Una línea eléctrica de Iberdrola que atraviesa durante casi tres kilómetros un monte público de Alcalá del Júcar tendrá aparejada una contraprestación de 14.238,31 euros al año. La Consejería de Desarrollo Sostenible ha aprobado la regularización de la ocupación de terrenos del Pinar de Alcalá, propiedad del Ayuntamiento, por la instalación de media tensión que conecta Alcalá del Júcar y Villavaliente.
La instalación pertenece a i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, la distribuidora eléctrica del Grupo Iberdrola en España. La resolución afecta a una línea aérea de 20 kV ya existente, por lo que no se está autorizando ahora la construcción de una nueva infraestructura, sino regularizando administrativamente su ocupación del monte público.
Casi tres kilómetros y 37 postes
La línea atraviesa el Pinar de Alcalá a lo largo de 2.955 metros y dispone de 37 postes, cada uno de ellos con un metro cuadrado de cimentación. Su trazado genera además una franja desprovista de vegetación de diez metros de anchura.
En conjunto, Desarrollo Sostenible regulariza una ocupación de 29.550 metros cuadrados, es decir, prácticamente tres hectáreas de terrenos pertenecientes al monte de utilidad pública.
La solicitud para regularizar esta situación fue presentada por i-DE en marzo de 2025. Posteriormente, los técnicos de Medio Natural y Biodiversidad consideraron compatible la instalación al estimar que no existía una alternativa conveniente fuera del monte y que la línea no ocasionaba un menoscabo grave para la flora, la fauna o los valores naturales protegidos.
El Ayuntamiento de Alcalá del Júcar, como propietario del monte, también dio su consentimiento a la tramitación del expediente y a la valoración económica de esta ocupación.
Más de 11.000 euros al año para Alcalá del Júcar
La autorización se concede inicialmente durante 30 años, aunque podrá renovarse por periodos iguales hasta alcanzar un máximo total de 75 años.
El canon fijado por la ocupación asciende a 14.238,31 euros anuales. De esta cantidad, el 20%, equivalente a 2.847,66 euros al año, deberá destinarse al Fondo de Mejoras de los montes de utilidad pública.
El 80% restante corresponde al Ayuntamiento de Alcalá del Júcar, lo que supone unos 11.390,65 euros al año para las arcas municipales mientras continúe vigente la ocupación en las condiciones autorizadas.
Iberdrola se opuso al canon
Uno de los aspectos más llamativos del expediente es la oposición que mostró la compañía al pago establecido. i-DE firmó inicialmente el pliego de condiciones en noviembre de 2025, pero incorporó una manifestación en la que expresaba su disconformidad con el canon y solicitaba que se declarase nula su imposición.
La distribuidora presentó posteriormente otro escrito en el que volvió a reclamar la nulidad o anulabilidad de esa obligación económica. También pidió la devolución de las cantidades que consideraba abonadas indebidamente y sus correspondientes intereses legales.
De manera subsidiaria, la empresa solicitó que esa nulidad se aplicase al canon correspondiente a los ejercicios 2021, 2022, 2023 y 2024, reclamando igualmente el reintegro de las cantidades satisfechas durante esos años.
La Administración advirtió del posible archivo
Ante las reservas introducidas por la compañía, el Servicio de Medio Natural requirió a i-DE para que presentara el pliego firmado sin comentarios, reservas ni añadidos, concediéndole un plazo de diez días.
La Administración llegó a advertir de que, si no lo hacía, podría considerar a la distribuidora desistida de su solicitud, archivar el expediente y abrir posteriormente el procedimiento sancionador correspondiente.
Finalmente, el 20 de febrero de 2026, i-DE presentó el pliego firmado y aceptó todas sus condiciones, aunque lo acompañó de un recurso de alzada contra el propio pliego. El Ayuntamiento de Alcalá del Júcar recibió posteriormente el documento y lo devolvió firmado el 20 de marzo.
Una ocupación que podrá prolongarse hasta 75 años
La resolución deja así regularizada la presencia de esta infraestructura de Iberdrola en el Pinar de Alcalá y establece las condiciones económicas y ambientales que tendrá que cumplir durante su permanencia en el monte.
Entre otras obligaciones, la línea deberá respetar las medidas establecidas para evitar la colisión y electrocución de aves cuando resulte aplicable la normativa de protección de la avifauna. Desarrollo Sostenible también podrá inspeccionar la instalación para comprobar los límites de la ocupación y el cumplimiento de las condiciones impuestas.
La autorización comienza con un periodo de 30 años, pero la posibilidad de sucesivas renovaciones permitiría que la ocupación alcanzara hasta 75 años, siempre que se mantengan los requisitos establecidos por la Administración.
