La Fiscalía solicita dos años de prisión para un empresario que será juzgado este jueves 1 de octubre en el Penal número 1 de Albacete, acusado de realizar distintas operaciones patrimoniales con las que presuntamente trató de impedir que un trabajador cobrara la indemnización reconocida después de sufrir un grave accidente laboral en Hellín.
El procedimiento tiene su origen en un accidente sucedido en octubre de 2009 en una empresa situada en la pedanía hellinera de Nava de Campana y dedicada a la fabricación de envases y embalajes de madera. Años después, un juzgado de lo Social reconoció al trabajador una importante indemnización, pero la acusación pública sostiene que no pudo cobrarla porque el empresario se había desprendido previamente de sus bienes.
Un listón le golpeó en la mano y perdió dos dedos
El accidente ocurrió sobre las 12:30 horas del 9 de octubre de 2009. El trabajador se encontraba realizando sus labores habituales cuando un listón o tablero le golpeó en la mano izquierda, causándole lesiones de consideración.
La documentación judicial recoge que las heridas fueron de tal gravedad que el trabajador sufrió posteriormente la amputación de dos dedos de una mano.
Doce días después del accidente presentó una denuncia en dependencias de la Guardia Civil de Tobarra. Aquellos hechos dieron lugar a un procedimiento penal que inicialmente terminó con una condena al empresario por una falta de lesiones por imprudencia leve y una indemnización de 72.873 euros.
Sin embargo, la Audiencia Provincial de Albacete revocó posteriormente aquella condena al considerar que la falta estaba prescrita.
El trabajador acudió a la jurisdicción laboral
El afectado volvió a reclamar años después, esta vez ante la jurisdicción social. En septiembre de 2015 presentó una demanda por los daños derivados del accidente laboral y por la supuesta falta de medidas de seguridad.
El Juzgado de lo Social número 2 de Albacete estimó la demanda en septiembre de 2016 y condenó al empresario a pagar al trabajador 72.783 euros.
En febrero de 2017 se despachó la ejecución por una cantidad que ya ascendía a 108.187,79 euros. Sin embargo, según sostiene ahora la Fiscalía, el trabajador no consiguió cobrar porque el acusado ya se había desprendido de los bienes con los que podía hacerse efectiva la deuda.
Una sociedad con 105.800 euros de capital
La acusación pública sitúa una de las operaciones fundamentales varios años antes. El 7 de octubre de 2011, cuando ya existía un procedimiento relacionado con el accidente y un informe forense reflejaba la amputación sufrida por el trabajador, el empresario constituyó una sociedad limitada unipersonal.
La nueva mercantil tenía prácticamente el mismo objeto que la actividad empresarial anterior: la fabricación, comercialización y venta de productos derivados de la madera. Su domicilio social se encontraba también en Hellín.
El capital de la sociedad ascendía a 105.800 euros, dividido en 1.058 participaciones. La mayor parte, 102.800 euros, se desembolsó mediante la aportación de varios bienes: una finca completa, cinco sextas partes de otra finca y un taller de serrería. Los otros 3.000 euros fueron aportados en efectivo.
El acusado quedó además como administrador único de la sociedad.
Donó todas las participaciones a su hijo
La Fiscalía sostiene que el siguiente movimiento se produjo el 12 de febrero de 2013. Ese día el empresario otorgó ante notario una escritura de donación por la que transmitió a su hijo todas las participaciones sociales de la empresa, valoradas en esos 105.800 euros.
La acusación considera que la finalidad de estas operaciones era que el empresario quedara formalmente en una situación de insolvencia que dificultara o impidiera el cobro de las responsabilidades económicas derivadas del accidente.
Pese a la donación de las participaciones, el acusado continuó ejerciendo como administrador único de la mercantil.
Un préstamo hipotecario de 170.000 euros
La Fiscalía añade otra operación realizada posteriormente. En junio de 2015, el empresario habría contratado un préstamo de 170.000 euros con garantía hipotecaria sobre una de las fincas que previamente había aportado a la sociedad.
En aquella operación intervino como fiador su hijo, que ya figuraba como titular de todas las participaciones sociales.
Para la acusación pública, el conjunto de estas actuaciones permitió que el empresario apareciera sin patrimonio suficiente a su nombre cuando el trabajador intentó ejecutar la indemnización reconocida judicialmente.
Dos años de cárcel y anular la donación
La Fiscalía considera que los hechos constituyen un delito de insolvencia punible y solicita para el acusado dos años de prisión.
También reclama 18 meses de multa con una cuota diaria de 12 euros y las costas del procedimiento.
Pero la petición de la Fiscalía no se limita a la pena penal. En concepto de responsabilidad civil solicita que se declare la nulidad de la escritura mediante la que el empresario donó a su hijo todas las participaciones de la sociedad en febrero de 2013, con el objetivo de que puedan responder de las responsabilidades económicas pendientes.
