Tres personas se enfrentan a una petición de dos años y seis meses de prisión para cada una por un presunto delito societario relacionado con la gestión de una empresa de Albacete. La Fiscalía sostiene que los acusados ocultaron parte de la facturación, utilizaron una contabilidad paralela y realizaron distintas operaciones que habrían perjudicado tanto a la propia mercantil como a otra de sus socias.
El juicio está previsto para el lunes 5 de octubre en el Juzgado de lo Penal Número 1 de Albacete. La causa procede del Juzgado de Instrucción Número 1 de Albacete.
Una socia apartada de la gestión
Según recoge el escrito de acusación provisional, los tres procesados eran socios y administradores de la mercantil, mientras que otra socia poseía una participación del 15,7375% del capital social.
La Fiscalía sostiene que, desde mediados de 2011, uno de los acusados ejerció de hecho la administración y gestión de la sociedad de común acuerdo con los otros dos. Posteriormente también habrían actuado como liquidadores de la mercantil, mientras que la otra socia habría quedado completamente apartada de la gestión y administración.
El Ministerio Público mantiene que los acusados actuaron de común acuerdo y abusando de las funciones propias de sus cargos. Les atribuye haber ocultado el volumen real de facturación, no convocar las correspondientes juntas sociales y realizar operaciones que, según la acusación, no reflejaban la verdadera situación económica de la empresa.
La Fiscalía sostiene además que la mercantil disponía de una contabilidad paralela o “caja B”, de manera que la realidad económica de la sociedad no habría quedado completamente reflejada en la contabilidad oficial.
Un local vendido por 505.000 euros
Uno de los principales episodios de la acusación se centra en la venta de un local comercial propiedad de la empresa. La operación se realizó en octubre de 2015 pese al voto en contra de la socia minoritaria.
La escritura pública de compraventa fue otorgada el 20 de octubre de 2015 y recogía un precio de 475.000 euros por el inmueble.
Sin embargo, la Fiscalía sostiene que el precio real de la venta ascendió a 505.000 euros, es decir, 30.000 euros más de lo que figuraba oficialmente en la escritura.
Según el Ministerio Público, esa diferencia de 30.000 euros habría sido percibida en dinero “B” y repartida entre los acusados, privando a la otra socia de la cantidad que le habría correspondido en función de su participación del 15,7375% en la empresa.
Más de 91.000 euros en transferencias
La acusación recoge también diferentes movimientos realizados con el dinero procedente de la venta del inmueble.
Según Fiscalía, los acusados acordaron realizar transferencias desde la cuenta de la sociedad a su favor bajo el concepto de salarios correspondientes al periodo comprendido entre septiembre de 2011 y diciembre de 2014.
El Ministerio Público sostiene, sin embargo, que esas nóminas ya habían sido cobradas previamente mediante la contabilidad paralela de la empresa.
Uno de los procesados habría recibido por esta vía 31.346,25 euros, mientras que los otros dos habrían percibido 29.874,29 euros cada uno. Las tres cantidades suman 91.094,83 euros.
La Fiscalía considera que estas operaciones también perjudicaron económicamente a la socia minoritaria, al reducir el patrimonio de la mercantil sobre el que tenía derechos en función de su participación.
Un crédito de unos 25.000 euros
El escrito de acusación incorpora además otra operación contable. El Ministerio Público sostiene que los procesados hicieron constar que uno de ellos había realizado previamente aportaciones de dinero en efectivo a la sociedad.
Fiscalía mantiene que esas aportaciones no se produjeron realmente y que, de esta forma, se hizo aparecer en la contabilidad un crédito a favor del acusado de aproximadamente 25.000 euros.
Ese supuesto crédito habría sido posteriormente satisfecho utilizando también fondos procedentes de la venta del local, nuevamente en perjuicio de la participación económica correspondiente a la otra socia.
Dos años y medio de prisión para cada uno
La Fiscalía considera que estos hechos son constitutivos de un delito societario y solicita para cada uno de los tres acusados una pena de dos años y seis meses de prisión.
El Ministerio Público pide además para cada procesado una multa de diez meses con una cuota diaria de 12 euros, junto al pago de las costas procesales.
En concepto de responsabilidad civil, la acusación solicita que los tres acusados indemnicen de forma solidaria a la socia perjudicada con 22.991,67 euros, cantidad a la que se añadirían los correspondientes intereses legales.
