con 8,4 millones de euros en activos y varios procedimientos de desahucio
Una de las principales sociedades del grupo es Nest Capital Homes, dedicada a la explotación y arrendamiento de inmuebles. Según las cuentas correspondientes a 2025 recogidas por el citado periódico, la empresa contabiliza activos por valor de 8,4 millones de euros, de los que 6,3 millones corresponden a inversiones inmobiliarias valoradas contablemente.
La sociedad presenta una facturación anual cercana al medio millón de euros, cuenta con un empleado y declaró unos beneficios de 58.364 euros en su último ejercicio. Su actividad consiste, entre otras operaciones, en adquirir edificios, rehabilitarlos y destinar las viviendas resultantes al mercado del alquiler.
Sin embargo, uno de los aspectos que mayor controversia ha generado es que la compañía también ha recurrido a los tribunales para recuperar inmuebles ante situaciones de impago. Según fuentes relacionadas con el grupo empresarial citadas por Artículo14, se han promovido varios desahucios y llegaron a coincidir hasta tres procedimientos en tramitación simultáneamente.
La investigación no precisa cuántos desalojos llegaron a ejecutarse efectivamente ni aporta en la información publicada las resoluciones judiciales de cada caso. Tampoco se ha acreditado que dichos procedimientos fueran irregulares, por lo que debe distinguirse el recurso a los tribunales de cualquier posible vulneración de la normativa de vivienda.
Montse Mínguez también declara tres viviendas en propiedad
Al patrimonio inmobiliario gestionado por las empresas de Sergi Velez se suma el declarado por la propia portavoz socialista ante el Congreso de los Diputados. Según la información publicada por Artículo14 a partir de su declaración de bienes, Mínguez tiene participaciones de propiedad en tres viviendas situadas en Cataluña.
En concreto, la dirigente socialista declara una casa en Lleida adquirida en 2009, de la que posee el 50% de la propiedad. También figura como propietaria exclusiva de un piso con plaza de garaje y trastero en la misma ciudad desde 2026, además de contar con la mitad de un apartamento en Vila-seca, en Tarragona, recibido mediante herencia en 2005.
Estos inmuebles forman parte de su patrimonio personal declarado, mientras que la actividad de Nest Capital corresponde al entramado empresarial dirigido por su pareja. La investigación no acredita que la portavoz del PSOE tenga participaciones en dichas sociedades ni que haya intervenido personalmente en los procedimientos judiciales relacionados con los alquileres.
La portavoz del PSOE responde: «Es un ataque personal»
La publicación de estas informaciones ha provocado una reacción de Montse Mínguez, que este martes ha defendido públicamente el negocio de su pareja durante una entrevista en el programa Espejo Público, de Antena 3.
«A mí el ataque personal es lo peor que hay en política. Intentar vender que una empresa que es una empresa familiar lo está haciendo mal es mentir», ha manifestado la portavoz socialista, que ha insistido en que la actividad inmobiliaria se desarrolla conforme a la legislación vigente.
Mínguez ha asegurado que la compañía respeta la Ley de Vivienda y ha recordado que Lleida se encuentra entre los municipios catalanes declarados como zonas de mercado residencial tensionado, donde existen limitaciones legales a determinadas actualizaciones de las rentas.
«No vamos contra las empresas ni contra los propietarios. Lo que vamos a limitar es la subida del alquiler», ha afirmado la dirigente socialista, rechazando que la actividad empresarial de su pareja sea incompatible con las propuestas de vivienda defendidas por su formación política.
Polémica en plena campaña política centrada en la vivienda
La controversia llega en un momento en el que el PSOE ha situado el acceso a la vivienda, el incremento de los alquileres y la protección de los inquilinos frente a los desahucios entre sus principales prioridades políticas.
El reciente fallecimiento de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que había sido desalojada de la vivienda madrileña en la que llevaba décadas residiendo, ha intensificado el debate político y social sobre la actuación de los propietarios y las empresas dedicadas al alquiler residencial.
Precisamente, el Gobierno de Pedro Sánchez ha defendido nuevas medidas legislativas para limitar determinadas prácticas inmobiliarias y reforzar las garantías de los arrendatarios. Desde el Ejecutivo también se han dirigido críticas a sociedades propietarias de viviendas, especialmente a aquellas que promueven desalojos de personas vulnerables.
En este contexto, la información sobre las actividades de la pareja de Mínguez ha desencadenado críticas desde el Partido Popular. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reaccionado públicamente asegurando que la portavoz socialista tiene en su entorno un «fondo buitre», una calificación política que la información disponible no permite establecer como categoría jurídica de la empresa.
La portavoz del PSOE, por su parte, mantiene que la empresa familiar de su pareja desarrolla una actividad legal y rechaza las críticas dirigidas contra ella. El debate político se concentra así en la relación entre el discurso socialista sobre la vivienda, el patrimonio inmobiliario declarado por una de sus principales representantes y la actividad empresarial de su entorno familiar.
