Un agricultor de Castilla-La Mancha deberá afrontar una sanción de 152.414,54 euros después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha haya rechazado el recurso con el que pretendía anularla alegando, entre otras cuestiones, que los errores cometidos en sus declaraciones eran responsabilidad del asesor fiscal al que había confiado la gestión de sus obligaciones tributarias.
El procedimiento tiene su origen en una inspección de la Agencia Tributaria sobre el IRPF correspondiente a varios ejercicios. El contribuyente y su esposa desarrollaban actividades agrícolas y compartían medios materiales y humanos, aunque tributaban mediante sistemas diferentes para determinar el rendimiento obtenido en sus respectivas explotaciones.
Hacienda detectó una llamativa diferencia entre las hectáreas y los ingresos declarados
Durante las comprobaciones, la Inspección detectó que la esposa había declarado unos ingresos por la venta de aceituna considerablemente superiores a los de su marido, pese a que la superficie de olivar explotada por este era más del doble. Al mismo tiempo, una parte muy importante de los gastos y de las adquisiciones relacionadas con la actividad figuraba a nombre del hombre.
Hacienda consideró que esa distribución no reflejaba adecuadamente la realidad económica de ambas explotaciones y procedió a reorganizar la imputación de los ingresos y gastos. Para ello utilizó, entre otros elementos, las superficies cultivadas que cada uno había declarado en las solicitudes de ayudas de la Política Agraria Común (PAC).
La regularización practicada por la Administración terminó dando lugar a una liquidación de 136.816,79 euros. Posteriormente se abrió un procedimiento sancionador que concluyó con otra cantidad todavía superior: 152.414,54 euros por las infracciones tributarias apreciadas.
El agricultor no discutió la liquidación, sino la sanción
La batalla judicial planteada ante el Tribunal Superior de Justicia no se dirigía contra aquella liquidación de 136.816,79 euros, que no fue recurrida en este procedimiento, sino específicamente contra la sanción de más de 152.000 euros.
El agricultor defendió que no podía apreciarse culpabilidad por su parte porque carecía de conocimientos especializados en materia fiscal y había contratado a un asesor para encargarse precisamente de sus obligaciones tributarias. Según su argumentación, si se habían cometido errores en la elaboración de las declaraciones, la responsabilidad debía recaer sobre el profesional que había realizado ese trabajo.
El TSJ de Castilla-La Mancha rechaza ese planteamiento. La Sala recuerda que, aunque en materia sancionadora tributaria no cabe castigar automáticamente cualquier declaración incorrecta y debe existir dolo o negligencia, el hecho de contratar a un profesional no permite que el contribuyente traslade sin más al asesor la responsabilidad que mantiene frente a la Administración.
Contratar a un asesor no exime al contribuyente ante Hacienda
La sentencia deja claro que el obligado tributario continúa siendo responsable frente a Hacienda aunque haya delegado la preparación de sus declaraciones en un asesor fiscal. El tribunal considera que esa contratación puede tener consecuencias en la relación privada entre el cliente y el profesional, pero no elimina las obligaciones que el contribuyente mantiene frente a la Agencia Tributaria.
Esto no significa que el agricultor quede necesariamente sin opciones frente al asesor. El propio tribunal apunta que, si considera que el profesional actuó negligentemente y que esa actuación le ocasionó un perjuicio económico, podría reclamarle por la vía correspondiente. Esa eventual responsabilidad civil, sin embargo, constituye una cuestión diferente de la sanción tributaria que ahora se examina.
La Sala tampoco considera acreditado que todo lo sucedido pueda explicarse simplemente por una equivocación técnica del asesor. Para el tribunal resulta relevante que el matrimonio utilizara conjuntamente medios materiales y humanos y, pese a ello, la esposa declarara muchos más ingresos procedentes de la aceituna cuando la superficie de olivar explotada por el marido era sensiblemente superior.
El TSJ confirma los 152.414 euros de sanción
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha termina desestimando el recurso del agricultor y confirma la sanción de 152.414,54 euros impuesta por la Administración tributaria.
Además, la resolución condena al recurrente al pago de las costas del procedimiento, aunque establece un límite máximo de 2.000 euros, IVA excluido, para los honorarios correspondientes.
