La adjudicación de contratos públicos de transporte escolar en Castilla-La Mancha está bajo la lupa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El organismo ha abierto una investigación contra 11 empresas de transporte de viajeros, nueve directivos y dos asociaciones empresariales por la posible existencia de acuerdos para repartirse licitaciones, coordinar ofertas y fijar precios. Las pesquisas se centran en determinar si distintas compañías pudieron actuar de forma concertada para limitar la competencia en un servicio financiado con dinero público y del que dependen diariamente miles de estudiantes de la región.
La investigación, anunciada el 8 de octubre de 2026, tiene su origen en una comunicación de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Castilla-La Mancha. A partir de aquella información, Competencia comenzó a examinar posibles irregularidades en el funcionamiento del mercado del transporte escolar y discrecional de viajeros, una investigación que ha desembocado en la apertura del expediente sancionador S/0017/25.
El procedimiento alcanza tanto a compañías que prestan servicios de transporte como a responsables empresariales y organizaciones representativas del sector. Las prácticas examinadas podrían haber afectado a procedimientos de contratación de administraciones autonómicas y locales, así como a servicios encargados por clientes privados.
Bajo sospecha el reparto de licitaciones y la presentación de ofertas pactadas
Uno de los aspectos centrales de la investigación es determinar si las empresas pudieron llegar a acuerdos para decidir de antemano qué compañía debía resultar adjudicataria de determinados contratos. Este tipo de prácticas, conocidas como reparto de mercado o manipulación de licitaciones, pueden alterar el funcionamiento de los concursos públicos y reducir la competencia entre los operadores interesados en prestar un servicio.
Entre las conductas examinadas por Competencia figura la posible presentación de ofertas de cobertura, una fórmula mediante la cual varias empresas concurren aparentemente a una licitación, pero algunas presentan propuestas diseñadas para favorecer a otro participante. De acreditarse, este comportamiento permitiría simular una competencia que, en realidad, habría sido condicionada por acuerdos previos.
La CNMC también investiga posibles pactos para que determinadas compañías se abstuvieran de concurrir a concursos concretos, así como intercambios de información comercial estratégica entre empresas competidoras. Las pesquisas se extienden a eventuales recomendaciones de tarifas mínimas y acuerdos relacionados con los precios de los servicios de transporte discrecional.
Estas conductas podrían constituir infracciones de la Ley de Defensa de la Competencia, que prohíbe los acuerdos entre empresas destinados a restringir o falsear la competencia en el mercado. Su gravedad resulta especialmente relevante cuando afectan a procedimientos de contratación pública, en los que las administraciones deben seleccionar las ofertas de acuerdo con los requisitos y criterios establecidos en cada licitación.
La Junta de Castilla-La Mancha puso los hechos en conocimiento de Competencia
La actuación del organismo regulador arrancó después de recibir información de la Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Aquella comunicación dio lugar a una investigación sobre el comportamiento de distintas empresas que operan en el sector del transporte de viajeros por carretera.
Las pesquisas avanzaron durante 2025. En octubre de aquel año, inspectores de la CNMC realizaron actuaciones en las sedes de Compañía Europea de Viajeros España, S.A. y Autocares Marín Colmenero, S.L., dos de las sociedades que posteriormente han quedado incluidas en el procedimiento sancionador.
Las inspecciones formaban parte de las actuaciones de investigación destinadas a recabar documentación e información sobre las posibles prácticas anticompetitivas. La apertura del expediente anunciada ahora supone un nuevo paso administrativo en ese procedimiento, que continuará con el análisis de las conductas investigadas y de la eventual responsabilidad de las compañías y personas implicadas.
Once empresas de transporte y nueve directivos investigados
El expediente abierto por la CNMC incluye a Autocares Álvarez Serrano Hermanos, S.L.; Autocares Demetrio Álvarez e Hijos, S.L.; Autocares García Bus, S.L.; Autocares IM Gómez, S.L.; Autocares Marín Colmenero, S.L.; Compañía Europea de Viajeros España, S.A.; Jesús Álvarez Escobar, S.L.; Ramos Bus, S.L.; Ricardo y Navabus, S.L.; Te Llevo 2003, S.L.; y Victorino Álvarez, S.L.
Junto a estas once sociedades, Competencia ha incluido en el procedimiento a nueve directivos vinculados a diferentes compañías. La investigación se extiende igualmente a la Federación Regional de Transporte de Viajeros por Carretera de Castilla-La Mancha y a la Asociación Provincial de Transportistas de Viajeros por Carretera de Toledo.
La participación de asociaciones empresariales en el expediente tiene especial relevancia porque la investigación también examina posibles intercambios de información estratégica y recomendaciones relacionadas con las tarifas aplicadas en el sector.
En cualquier caso, la incoación del procedimiento no prejuzga su resultado ni supone que se haya acreditado la participación de las empresas, directivos o asociaciones en las conductas investigadas.
El transporte escolar, un servicio esencial para los pueblos de Albacete
La investigación tiene especial interés en una comunidad autónoma como Castilla-La Mancha, donde la dispersión geográfica y la existencia de numerosos municipios de pequeño tamaño hacen del transporte escolar un servicio fundamental para garantizar el acceso a la educación.
En la provincia de Albacete, las rutas escolares permiten cada día que estudiantes de distintas localidades y núcleos rurales se desplacen hasta los colegios e institutos en los que cursan sus estudios. La prestación de estos servicios exige una organización que incluye recorridos, horarios, vehículos y contratos adaptados a las necesidades de cada zona.
La Consejería de Educación articula la contratación del transporte escolar mediante procedimientos de adjudicación en los que las empresas interesadas presentan sus ofertas para prestar los servicios correspondientes. La competencia entre operadores constituye uno de los elementos esenciales de este sistema, tanto para garantizar la correcta utilización de los recursos públicos como para asegurar las condiciones de prestación del servicio.
Precisamente por ello, las prácticas que ahora examina la CNMC tienen una especial trascendencia. Un eventual reparto de contratos entre empresas competidoras podría condicionar el resultado de las licitaciones y alterar las condiciones económicas en las que las administraciones contratan el transporte de los estudiantes.
La investigación también abarca el transporte discrecional de viajeros, un mercado que incluye servicios contratados para desplazamientos colectivos fuera de las líneas regulares.
Multas millonarias si se acreditan las prácticas investigadas
Los acuerdos entre empresas competidoras para repartirse mercados, coordinar ofertas o fijar precios pueden constituir infracciones muy graves de la legislación española de defensa de la competencia.
La Ley 15/2007 contempla para las infracciones muy graves multas de hasta el 10% del volumen de negocios total mundial de la empresa infractora, calculadas conforme a los criterios establecidos legalmente. Asimismo, prevé la posibilidad de imponer sanciones económicas a determinados representantes legales o directivos que hayan intervenido en las conductas sancionadas.
La cuantía de cualquier eventual multa dependería de la gravedad y duración de los hechos, de la responsabilidad acreditada y del resto de circunstancias que deban valorarse durante el procedimiento.
La apertura del expediente no constituye una declaración de culpabilidad. Las empresas, directivos y asociaciones investigados disponen de las garantías y derechos de defensa previstos en la legislación administrativa.
Competencia trata de esclarecer cómo funcionaba el mercado del transporte escolar
La CNMC deberá determinar ahora si los indicios que han motivado la apertura del expediente se corresponden con acuerdos contrarios a la competencia y si existió una coordinación entre operadores para alterar el funcionamiento de las licitaciones públicas o de otros servicios de transporte.
El procedimiento pone el foco en una actividad especialmente sensible para Castilla-La Mancha, tanto por su vinculación con la prestación de un servicio educativo esencial como por el volumen de contratación que implica el transporte diario de estudiantes en una comunidad con numerosos núcleos de población dispersos.
La investigación continuará con la tramitación del expediente sancionador y el examen de las posibles responsabilidades. Su resultado determinará si existieron prácticas anticompetitivas en el sector y, en su caso, qué consecuencias administrativas corresponden a las empresas, directivos y asociaciones implicados.
