La actividad de la Fiscalía en materia de protección de personas con discapacidad y mayores se ha disparado en Albacete. Las diligencias preprocesales incoadas aumentaron un 114,28% durante 2025, un crecimiento que el Ministerio Fiscal relaciona directamente con las visitas realizadas por los fiscales a residencias y con las situaciones detectadas durante estas inspecciones.
La Memoria 2026 de la Fiscalía General del Estado pone expresamente el foco en Albacete entre las provincias españolas en las que más han aumentado estas actuaciones. El motivo está relacionado con residentes que, después de haber ingresado en estos centros, habían perdido la capacidad para expresar su voluntad sobre si querían continuar viviendo en ellos.
Casos detectados durante las visitas a residencias
La Fiscalía explica que su actividad tras las visitas permitió detectar casos en los que era necesario documentar la situación individual del residente y determinar si procedía acudir a los tribunales.
En concreto, se incoaron diligencias para estudiar los casos de personas que habían perdido la capacidad para manifestar su voluntad acerca de su permanencia en la residencia y respecto de las cuales era necesario presentar la correspondiente solicitud de internamiento judicial.
Se trata de lo que jurídicamente se conoce como situaciones de involuntariedad sobrevenida. Una persona puede haber accedido inicialmente a una residencia de manera voluntaria pero, debido al deterioro de sus capacidades, dejar posteriormente de estar en condiciones de decidir o manifestar si desea continuar en ella.
En estos supuestos entra en juego el control judicial para garantizar los derechos de la persona residente y comprobar que su permanencia en el centro se desarrolla con las garantías necesarias.
De 168 diligencias a alrededor de 360
El incremento registrado en Albacete es especialmente significativo al compararlo con el ejercicio anterior. La memoria correspondiente a 2024 recogía que la Fiscalía Provincial de Albacete había incoado 168 diligencias preprocesales en este ámbito.
Aplicando a esa cifra el incremento del 114,28% señalado ahora por la Fiscalía General del Estado, durante 2025 se habrían incoado alrededor de 360 diligencias. Esto supone unas 192 más en apenas un año y más del doble de las contabilizadas durante el ejercicio precedente.
La evolución es llamativa porque en años anteriores las cifras se habían mantenido mucho más contenidas. En 2023 se registraron 144 diligencias, mientras que en 2024 fueron 168.
La Fiscalía vigila las situaciones de ingreso no voluntario
Las visitas a residencias forman parte de las funciones de supervisión que desarrolla el Ministerio Fiscal para proteger los derechos de las personas mayores y de aquellas que necesitan apoyos para la toma de decisiones.
Entre los objetivos de estas inspecciones está precisamente detectar situaciones de permanencia involuntaria que todavía no hayan sido regularizadas judicialmente, tanto en el momento inicial del ingreso como cuando la pérdida de capacidad para decidir se produce posteriormente.
Los fiscales también supervisan durante estas visitas el respeto a los derechos fundamentales de los residentes, el uso de contenciones físicas o farmacológicas y la posible existencia de personas que necesiten nuevas medidas de apoyo para la toma de decisiones.
La actividad desarrollada en los centros residenciales de Albacete durante 2025 ha terminado así teniendo un reflejo directo en los tribunales, con un crecimiento de más del 114% de las diligencias abiertas por la Fiscalía en esta materia.
