La Audiencia Provincial de Albacete tiene previsto celebrar este lunes, 21 de septiembre, el juicio contra cinco personas acusadas de formar un grupo dedicado presuntamente a la venta de cocaína en Hellín. Las diferentes penas de prisión reclamadas por el Ministerio Fiscal para los procesados suman 49 años, correspondiendo la petición más elevada, de 16 años de cárcel, al acusado al que la Fiscalía atribuye un papel principal dentro de la organización.
El procedimiento está señalado ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial y tiene su origen en unas diligencias instruidas en Hellín. La Fiscalía atribuye a los procesados, en función de la participación que asigna a cada uno, delitos contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas.
Venta de cocaína en Hellín
Según recoge el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal, al menos durante el año 2020 y hasta junio de 2021 los cinco acusados se habrían dedicado a la venta de cocaína en Hellín. La acusación sostiene que actuaban de manera concertada y con un reparto de funciones para preparar las dosis, organizar su distribución y hacerlas llegar posteriormente a los consumidores.
Uno de los acusados habría ejercido funciones de dirección, dando instrucciones al resto sobre la venta de la droga y sobre el destino del dinero obtenido. Otro de los procesados habría desempeñado una función inmediatamente inferior dentro del grupo, encargándose de canalizar esas órdenes, organizar a los demás y participar en la preparación de las dosis y su posterior venta, mientras otros dos acusados se dedicarían a la distribución final de la cocaína.
La Fiscalía atribuye al quinto procesado una intervención más ocasional. Según su versión, habría puesto en contacto a otros integrantes del grupo con personas interesadas en adquirir droga, recogiendo dinero y sustancias para entregarlos posteriormente y llegando a advertir al resto de una posible vigilancia policial.
Viviendas, cocheras y reparto de comida a domicilio
Uno de los aspectos más llamativos de la acusación es el sistema que supuestamente utilizaban para distribuir la cocaína. Además de diferentes viviendas y cocheras de Hellín, la Fiscalía sostiene que el grupo se valía de un establecimiento hostelero abierto al público para facilitar la venta de la droga.
Los compradores, siempre según la acusación provisional, podían desplazarse hasta ese establecimiento para adquirir la sustancia, pero los acusados también habrían utilizado el servicio de reparto de comida a domicilio para hacer llegar las sustancias ilegales a sus destinatarios. Este sistema habría permitido combinar la actividad ordinaria del negocio con la distribución de cocaína que investiga este procedimiento.
Más de 8.000 euros que la Fiscalía vincula a la droga
El Ministerio Fiscal atribuye además al principal acusado maniobras destinadas presuntamente a introducir en el circuito económico legal parte del dinero obtenido con la venta de las sustancias. En concreto, sostiene que utilizaba una cuenta bancaria vinculada al negocio de hostelería para ingresar dinero procedente de la actividad ilícita y presentarlo como ganancias de la actividad empresarial.
Entre el 5 de enero y el 18 de mayo de 2021, según la acusación, habría imputado al negocio hostelero 8.151,86 euros que la Fiscalía considera procedentes de la actividad ilícita. Es precisamente este extremo el que sustenta la acusación por un presunto delito de blanqueo de capitales formulada contra este procesado.
Cocaína preparada en decenas de bolsas
La investigación desembocó el 22 de junio de 2021 en entradas y registros en diferentes inmuebles relacionados con los investigados. Los agentes localizaron sustancias estupefacientes, básculas de precisión, anotaciones que la acusación relaciona con la actividad investigada, rifles de aire comprimido y cartuchos.
El escrito fiscal detalla diferentes partidas de cocaína con distintos grados de pureza. Entre ellas figuraban 31,52 gramos distribuidos en 89 bolsitas, otros 23,99 gramos repartidos en 66 bolsitas, 10,50 gramos en 26 envoltorios y otros 144,16 gramos distribuidos en 89 bolsitas, además de distintas cantidades encontradas en bolsas y recipientes.
Los registros permitieron intervenir también 2.113,30 euros en efectivo. La Fiscalía calcula que el conjunto de las sustancias incautadas habría alcanzado en el mercado ilícito un valor de 12.910,32 euros.
Una pistola semiautomática
La investigación continuó semanas después. El 13 de julio de 2021, durante el registro de una vivienda situada en la pedanía hellinera de Las Minas, fueron localizados, además de sustancias y útiles que la Fiscalía relaciona con el tráfico de drogas, dinero en efectivo y una pistola semiautomática STAR modelo 1919, de calibre 7,65 milímetros.
Según consta en el escrito, el arma estaba capacitada para el disparo y uno de los acusados carecía de la licencia y de la guía de pertenencia correspondientes. Por este motivo, al principal acusado se le atribuye también un presunto delito de tenencia ilícita de armas. Los cinco procesados estuvieron privados de libertad por esta causa entre el 23 de junio y el 24 de septiembre de 2021.
16 años para el principal acusado
La Fiscalía considera los hechos constitutivos de dos modalidades de delito contra la salud pública, además de los presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas. La responsabilidad atribuida a cada uno de los cinco procesados es diferente, por lo que también varían las penas solicitadas.
La petición más elevada corresponde al acusado al que el Ministerio Fiscal sitúa al frente de la actividad. Para él reclama 8 años y 6 meses de prisión por el delito contra la salud pública, 2 años por pertenencia a grupo criminal, 4 años por blanqueo de capitales y 1 año y 6 meses por tenencia ilícita de armas. La suma asciende a 16 años de cárcel, además de diferentes multas e inhabilitaciones.
Por el presunto blanqueo, la acusación solicita además una multa de 20.000 euros, la inhabilitación especial para desarrollar un negocio de hostelería durante dos años y seis meses y la clausura temporal durante cinco años del establecimiento que, según la Fiscalía, habría sido utilizado en la actividad investigada. A ello se añade una multa de 40.000 euros vinculada al delito contra la salud pública.
Las peticiones de prisión formuladas para los cinco acusados alcanzan conjuntamente los 49 años de cárcel. Será ahora la Audiencia Provincial de Albacete la que juzgue unos hechos ante los que los procesados llegan al juicio amparados por su derecho a la presunción de inocencia.
