Maricarmen puede haberle dado a Pedro Sánchez exactamente lo que necesitaba cuando más lo necesitaba. Hace apenas unos días el presidente del Gobierno estaba políticamente atrapado por la crisis de Ceuta, obligado a responder por la gestión de una entrada masiva de inmigrantes que había desbordado la ciudad, había terminado provocando la salida del delegado del Gobierno y mantenía abierta una investigación sobre lo sucedido en las jornadas anteriores a la avalancha. Hoy, prácticamente de repente, la conversación nacional es otra. Se habla de alquileres, de desahucios, de propietarios y de inquilinos, y Sánchez ha conseguido colocarse en el lado de quien promete proteger a estos últimos.
No es poca cosa. La política consiste muchas veces en decidir de qué se habla y desde qué posición habla cada uno. En Ceuta, Sánchez estaba a la defensiva. Con Maricarmen, ha pasado al ataque. Antes tenía que explicar qué había hecho su Gobierno, qué sabía y cuándo lo sabía; ahora puede exigir a los demás partidos que expliquen por qué no quieren votar unas medidas que él presenta como necesarias para impedir que se repita el desahucio de una mujer de 87 años.
Ese cambio de escenario puede resultar decisivo porque creo que estamos mucho más cerca de unas elecciones generales de lo que parece. Si Junts cumple su anuncio y tumba los dos decretos de vivienda, Pedro Sánchez volverá a comprobar que la mayoría que hizo posible su investidura existe cada vez menos como mayoría de gobierno. No habrá conseguido aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado durante la legislatura y tampoco habrá conseguido sacar adelante dos decretos que, después del caso Maricarmen, ha decidido convertir en uno de los grandes símbolos políticos de su Ejecutivo.
Jurídicamente puede seguir. Nadie está obligado a convocar elecciones por perder unos decretos ni porque continúen prorrogados los Presupuestos de 2023. Políticamente, sin embargo, llegará un momento en el que habrá que preguntarse para qué continuar una legislatura en la que cada iniciativa importante depende de negociaciones prácticamente imposibles y en la que uno de los socios imprescindibles para la investidura está dispuesto a votar junto a PP y Vox contra dos de las normas que el Gobierno considera esenciales.
Mi impresión es que, si Junts mantiene su posición, vamos a elecciones. Quizá Sánchez no pulse el botón inmediatamente después de la votación. Puede intentar prolongar unas semanas la legislatura, buscar otra iniciativa con la que recuperar terreno o elegir cuidadosamente la fecha. Si algo ha demostrado durante todos estos años es que pocas cosas deja al azar cuando se trata de manejar los tiempos políticos. Pero creo que la decisión de fondo estará tomada: si pierde los dos decretos, el recorrido parlamentario que queda será demasiado pequeño frente a la oportunidad política que empieza a abrirse delante de él. Y esa oportunidad se llama vivienda.
El desahucio de Maricarmen ha sido el detonante perfecto. Una mujer de 87 años, expulsada de la casa en la que había vivido durante décadas, constituye una historia capaz de condensar en una sola persona toda la frustración acumulada alrededor del problema de la vivienda. El caso ha generado manifestaciones, acampadas y una enorme repercusión social. El Gobierno reaccionó rápidamente y Sánchez ha conseguido situarse en la cabecera política de esa movilización.
El relato está prácticamente construido. De un lado aparece el inquilino vulnerable, el joven que no puede emanciparse, la familia que teme una subida del alquiler o una anciana como Maricarmen. Del otro, el propietario. Un propietario que en demasiadas ocasiones queda dibujado como una especie de déspota con un manojo de llaves en una mano y una calculadora en la otra, dispuesto a expulsar al inquilino para obtener unos euros más.
La realidad es bastante distinta. En España hay grandes tenedores y fondos de inversión, pero existen también cientos de miles de pequeños propietarios que tienen una segunda vivienda, que han heredado el piso de sus padres, que siguen pagando una hipoteca o que complementan sus ingresos con un alquiler. Convertirlos en culpables de un problema provocado durante décadas por la falta de vivienda disponible, la insuficiencia del parque público, la escasez de suelo desarrollado y una construcción incapaz de seguir el crecimiento de la demanda me parece profundamente injusto. Y, además, puede ser contraproducente.
El problema fundamental de los dos decretos no es que protejan al inquilino. Proteger a las personas vulnerables es una obligación de los poderes públicos. El problema aparece cuando esa protección se consigue a costa de trasladar al propietario particular responsabilidades que deberían asumir las administraciones. Si alguien no puede pagar una vivienda, las administraciones tienen que disponer de una alternativa. Lo que no puede convertirse en solución permanente es impedir o dificultar que el propietario pueda disponer de su inmueble y obligarle a asumir personalmente las consecuencias de la incapacidad del Estado para ofrecer vivienda social.
La seguridad jurídica importa. Y mucho. Cada vez que un propietario percibe que alquilar una vivienda significa tener más dificultades para recuperarla cuando finalice el contrato, enfrentarse a nuevas prórrogas obligatorias o asumir nuevas indemnizaciones, aumenta el incentivo para abandonar el alquiler residencial. Puede vender el piso, dejarlo vacío, destinarlo a otro uso o buscar fórmulas contractuales diferentes. Para quien redacta un decreto puede tratarse de una cuestión regulatoria; para quien tiene todos sus ahorros depositados en una vivienda es una decisión mucho más sencilla: si alquilar empieza a parecer demasiado arriesgado, deja de alquilar.
Y ya tenemos una primera señal de alarma. El Observatorio del Alquiler ha detectado entre el 28 y el 30 de septiembre que la oferta publicada se situó unas 4.290 viviendas por debajo de la trayectoria que habría cabido esperar atendiendo a su evolución inmediatamente anterior. La caída, cercana al 4% sobre esa trayectoria, coincide precisamente con el anuncio y la aprobación de los dos decretos.
Sería precipitado afirmar que esas 4.290 viviendas han desaparecido exclusivamente como consecuencia de las medidas del Gobierno, porque ni siquiera el propio Observatorio establece todavía esa causalidad absoluta. Pero tampoco parece razonable mirar hacia otro lado ante una reacción tan brusca coincidiendo con un cambio regulatorio que afecta directamente a los propietarios. Si después de anunciar más protección para el inquilino se produce una retirada extraordinaria de oferta, como mínimo conviene preguntarse qué mensaje están recibiendo quienes tienen que decidir si ponen o no su vivienda en alquiler.
Porque proteger al inquilino que ya tiene casa mientras se reduce el número de pisos disponibles puede acabar siendo una victoria pírrica. Quien conserve su contrato estará más protegido, pero quien tenga que buscar mañana una vivienda encontrará menos oferta, más aspirantes compitiendo por cada piso y, previsiblemente, una mayor presión sobre los precios. Ningún decreto puede derogar la ley básica de la oferta y la demanda.
Ahí está precisamente la paradoja política de todo lo ocurrido. Las medidas pueden generar inseguridad entre los propietarios y terminar perjudicando la oferta de alquiler, pero electoralmente proporcionan a Sánchez una magnífica línea de defensa. El debate complejo sobre cómo construir cientos de miles de viviendas, movilizar suelo, crear parque público y ofrecer garantías tanto al inquilino como al propietario queda reducido a una cuestión muchísimo más sencilla: quién está con Maricarmen y quién está contra los decretos de Maricarmen.
Si Junts los tumba, Sánchez tendrá incluso el antagonista que necesita. Podrá decir que quiso proteger a los inquilinos y que el Congreso se lo impidió. Podrá señalar que PP, Vox y Junts han formado una mayoría para hacer caer sus medidas. Podrá convertir la derrota parlamentaria en argumento político y explicar una convocatoria electoral no como la consecuencia del fracaso de su mayoría, sino como la necesidad de pedir a los ciudadanos una nueva mayoría para aplicar sus políticas de vivienda.
Es un escenario infinitamente más cómodo para él que el de hace solo una semana. Entonces una eventual convocatoria electoral habría llegado con España hablando de Ceuta, con el Gobierno cuestionado por la gestión de la crisis migratoria y con el presidente obligado a defenderse. Ahora podría llegar después de una movilización social de enorme repercusión y con Sánchez intentando erigirse en protector de los inquilinos frente a quienes, según su propio relato, han impedido ampliar sus derechos.
Maricarmen ha rescatado políticamente a Pedro Sánchez de Ceuta. Naturalmente, ella no lo pretendía y su drama personal merece quedar completamente al margen de cualquier cálculo partidista. Pero las consecuencias políticas de su desahucio son evidentes. Ha cambiado la agenda, ha movilizado la calle, ha provocado dos decretos en cuestión de días y ha entregado al Gobierno una causa social alrededor de la que reconstruir su discurso. Ahora solo falta Junts.
Si los siete diputados de Carles Puigdemont cumplen lo anunciado y tumban los dos decretos, Sánchez tendrá delante dos realidades. La primera será una legislatura agotada, sin nuevos Presupuestos y sin una mayoría mínimamente estable para sacar adelante una medida que él mismo ha convertido en prioritaria. La segunda será un escenario político nuevo en el que la vivienda ha sustituido a Ceuta y en el que puede intentar presentarse ante los ciudadanos como el presidente que quiso proteger a los inquilinos y no pudo hacerlo porque el Congreso se lo impidió.
Por eso creo que vamos a elecciones. No porque Maricarmen haya resuelto ninguno de los enormes problemas políticos de Pedro Sánchez, sino porque le ha permitido cambiar el escenario en el momento exacto en el que una derrota parlamentaria puede darle el argumento para cerrar la legislatura.
Hace una semana, unas elecciones podían parecer una huida de Ceuta. Después de Maricarmen y si Junts tumba los decretos, Sánchez podrá intentar presentarlas como una batalla por la vivienda. La legislatura será la misma y la aritmética parlamentaria será incluso peor, pero el relato habrá cambiado por completo. Y en política, unas veces para bien y otras para mal, eso importa mucho.
Javier Romero
Director de El Digital de Albacete
