Una sofisticada estafa basada en la suplantación de uno de los cofundadores de Privalia permitió que más de 1,56 millones de euros salieran de las cuentas de la compañía mediante siete transferencias dirigidas a sociedades ubicadas en China. El caso ha terminado en el Tribunal Supremo, que mantiene la responsabilidad compartida entre la empresa perjudicada y Banco Santander y, con ello, la obligación de la entidad financiera de pagar 783.475,75 euros más intereses.
La Sala de lo Civil ha rechazado los recursos planteados tanto por Privalia como por Banco Santander. La primera pretendía recuperar la totalidad del dinero perdido, mientras que la entidad financiera defendía que no debía asumir responsabilidad por el fraude. El Supremo mantiene finalmente la solución alcanzada previamente por la Audiencia Provincial de Barcelona: cada parte deberá asumir el 50% del perjuicio.
Una supuesta operación secreta para comprar una empresa china
El engaño comenzó cuando una empleada del departamento de Tesorería de Privalia recibió una llamada en su teléfono de trabajo. La persona que estaba al otro lado se presentó como un abogado fiscalista y le comunicó, supuestamente en nombre de uno de los cofundadores de la compañía, que tendría que encargarse de una operación relacionada con la adquisición de una empresa china.
Los estafadores construyeron un escenario destinado a dar credibilidad a la operación y dificultar cualquier comprobación interna. A la trabajadora le indicaron que se trataba de una operación estrictamente confidencial que no podía comentar con otras personas y llegaron incluso a remitirle documentación vinculada al supuesto acuerdo.
Posteriormente recibió las instrucciones necesarias para preparar una primera transferencia y documentación que aparentemente autorizaba el pago en nombre de uno de los responsables de Privalia. Aquella primera operación abrió la puerta a las siguientes.
Durante aproximadamente 15 días, el mecanismo llegó a repetirse hasta completar siete transferencias. El dinero terminó en cuentas pertenecientes a diferentes sociedades radicadas en China con las que Privalia no había mantenido anteriormente relación comercial, alcanzando el importe total enviado los 1.566.951,50 euros.
Privalia ya había sufrido otro fraude
El caso tenía además un antecedente especialmente relevante. Privalia ya había sido víctima anteriormente de otro fraude después de que terceros consiguieran acceder al correo electrónico de una trabajadora de Tesorería y ordenar una transferencia hacia una cuenta situada en Malasia.
A raíz de aquel episodio, la compañía estableció medidas especiales con Banco Santander para reforzar la seguridad de determinadas operaciones. Entre ellas figuraban instrucciones destinadas a impedir que se ejecutaran transferencias solicitadas mediante carta remitida por correo electrónico salvo en determinados supuestos previamente autorizados.
Las instrucciones eran especialmente relevantes cuando el dinero debía enviarse a beneficiarios diferentes de los expresamente previstos. En esos casos debía realizarse además una confirmación telefónica con el director financiero de Privalia antes de ejecutar la operación para comprobar que la orden era auténtica.
Esa llamada terminó siendo uno de los elementos decisivos del litigio. Según recoge la resolución judicial, en ninguna de las siete transferencias se realizó la confirmación telefónica prevista, pese a que el dinero iba dirigido a sociedades chinas que no figuraban entre los beneficiarios previamente autorizados.
Banco Santander fue condenado inicialmente a pagar todo el dinero
Privalia decidió reclamar judicialmente a Banco Santander la totalidad de las cantidades perdidas. En primera instancia consiguió que se condenara a la entidad financiera al pago de los 1.566.951,50 euros, además de los intereses correspondientes.
Banco Santander recurrió aquella decisión y la Audiencia Provincial de Barcelona modificó el resultado. El tribunal consideró que existían responsabilidades por ambas partes y estableció un reparto del perjuicio al 50%, reduciendo de esta forma la cantidad que debía asumir el banco hasta 783.475,75 euros más intereses.
La Audiencia consideró que Banco Santander había incumplido las instrucciones establecidas con su cliente, pero también apreció deficiencias en las actuaciones llevadas a cabo dentro de Privalia. De este modo, entendió que tanto la entidad bancaria como la propia compañía habían contribuido de forma relevante a que el fraude pudiera culminarse.
El Supremo mantiene el reparto al 50%
El litigio llegó finalmente al Tribunal Supremo mediante recursos de ambas partes. Privalia defendía que la especial diligencia exigible a una entidad bancaria justificaba que Santander asumiera una responsabilidad mayor, mientras que el banco sostenía que la conducta de la propia empresa perjudicada debía excluir su responsabilidad.
El Supremo rechaza las dos posiciones y mantiene el criterio de la Audiencia Provincial. La Sala considera que existieron conductas negligentes relevantes tanto por parte del banco como dentro de Privalia y que ninguna de ellas elimina la responsabilidad de la otra.
Por un lado, Banco Santander ejecutó operaciones anómalas hacia beneficiarios no autorizados sin realizar la comprobación telefónica establecida. Por otro, dentro de Privalia se tramitaron unas órdenes extraordinarias y de elevada cuantía sin efectuar las comprobaciones suficientes pese al antecedente de fraude que ya había sufrido la compañía.
De esta forma, el Tribunal Supremo mantiene definitivamente en esta instancia el reparto de responsabilidad establecido por la Audiencia Provincial. Banco Santander deberá responder por la mitad del dinero perdido y abonar 783.475,75 euros más los intereses correspondientes, después de que siete transferencias realizadas mediante una suplantación permitieran sacar de las cuentas de Privalia más de 1,56 millones de euros.
