Un robo de 550 euros en una caja de Leroy Merlin terminó costándole el puesto de trabajo a una empleada con más de dos décadas de antigüedad en la compañía. La empresa decidió despedirla al considerar que había incumplido gravemente sus obligaciones de custodia del dinero, pero la Justicia ha terminado dando la razón a la trabajadora y obligando a la compañía a readmitirla.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha confirmado la nulidad del despido y mantiene la obligación de reincorporar a la empleada en las mismas condiciones que tenía antes de ser despedida. Además, Leroy Merlin tendrá que abonarle una indemnización de 10.001 euros por vulneración de derechos fundamentales, junto con los salarios correspondientes derivados de la declaración de nulidad.
La sentencia desestima de este modo el recurso presentado por la compañía contra el pronunciamiento que ya había dado la razón a la trabajadora en primera instancia.
Un hombre aprovechó un descuido para meter la mano en la caja
Los hechos se remontan al 25 de septiembre de 2025. La empleada, que llevaba trabajando para Leroy Merlin desde hacía más de 20 años y disfrutaba desde 2011 de una reducción de jornada por guarda legal, se encontraba atendiendo una de las cajas destinadas al pago en efectivo.
Mientras cobraba a unos clientes, un hombre y una mujer se aproximaron a la zona. El varón comenzó a hablar con la cajera mientras sostenía varios billetes en la mano. La empleada llegó a cerrar la caja registradora, aunque tuvo que abrirla poco después para continuar atendiendo a los clientes.
Fue entonces cuando el hombre aprovechó el momento para introducir rápidamente la mano en la caja, sacar dinero y entregárselo a la mujer que se encontraba junto a él. Ambos abandonaron posteriormente el establecimiento. Al realizar el cierre de las cajas aquella noche se detectó un descuadre de 550 euros.
Leroy Merlin terminó despidiendo a la trabajadora
La empresa abrió posteriormente un procedimiento para esclarecer lo sucedido. El 14 de octubre comunicó a la empleada que disponía de dos días para presentar sus explicaciones.
La trabajadora sostuvo que había sido víctima del engaño de los dos desconocidos y negó haber colaborado con ellos. Leroy Merlin, sin embargo, no consideró suficientes sus argumentos y el 17 de octubre de 2025 le comunicó su despido disciplinario.
La compañía le atribuyó una grave omisión de sus obligaciones de custodia y control de los recursos económicos y entendió que su actuación había provocado un perjuicio económico para la empresa. La trabajadora decidió acudir a los tribunales.
La Justicia declaró nulo el despido
El órgano judicial que estudió inicialmente el caso declaró nulo el despido en abril de 2026 y condenó a Leroy Merlin a readmitir a la empleada en las mismas condiciones que tenía antes de perder su trabajo.
La resolución consideró además vulnerado su derecho fundamental a la no discriminación y estableció una indemnización adicional de 10.001 euros.
Leroy Merlin recurrió la sentencia ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, defendiendo que las imágenes grabadas por las cámaras permitían apreciar una grave omisión por parte de la cajera en el cumplimiento de sus obligaciones.
Las cámaras fueron determinantes
El TSJ del País Vasco no comparte esa interpretación. Precisamente las imágenes de seguridad se han convertido en una de las claves del procedimiento.
Tras analizar las grabaciones, el tribunal considera que de ellas no puede extraerse una actuación negligente de suficiente gravedad por parte de la empleada, sino que lo que se observa es el engaño cometido por una persona ajena a la compañía.
La Sala rechaza así la tesis de que el simple descuadre de 550 euros permita responsabilizar disciplinariamente a la cajera hasta el punto de justificar su despido.
El tribunal ha terminado desestimando el recurso de Leroy Merlin y confirmando la sentencia anterior. La compañía deberá readmitir a la trabajadora, abonarle los 10.001 euros establecidos por vulneración de derechos fundamentales y asumir además 900 euros más IVA en concepto de costas del recurso.
