El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha puesto fin a la tramitación de un importante proyecto de energía solar que afectaba a la provincia de Albacete. La Dirección General de Política Energética y Minas ha resuelto desestimar la solicitud de autorizaciones presentada por EDP Renovables España para la planta fotovoltaica La Oliva, de 55,8 megavatios (MW) de potencia instalada, y sus infraestructuras de evacuación, acordando el archivo del expediente administrativo.
La resolución afecta a una actuación que se extendía por los términos municipales de Villena, Campo de Mirra, Cañada y Benejama, en Alicante, así como por Caudete, en la provincia de Albacete.
El expediente revela que el proyecto había logrado superar una primera fase de autorización en 2022, pero posteriormente encontró diversos obstáculos administrativos, territoriales y ambientales que impidieron completar su tramitación.
Informes desfavorables por motivos ambientales y urbanísticos
Uno de los aspectos más relevantes de la resolución es la existencia de varios informes desfavorables emitidos por organismos de distintas administraciones.
Durante la tramitación del expediente se recibieron pronunciamientos contrarios al proyecto por incompatibilidades urbanísticas, territoriales y paisajísticas, así como por motivos ambientales.
Entre los organismos que emitieron estos informes se encuentran la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental de la Generalitat Valenciana y la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana.
Estas objeciones obligaron a requerir a la empresa promotora documentación adicional y la acreditación del cumplimiento de distintas condiciones para poder continuar con el procedimiento.
Un proyecto que había recibido autorización en 2022
La historia administrativa de esta instalación se remonta a noviembre de 2020, cuando EDP Renovables España presentó la solicitud de autorización administrativa previa.
El proyecto contemplaba la construcción de una planta fotovoltaica y diversas infraestructuras para transportar la electricidad generada hasta la red de distribución y transporte.
Entre estas instalaciones figuraban líneas eléctricas de 30 kilovoltios, dos subestaciones transformadoras denominadas Benejama Colectora y Benejama Generación y distintas conexiones eléctricas de 220 kilovoltios hasta la subestación Benejama, propiedad de Red Eléctrica de España.
El 12 de agosto de 2022, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental formuló la declaración de impacto ambiental del proyecto, estableciendo una serie de condiciones de obligado cumplimiento.
Posteriormente, el 12 de diciembre de 2022, el Ministerio concedió la autorización administrativa previa para la instalación y sus infraestructuras de evacuación.
Sin embargo, aquella autorización inicial no permitía por sí sola comenzar las obras, ya que era necesario obtener también la correspondiente autorización administrativa de construcción.
Nuevas exigencias que la empresa no llegó a completar
En febrero y marzo de 2023, la promotora solicitó la autorización administrativa previa de las modificaciones del proyecto y la autorización de construcción, aportando posteriormente documentación complementaria.
Durante este procedimiento, el Ministerio recabó informes de diferentes administraciones y organismos afectados por las instalaciones eléctricas.
El 22 de julio de 2024, el órgano competente requirió a EDP Renovables que subsanara diversos aspectos de su solicitud.
Entre las exigencias figuraban responder a los condicionantes planteados por la Diputación de Alicante, ADIF, Red Eléctrica y la Demarcación de Carreteras, así como obtener los informes favorables o autorizaciones correspondientes.
También debía acreditar el cumplimiento de la declaración de impacto ambiental, especialmente en cuestiones relacionadas con el calendario de las obras, las medidas compensatorias por afecciones a los hábitats de fauna y determinados aspectos de la línea de evacuación eléctrica.
La empresa respondió al requerimiento al día siguiente, el 23 de julio de 2024, aportando parte de la documentación solicitada.
No obstante, defendió que numerosos informes y alegaciones utilizados para justificar las exigencias habían sido emitidos fuera de plazo o ya habían recibido contestación durante la tramitación anterior. Por ello, solicitó que se concedieran las autorizaciones pendientes.
Red Eléctrica comunicó la caducidad de los permisos de conexión
A los problemas administrativos y ambientales se sumó un obstáculo determinante para la continuidad de la instalación.
Según recoge la resolución ministerial, Red Eléctrica de España comunicó el 7 de septiembre de 2024 la caducidad de los permisos de acceso y conexión a la red eléctrica que habían sido concedidos al proyecto.
Estos permisos son imprescindibles para autorizar una instalación de generación eléctrica, puesto que permiten evacuar la energía producida hacia la red.
La normativa estatal establece determinados hitos administrativos que los promotores deben cumplir dentro de los plazos fijados para conservar dichos derechos de acceso y conexión.
Su incumplimiento puede provocar la caducidad automática de los permisos, circunstancia que Red Eléctrica notificó oficialmente en este expediente.
La resolución también recoge la normativa relativa a la ejecución de las garantías económicas asociadas a estos permisos, aunque no establece expresamente en su parte dispositiva la ejecución de una garantía concreta ni su cuantía.
La propia empresa aceptó la propuesta de desestimación
El expediente incorpora además un último detalle significativo. El 4 de septiembre de 2026, el Ministerio notificó a EDP Renovables España el trámite de audiencia sobre la propuesta de resolución por la que se planteaba denegar las autorizaciones pendientes.
La promotora respondió el 15 de septiembre y, según consta en la documentación oficial, manifestó su conformidad con la propuesta de desestimación.
Finalmente, el director general de Política Energética y Minas, Manuel García Hernández, firmó el 23 de septiembre la resolución que desestima la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción para La Oliva y acuerda el archivo del expediente PFot-393.
La decisión no pone fin a la vía administrativa y puede ser recurrida en alzada ante la Secretaría de Estado de Energía en el plazo de un mes desde el día siguiente a su notificación.
De este modo, el proyecto fotovoltaico de 55,8 megavatios promovido por EDP Renovables, cuyas instalaciones afectaban también al término municipal albaceteño de Caudete, queda administrativamente archivado.
